Por: Felipe de Alba*

El mundo no es ni lo que fue, ni lo que pretendió ser. El mundo ha dejado de ser como nos lo imaginábamos. Proverbio chino (300 A.C)

Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas.

Mario Benedetti (1920-2009)

En la agonía del siglo XX y la primera década del XXI, el conocimiento de las ciencias sociales se interrelacionan con la globalización. Ésta última refiere a un maelström que acentúa diferencias, agudiza contrastes y al mismo tiempo, conecta actores alrededor de una filosofía del cambio social (Buttel 2003). Los cambios globales afectan las nociones de ciudadanía y de Estado en sus facetas contemporáneas, que tienen en las ciudades un punto referencial (Castro 2006; Cornelius et al. 2009; Jouve 2005; Purcell 2003; Sassen 2002). A la inversa, ciertas protestas locales son constituyentes de un ciudadano en la globalización (Gautney 2010; Nash 2005; Purcell 2003).

Nuevas articulaciones de las protestas tienen lugar en el espacio local, porque representan una ‘compresión del tiempo y del espacio’ (Cohen y Kennedy 2000), una velocidad vertiginosa de interacción social, un desplazamiento de identidades. Por su innovación de estrategias en la acción política, estas protestas se sitúan en gran medida en el ‘sin lugar’ (las redes de internet); sus interconexiones fijan nuevas fronteras del análisis social (Sassen 2000). Diluyen los cánones de la jurisdicción y la arquitectura socio-institucional del Estado-Nación hacia términos como desplazamiento sin fronteras (rural-metropolitano, local-global) o movilidad intermitente (Boudreau et De Alba 2011).

De estas acciones en desplazamiento surge una panoplia de identidades, de imaginarios colectivos; así como de recursos sociológicos para el análisis de lo nuevo. Sugieren propuestas metodológicas que organizan este caos en un (nuevo) orden estructurante. Este ‘caos organizado’ − del cual una de sus mejores expresiones son los movimientos altermundialistas (Cohen and Kennedy 2000, 24; Ple- yers 2010) −, reúne problemas antes difíciles de reunir y nos permite comparar a- sistemáticamente (Sharp 2002; Detienne 2002), analizar actores bajo visiones inter y pluridisciplinarias, objetivo central del presente texto.

Este caos es entonces una oportunidad. Ha permitido tratar con varios temas sociales emergentes, que requieren miradas adaptadas a la ola vertiginosa de las redes mundiales. Algunos de ellos son: la emergencia de problemas medioambientales ligados a axiomas políticos de grupos tradicionales (Véase Swyngedouw 2004, 11 y ss.) o la aparición de nuevos tipos de refugiados por desastres ecológicos, naturales o provocados (Paz 2010); el problema del tráfico de drogas, desde sus ángulos políticos (Astorga 1996) o de las legitimidades que tienen estos tráficos en la población desfavorecida (Zamudio 2011). En esta lista, un fenómeno de importancia mayor son las protestas por el asesinato sistemático de mujeres (feminicidios), sea por viejas misoginias o por la impunidad con los migrantes (Véase Monárrez y Tabuenca-Córdoba 2007; Moreno 2002). Se trata de un activismo y organización de redes de apoyo, de protección y solidaridad que tienen lugar a nivel nacional o internacional contra dicha barbarie. Este último polo del análisis escapa a los objetivos de este texto.

En general, estas articulaciones de la protesta social son un campo de análisis en el que se sitúan grupos y actores que ‘rebasan’ lo local (por el uso de instancias internacionales de denuncia, por una mayor recurrencia de las solidaridades extranjeras), aún cuando ése sea su espacio de desarrollo. En dicho campo se incluyen tanto las ONGs internacionales como luchas defensa identitaria en el espacio local.

En este artículo se abordan tres articulaciones en casos de protestas sociales en México: las indígenas mazahuas y el aparente carácter coyuntural de sus acciones; la APPO en Oaxaca más allá de una reedición ‘anual’ de sus protestas; y finalmente, Texcoco como una protesta coyuntural de indígenas y campesinos contra la instalación de un aeropuerto. Lejos de estas apariencias, aquí se ubicarán puntos de interconexión como motor de dichas movilizaciones políticas, que nos asistirán en la construcción de un modelo que reconozca su ‘alteridad’ (Cohen y Kennedy 2000).

En fin, en este texto se pretende contribuir con el análisis de algunos ejemplos recientes de movilización social ocurridos en México, tratando de remarcar sus novedades políticas y de ubicarlas en la literatura científica reciente. La elección de estos tres casos no es un intento de generalizar sobre el carácter de las protestas en México, sino de encontrar sus patterns específicos.

Se presentan resultados iniciales de una exploración analítica, fundada en, a) una serie de entrevistas formales e informales a actores clave de dichas protestas, realizadas en diferentes visitas al país (2004, 2006, 2008, 2010 y 2011); b) un seguimiento documental de la prensa nacional en las diferentes coyunturas, así como de fuentes gubernamentales o de organizaciones civiles.

La ‘nueva’ visión del ciudadano

Desde hace varias décadas, el concepto de la ciudadanía tradicional (un sujeto con derechos, sometido a la autoridad de un Estado central) resulta insuficiente, si se analizan las luchas sociales en los países del Sur (Domínguez 1994; Pickvance 2003) que viven una ‘ciudadanía de un día’, frente a Estados desfasados. Ahora, la ciudadanía se articula, en sus formas colectivas, en ejes diferentes. Dan cuenta de ello la discusiones académicas a propósito de ‘Right to the City’ (Michel 2003), o aquéllas sobre las formas de protesta social ‘sin lugar’, articuladas a partir del espacio virtual del internet (Magnusson 1996). Se trata de un ciudadano que no responde más a los viejos paradigmas sociológicos.

Esta noción de ‘ciudadanía de un día’ inspira estudios en diversas regiones geográficas, que muestran singularidades locales, como un intento para repensarla. En Europa, la experiencia de las asociaciones formales o los viejos sindicatos (Della Porta and Caiani 2009; Duyvendak 1995) y la dificultades que el neoliberalismo encuentra para implantarse como símbolo de modernidad. En América del Norte (Canadá y Estados Unidos), donde se pone énfasis en las transformaciones del mercado y en los problemas económicos frente al poder de los consumidores (Schiavone 2008; Swarts 2008; Walker 1991), como una dificultad para mantener los rasgos sociales del Estado. En Asia, con la acelerada urbanización y la altísima tecnificación de la vida económica (Chan 2008; McKinley 1996; Ray 1999; Shah 2004). Finalmente, en África, con la existencia de ‘asociaciones’ de grupos armados y los problemas de desarrollo sustentable en el largo plazo (Robins 2008).

En la particularidad de los países de América Latina, los trabajos muestran una extraordinaria diversidad de enfoques teóricos (Eckstein y Garretón 2001). Se trata de estudios que muestran un interés por abordar las protestas locales de países como Guatemala y su instrumentación en alternativas sociales o políticas (Brett, 2008), o su derivación en bandas de la calle (street gangs) en El Salvador (Almeida 2008), así como la ‘alteridad’ de orígenes urbanos y rurales de los movimientos sociales en Brasil, Bolivia y Ecuador (Petras y Veltmeyer 2005), entre muchos otros.

Las estudios de la protesta ciudadana en México encuentran inspiración en los análisis del régimen de partido de Estado y su control corporativo de movilizaciones sociales antiguas y emergentes (Aguayo 1998; Gordillo 1989; Köppen 1989; Monsiváis 1987). Los autores relacionan el impacto de estas formas ciudadanas con los cambios que vive el país (Foweraker y Craig 1990); o las situan en las dificultades de inmersión de los trabajadores mexicanos en el mercado global, con los problemas vinculados de migración, narcotráfico, desempleo, medio ambiente y desastres (Dabós y Juan Ramón 2000; Williams 2001). Ubicados en esta misma tendencia de análisis, iniciemos con una pregunta específica: ¿Hasta dónde puede afirmarse que lo que cambia en dichas protestas ciudadanas es algo nuevo, en términos epistemológicos?

Los autores distinguen los viejos movimientos sociales corporativos, de clase, de jerarquías autoritarias (Mayo 2005), con las experiencias históricas recientes ubicadas en ‘otro’ lugar teórico (Davis 2005; Klandermans y Staggenborg 2002). Existe una abundante literatura sobre la relativa novedad de las dirigencias, de las formas y tiempos de la resistencia ciudadana (Almeida 2008; Petras y Veltmeyer 2005; Ray y Katzenstein 2005; Schwartz 2006). Otros trabajos sugieren nuevos contenidos, nuevas demandas, entre las cuales el tema del medioambiente es figura central, tal como lo sugiere Fernanda Paz:

En México, como en muchos otros países latinoamericanos, muchos de los conflictos sociales en torno a los cuales se ha generado hoy día movilización por parte de grupos, comunidades y pueblos, tienen un trasfondo ambiental. Se cuentan entre ellos las luchas contra la construcción de represas; contra la ope- ración de empresas mineras; contra la instalación de rellenos sanitarios, verte- deros de basura y confinamientos de residuos peligrosos; contra la construcción de carreteras y libramientos; contra los proyectos de construcción masiva de vi- viendas en zonas periurbanas; se presentan movilizaciones en las ciudades contra la tendencia y el fomento del uso comercial del suelo urbano; están por último, entre muchas otras más, aquellas luchas en contra de la contaminación del agua, el aire y/o el suelo, provocada por la industria en diferentes puntos del país (Paz 2010 en linea).

Estas nuevas formas de protestas tratan derechos de grupos que no siempre fueron centrales en los estudios sociológicos: mujeres, indígenas, squatters, migrantes derechos ecológicos, religiosos (Moghadam 2009), entre otros. Su articulación son hoy un collage de las formas de ejercer la ciudadanía y están referidas a contextos locales con impacto global y a un emergente activismo trasnacional (Juris y Pleyers 2009; Smith 2008; Gamble 2007; Della Porta 2006; Massicotte 2004). La ciudadanía, como noción que define tanto individuos y grupos, evoluciona aceleradamente.

En este texto se tratan tres casos en México, que no obstante están lejos de ser los únicos. Se busca comprender algunas singularidades de la protesta reciente y aportar elementos sobre su ubicación en el maëlstrom que es la globalización. Aquí se sugiere que estas protestas, audelà de la lucha por los derechos, han rebasado la capacidad de acción y de diálogo con el interlocutor tradicional (el Estado y sus corporaciones). Si bien éstas prácticas ‘presentan características contradictorias’, es relativamente frecuente que dichas protestas ciudadanas ‘habilitan una relación’ que es considerada ‘mutuamente beneficiosa’ (Tosoni 2007, 50) e innovadora. Conocer cuáles son sus diálogos – su interlocutor y sus intermediarios − con la sociedad política (Purdue 2007) son elementos que guiarán el presente artículo.

La necesidad del ‘ajuste global’ en México

Los cambios en el México contemporáneo reflejan una amalgama extraordinaria de acontecimientos que algunos autores conceptualizan como el everyday state (Ve ron et al. 2003). Es decir, roto el sentido de lo ‘mutuamente beneficioso’ (principio del corporativismo) en las protestas, antes sujetas a un tiempo largo de la autoridad sobre las organizaciones corporativas, ahora tienen una multiplicidad de expresiones espaciales en lo inmediato-cotidiano, lo que da lugar a otras relaciones de dependencia y de beneficio mutuo (Lajous-Loaeza 2009).

¿Qué ha cambiado en ellas, en su articulación y estrategias, identidad e imaginarios? Nuestra experiencia sugiere que las ‘prácticas de la protesta’ en México conforman redes de interacción asimétrica en tres sentidos. Primero, porque el Estado recurre a viejos mecanismos de compra y coacción (el voto, la dotación de servicios públicos); segundo, cuando las protestas no tienen un gran margen de maniobra, éstas se resuelven ‘desde arriba’ entre los intermediarios de la acción política. En tercer sentido, porque han dejado de recurrir a las instituciones para resolver su existencia (ver el interesante trabajo sobre las redes de veneración de la Santa Muerte, en Rush 2011) o, particularmente, porque se definen con nuevas estrategias de resonancia global (McDonald 2006; Massicotte 2004; Kaldor 2003).

No obstante, estas protestas no existen sin el rol de los intermediarios y de los líderes políticos ‘externos’ que permiten mantener el flujo de recursos hacia los centros de dirección, operando ‘de enlace con las autoridades políticas y jurídicas’ (Tosoni 2007, 53; Auyero 1996, 32).

En ese sentido, se tratará aquí de protestas en territorios altamente fragmentados (las ciudades y las metrópolis), cuyas identidades se sitúan ‘fuera de tiempo’ (ajenos al interés partidario, a veces ajenas a la política electoral) y donde la política de lo ‘inmediato’ gobierna. El fenómeno de la fragmentación política ligado al desarrollo de nuevas protestas sociales indica una minuciosa tarea de ‘organización de la resistencia’ que tiene lugar en el país, sin que esto permita aún hablar de la construcción de una alternativa nacional.

Como nota particular, es posible suponer que estas protestas generan diversos efectos ‘dentro’ del entramado jurídico-institucional (cambios de estrategias o reacomodos políticos) y crean efectos ‘fuera’ de dicho entramado (ciertas resonancias internacionales) en la parte de la formación de alternativas ciudadanas (Olesen 2004). Aun coyunturales, ponen en evidencia un deterioro progresivo de un régimen que pasa del centro autoritario hacia una ‘pérdida’ del centro democrático –al menos en sus formas discursivas – por la fuerza de las movilizaciones ciudadanas.

Caso del movimiento en Texcoco

La ‘crisis de Texcoco’ refiere las resistencias a la iniciativa gubernamental de construir un aeropuerto en la periferia de la metrópoli de México, entre los años 2001 a 2002. Se trató de una serie de protestas de una comunidad campesino- indígena – los desfavorecidos de la periferia –, que alrededor de un año, alcanzó resonancias nacionales e internacionales. La protesta reunió campesinos, ecologistas, estudiantes, así como los gobiernos locales (el del Distrito Federal e Hidalgo, al menos)6 con bloqueo de carreteras, barricadas en San Mateo Atenco, marchas a caballo desde ese municipio hasta el zócalo del DF y desde Toluca, entre otras.

No fue sólo la resistencia a un plan urbano (Davis 2002), sino de un grupo de campesinos a quienes les ofrecieron pagos injustos después de expropiarles sus tierras, aún cuando su precio aumentaría con el anuncio de la construcción del aeropuerto. Más bien, se trata de una ruptura con la naturaleza de los movimientos corporativos. Por ejemplo, el 11 de julio de 2002, una manifestación del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra (FPDT), la organización que los identificaría, fue tratada con uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos y detenciones. En respuesta a ello, la FPDT organizó una asamblea popular que decidió ‘secuestrar’ a los funcionarios estatales con la idea de intercambiarlos por los 28 campesinos presos. Al mismo tiempo que audaz, la medida iba a generar futuros enconos con las autoridades policiacas (Davis 2002).

La protestas de la periferia metropolitana por las injusticias cometidas contra algunos de sus líderes, marchas de campesinos ‘armados’ con machetes y a caballo. ¿Se trataba de signos nuevos? La creación del FPDT se convirtió en el instrumento de dichas protestas que reunió viejos actores (campesinos, ejidatarios, indígenas). En un país de cambios acelerados, tuvo efecto relativo la evocación (de nuevo) a los zapatistas (1994) como la aparición de una nueva guerrilla). Al final, se vio como el intento de atraer la atención internacional. Se trató de grupos identificados con viejas resistencias sociales jugando con nuevas estrategias (el impacto mediático de ruptura, la búsqueda de solidaridad internacional), en un contexto de expansión de políticas del modelo neoliberal en México, aplicado desde hacía años atrás (Campbell 1997), de fuerte migración y de redes trasnacionales de los pueblos indígenas y campesinos (Le Bot y Aquino 2009), lo que provoca profundos cambios socioculturales (Gendreau y Jiménez 2002). Estos actores estaban ahora colocados en ‘otro’ lugar de la práctica política: el escenario metropolitano.

Quizá por ello, el gobierno federal dio marcha atrás (5 de agosto de 2002) dejando a la deriva a los grupos de empresarios nacionales e internacionales que veían en el proyecto jugosos contratos para los siguientes años, el más ambicioso en décadas (Alcalya 2002). El proyecto de nuevo aeropuerto preveía inversiones del orden de 2.863 millones de dólares y proyectaba la creación de 81.000 empleos. Solamente en los estudios de viabilidad, el gobierno federal gastó 6 millones de dólares (Moreno 2008). El gobierno federal mostró incapacidad – recuérdese que era el primer gobierno surgido de la oposición –, o desinterés en propiciar un acuerdo político o en ‘armonizar’ las relaciones sociales (entre grupos y los gobiernos o entre estos mismos grupos), con el fin de construir esa importante obra metropolitana.

Estas protestas fueron una expresión del progresivo agotamiento de mecanismos clientelares o de la falta de experiencia del nuevo gobierno proveniente del Partido Acción Nacional (PAN), así como de una resistencia a las ideas de ‘modernización’ de las nuevas elites mexicanas (Davis 2002). Pero sobre todo, dichas protestas establecieron un vínculo entre una ‘exterioridad’ (globalización uniformadora o etnias resistentes) y una ‘interioridad’ en la metrópoli (la insuficiencia de servicios y la agudización de las demandas de grupos sociales contestatarios) que reflejan nuevas formas de la práctica política ciudadana, según algunos autores (Anton 1995; Castro 1998, Kloster y De Alba 2007).

El tiempo político de la protesta en México cambió. Si antes dichas protestas estaban sujetas a los tiempos, procedimientos, sujeciones de las organizaciones corporativas (del Partido Revolucionario Institucional, PRI), ahora, tejen relaciones ‘voluntarias’ pero también ‘obligatorias’, es decir, construyen – o comienzan a construir – una arquitectura ‘fuera’ de los espacios de negociación del Estado, con quien negocian no obstante su supervivencia (Alcalaya 2002).

Otra parte de esta historia ocurrió el 3-4 de mayo de 2006 cuando un grupo de policías intentó un desalojo, los habitantes texcocanos resistieron y se desarrolló una tumultuosa represión policiaca, con un muerto y varios heridos según reportaron organizaciones de derechos humanos (CDH-Pro 2006). Parecía que la policía estatal estaba ‘cobrando’ las afrentas pasadas o bien, se trató de una operación quirúrgica aparentemente ‘necesaria’ en una coyuntura crítica como lo fueron las elecciones presidenciales de 2006. Recuérdese además que el 25 de abril de 2006 había ocurrido la visita al municipio de San Salvador Atenco del subcomandante Marcos, como parte de las actividades de su Otra Campaña, una estrategia mediática por diferenciarse de la campaña de los partidos políticos, interpretado por analistas gubernamentales como la alianza estratégica entre el FPDT y el EZLN.

Como parte de su estrategia de ‘construcción de redes’, los líderes FPDT participaron más tarde en acciones de solidaridad con varios conflictos regionales (por ejemplo, en la oposición a la construcción de un Wal Mart en Teotihuacán, en 2004; con las mazahuas; en el conflicto en Oaxaca, entre otros). En dicho sentido, las actividades de apoyo político del FPDT están sujetas a la vigilancia de los go- biernos locales y federales.

Como colofón, puede sugerirse que la formación de un llamado Consejo Popular Autónomo significó un momento neurálgico de lo que algunos autores denominan ‘empoderamiento social’ (Kuri 2008, 117). Los campesinos y colonos de San Salvador Atenco, Santa Isabel Ixtapan, Nexquipayac, colonia Francisco. I. Madero y Acuexcómac instauraron un ‘ayuntamiento’ en sustitución del gobierno municipal priista para llevar a cabo gestiones administrativas, proporcionar servicios de seguridad pública, atención médica y limpieza de calles. Otro elemento más fue cuando, debido a la represión del 11 de julio de 2002, los pobladores y líderes del movimiento decidieron no permitir la realización de los comicios locales para elegir al nuevo gobierno municipal en 2003. Como acción política de empoderamiento, estas acciones serían de mayor radicalidad a los propósitos expresados en una protesta de este género. Pero sobre todo, inauguraba una era distinta en las forma de organización de la protesta social. No obstante, aún es difícil evaluar sus consecuencias.

El caso de las mujeres Mazahuas

En 1982 el sistema Cutzamala fue inaugurado como la obra que proporcionaría agua a la metrópoli de México, dada el progresivo agotamiento de otras fuentes de suministro. Esta obra significó la afectación de comunidades rurales e indígenas (Mazahuas, principalmente), por lo cual las autoridades federales hicieron desde entonces promesas de construir caminos, desarrollar proyectos productivos, para compensar a las comunidades afectadas y evitar a toda costa de los conflictos sociales o políticos (Perlo 2005, 37-45). No fue sino hasta el año 2003 cuando las ocho comunidades mazahuas cuestionaron el usufructo de su territorio y el uso del agua sin consulta, y en una coyuntura en la cual sus terrenos fueron ‘inundados’ como parte de los trabajos de la Presa Villa Victoria (Kloster y De Alba 2007). En consecuencia, en septiembre de 2004, aproximadamente 100 mujeres Mazahuas decidieron formar el Frente Mazahua por la Defensa del Agua, para luchar contra el gobierno y para exigir el acceso al agua que reconocían como un derecho humano (Perlo 2005, 92-3).

Este Ejército Zapatista de Mujeres para la Defensa del Agua se convirtió rápidamente en una forma de reagrupamiento indígena local dada la ‘atracción’ mediática que produjo. Su demanda inicial, por el pago de daños generados a sus tierras, rápidamente evolucionó por demandas de carácter social. También, porque utilizó tácticas de lucha innovadoras para exigir sus demandas ante los gobiernos local y federal. Contrariamente a los campesinos de Texcoco, las Mazahuas tenían una demanda añeja y, al mismo tiempo, cambiaron sus exigencias por otras que comprendían un desarrollo sustentable de la región: el abastecimiento de agua, la construcción de escuelas y clínicas, así como proyectos productivos para la comunidad. Pero quizá la exigencia más importante es que, usando el ‘interés de género’ (es decir, la participación de mujeres en el movimiento) (Molineaux 2001, 152-3), alcanzaron una mayor resonancia.

El 20 de septiembre de 2004, este grupo decidió bloquear la estación de aguas residuales de Los Berros, entonces ‘marcharon en formación militar, vestidas con sus trajes tradicionales, armadas con machetes, azadones y armas de fuego de madera contra el ejército’ que custodiaba la estación, lo que rápidamente circuló en los medios de comunicación nacionales e internacionales (Lara Aldave y Vizcarra Bordi 2008, 498), como una nueva ‘guerrilla’, que evocaba, una vez más, a los zapatistas, aparecidos en Chiapas diez años atrás (1994). Así, destacar el rol de mujeres en la protesta, apelar a una evocación étnica y sobre todo mítica (la revuelta zapatista), así como un discurso medioambiental de desarrollo sustentable fueron tres ejes innovadores e identitarios que les dieron alto impacto político a sus protestas.

Aun cuando se ha sugerido que el movimiento tuvo una fase de cooptación por el gobierno local del estado de México (Kloster y De Alba 2007), las Mazahuas inauguraban un tipo de protestas con un discurso fresco frente a las viejas prácticas corporativas de los sindicatos y de los movimientos clasistas, de una izquierda anquilosada en los procesos electorales y sobretodo, frente al hartazgo de la política. Los orígenes de esta ‘capacidad de resistencia’ y la idea de alcanzar mayor resonancia son difíciles de determinar, pero quizá algunas de sus fuentes sean el hartazgo por el machismo (entrevista comandante Nancy, marzo de 2006) la alta mi- gración indígena (Sandoval 2000) y sus consecuencias comunitarias en el intercambio sociocultural, como lo señalan según algunos autores (Lutz y Vizcarra- Bordi 2007; Gendreau y Jiménez 2002).

Las mazahuas fueron portadoras de un discurso de género en la identidad indígena, algo que rebasó la discusión misma de los zapatistas en los años 1990. La mujer indígena, doblemente explotada (por el machismo y por su condición étnica) parecía convertirse en un recurso-garante de honestidad contra los intentos de corrupción del gobierno, en una libertad de acción política sin represalias mayores y sobretodo, en un juego de imágenes que atrajeron la atención de la opinión pública. Era también una clave contra el clientelismo:

Ya estamos cansadas de que [el gobierno] nos ignore. Quiere que tomemos medidas drásticas. A los hombres los han engañado, con nosotros no van a hacer lo mismo…. Estamos dispuestas a morir o ser encarceladas…. Queremos hechos, no palabras…. No queremos ni céntimos, ni limosnas, sino una política integral de desarrollo sustentable, de agua para la región … ya no queremos ser excluidas, como lo fuimos durante 25 años, cuando el sistema Cutzamala comenzó sus operaciones para llevarse el agua de nuestra región (Lara Aldave y Vizcarra Bordi 2008, 498).

En diciembre de 2004, las comunidades mazahuas recibieron una indemnización de un millón 400 mil pesos por las tierras agrícolas afectadas y por el desbordamiento del Cutzamala. Sin embargo, la reivindicación de contar con un programa de desarrollo para la región no se había cumplido, lo que resultó en un fortalecimiento relativo de la protesta social (Reforma, 10-06-2005). En febrero de 2005, el Ejército de Mujeres Zapatistas reanudó sus protestas porque el gobierno federal no había iniciado la aplicación del proyecto de desarrollo prometido. Bloquearon las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por la falta de compromiso de la CNA y de esa secretaría. Al mismo tiempo, miembros de esa comunidad decidieron iniciar una huelga de hambre (El Universal, 04-02-2005). Después de doce días de protestas, decidieron prorrogar la huelga, ahora fuera de las oficinas de la CNA. Sus demandas: exigir el cumplimiento de las promesas de 1982 y las renovadas en 2003.

Una vez más, el gobierno reaccionó con respuestas que mostraron insensibilidad. Con el argumento que las protestas de los Mazahuas creaban un conflicto vial, y que con el bloqueo al acceso a la planta de tratamiento de Los Berros dañaban instalaciones estratégicas, la CNA las demandó judicialmente. En respuesta este grupo amenazó con ejercer más presión si dicha demanda no era retirada. Resultado: por la cobertura mediática y la politización del conflicto, el gobierno retiró dicha demanda (El Universal, 10-02-2005). Más tarde, en junio de 2005, en su protesta frente a la CNA, quince miembros de este grupo se lanzaron a una huelga de hambre, como otra medida de presión.

Según Victoria Martínez, portavoz del Ejército de Mujeres, en 2004 la CNA se había comprometido a desarrollar siete proyectos en la Cuenca de Cutzamala en cinco comunidades. Como dichos proyectos nunca fueron iniciados, los mazahuas continuaron sus protestas. Aun cuando se reunieron con Cristóbal Jaime Jáquez, director General de la CNA (Reforma, 10-06-2005; y entrevista con la comandanta Nancy, marzo de 2006), su respuesta fue insatisfactoria, por lo que el grupo de indígenas decidió bloquear de nuevo la presa Los Berros. Sin embargo, en esa ocasión la CNA solicitó la intervención de la Policía Federal Preventiva y la presencia de 400 policías para proteger a la planta de tratamiento. En esa ocasión, frente al Ejército y a la policía federal un grupo de quince mazahuas, cubiertos por periodistas, cerró las válvulas del sistema Cutzamala, lo que afectaría la metrópoli de México. Igual que en las protestas de Texcoco contra la construcción del aeropuerto, las mazahuas evocaban un movimiento alejado de sindicatos, de partidos políticos (aun cuando algunos eran miembros de ellos), lo que mostraba una característica peculiar.

El movimiento también utilizó otras coyunturas de atención internacional. En 2006, durante el IV Foro Mundial del Agua, desarrollado en la ciudad de México, sus representantes de acusaron de ineficaz a la CNA para resolver el conflicto de sus comunidades (entrevista con la comandanta Nancy, marzo 2006).

Al mismo tiempo, su movimiento denuncia en México, los impactos en el equilibrio ecológico de la región por el desvío de los ríos, el alto grado de contaminación del medio ambiente y, especialmente, la saturación de basura en los ríos (Legorreta 1995; Reforma, 10-06-2005; CIEPAC, 08-03-2006). Las mujeres mazahuas consideraban que los trabajos de infraestructura que exigían resolverían el problema de falta de agua de las comunidades en un 80 por ciento. Varias propuestas de sustentabilidad surgieron de este grupo, por ejemplo, que las grandes tiendas co- merciales pueden operar como sensores de agua de lluvia (entrevista con la comandanta Nancy, marzo 2006; El Universal, 09-08-2006), entre otros. En general, se trataba de una batalla por promover el valor sagrado del agua y ejercer su derecho a contar con el recurso.

Recapitulando, en ambos casos – el movimiento contra un aeropuerto en Texcoco y un movimiento contra la apropiación del agua situada en territorio tradicionalmente indígena –, las protestas tuvieron éxitos y fracasos relativos; sus demandas, aunque tratadas con indiferencia, lograron detener ciertas decisiones gubernamentales (la construcción del aeropuerto, la criminalización de las líderes ma- zahuas, respectivamente).

En ambos casos subrayaron identidades nuevas en un contexto donde el imaginario político estaba tanto marcado por el souvenir (recuerdo) de la revuelta zapatista como una década de migración indígena (Gendreau y Jiménez 2002). En Texcoco, se destacó una identidad de las comunidades rurales que resisten los planes de la modernidad metropolitana cuando la consulta previa fue inexistente. Por su parte, las mazahuas recordaron una indiferencia doble: los indígenas a quienes se les hicieron promesas dos décadas atrás, y la indiferencia política al género que, al mismo tiempo, les permitió una mayor ‘aceptación’ social.

¿Protestas o ‘insurgencia’ en el movimiento de la APPO?

La acción política de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO, en adelante) alteró la vida local y en cierto sentido, la política nacional,9 esto último porque ninguno de los casos anteriores cuestionaba directamente la legitimidad del gobierno. Según Margarita Dalton, en Oaxaca se colocaron ‘fuera’ del Estado porque en las negociaciones o la difusión de sus actos ‘aparecen numerosas ONGs y también organizaciones impulsadas por la iglesia y su pastoral, y en algunos casos, se habla de la influencia particular de la teología de la liberación’ (Dalton 2007,71-2).

El conflicto se origina en las disputas internas del PRI local, ocurridas en una coyuntura de elecciones presidenciales. Además, reúne varios actores (políticos y dirigentes de organizaciones sociales), en alianza con grupos corporativos (sección 22 del SNTE-CNTE). Estas protestas son las más amplias en su espectro social, al mismo tiempo, contienen rasgos tradicionales (corrupción de líderes, cooptación, infiltración de grupos de poder, entre otros). Esta singularidad tiene dos explicaciones.

Por una parte, una confluencia en el conflicto de grupos políticos y organizaciones cuyos antagonismos aumentaron las fracturas en el PRI (en beneficio de partidos de oposición) y de la intensidad de las protestas de la APPO. Por otra parte, una polémica aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR), frente a denuncias de militarización del estado, como respuesta a la radicalidad de la APPO (Entrevista con Flavio Sosa, febrero 2011).

En Oaxaca cohabitaban formas de resistencia popular con formas de clientelismo, expresadas en una gran variedad de formas de la protesta: huelgas, acciones cuasiguerrilleras, ocupaciones de tierra, movimientos urbanos.

Las protestas crearon sus órganos de representación. Por ejemplo, el 15 de mayo, después de la marcha hacia el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca (unos 15 mil maestros, según fuentes locales), se integró el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP). Ellos buscaban ampliar su base social con la integración de nuevas organizaciones, esencialmente como la sección 22, con una larga tradición de oposición abierta al gobierno local.

Igual que las otras protestas estudiadas aquí, en la creación de la APPO no había actores con un plan de acción unitario, o con una plataforma ideológica única, aunque sus métodos de movilización se fundaron en la ‘lucha popular’ maoísta (Gravante 2011).

La APPO fue fundada el 14 de junio de 2006, después del intento de desalojo de un paro de la sección 22 del sindicato de maestros (Entrevista con Zenen Bravo 2008). Al inicio su pliego petitorio destacaba la rezonificación salarial del magisterio, pero terminó enfocado en la demanda de juicio político contra el gobernador Ulises Ruiz. Durante los meses de conflicto, los maestros y simpatizantes de la APPO fueron llevados tanto por sus dirigentes como por el gobierno local a un escenario de radicalización, de violencia y desorganización sin precedentes en la ciudad de Oaxaca (Entrevista Luis Zarate 2008), lo que algunos autores denominan un escenario de ‘insurgencia popular’ (Gravante 2011; Mendoza 2009; Sotelo 2008).

Aquí se encuentra un primer rasgo singular respecto a las otras protestas estu- diadas en este artículo. La APPO aglutinó una protesta social diversa, no exclusiva de un grupo social o clase (ni de una corporación o etnia). En general la APPO logró una cohesión que, durante alrededor de cinco meses, reunió tres grupos sociales diferentes (ver Martínez 2007): a) Sindicatos con amplia experiencia en la organización de acciones contra el gobierno (FSODO, STEUABJO, la sección 35 del IMSS y principalmente la sección 22 SNTE-CNTE); b) Organizaciones indí- genas con agendas sobre la recuperación del poder autónomo en sus comunidades (la Asamblea de los Pueblos Zapoteco, Mixe y Chinanteco); c) Organizaciones sociales con agendas que reclamaban justicia, participación social, equidad de género y la libre manifestación religiosa (las comunidades eclesiales de Base, EDUCA). Igualmente, aquéllas que defendían los derechos laborales y agrarios y con una ideología socialista (integrantes de la Promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo, UNT, FPR, FALP); o grupos de colonos o marginados urbanos.

Un segundo rasgo singular fue la relevante participación de instituciones federales en el conflicto. Por ejemplo, la Cámara de Diputados Federal se opuso a la demanda central del movimiento: el juicio político y la destitución del gobernador Ulises Ruiz. Igualmente, el gobierno federal mantuvo el conflicto con la aparente idea de evidenciar el ‘radicalismo’ de la oposición antes de las elecciones presidenciales de 2006 y que ello favoreciera a la coalición electoral ‘Por el bien de todos’ integrada por el PRD-PT.

Las negociaciones entre los actores nacionales dieron un golpe de gracia para finalizar las protestas. El PRI nacional condicionó su apoyo al presidente electo Felipe Calderón a cambio de sostener al gobernador oaxaqueño. Era el inicio de la solución ‘desde arriba’. El arreglo significó también el envío de la Policía Federal Preventiva (PFP) para restaurar el orden. En ese contexto, el nuevo Presidente tomó posesión en medio de un fuerte cuestionamiento por parte del candidato perdedor. La ‘insurgencia popular’, a través de una alianza de AMLO con las protestas en Oaxaca (Pedro Matias, entrevista julio 2008) sería abortada.

El saldo del enfrentamiento del sábado 25 de noviembre de 2006, entre los miembros de la APPO y la PFP fueron 3 muertos, 98 desaparecidos, 109 heridos y 93 detenidos, según fuentes (El Universal, 26-11-06). Así, el 29 de noviembre la PFP levantó la última barricada y ocupó ‘Radio Universidad’ en las instalaciones de la UABJO. Si bien con esta acción el gobierno local y el gobierno federal concluyeron el conflicto, los contingentes y dirigentes de la APPO lo continuaron.

Una tercera singularidad es el apoyo internacional y las redes de organizaciones sociales que sostuvieron las protestas en Oaxaca. Según Francisco J. Gómez (2010), varios de los grupos migrantes originarios de Oaxaca que viven en el extranjero las apoyaron, particularmente el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, como uno de los más importantes. Por su parte, Aldo Muñoz (2008) sostiene que la APPO recibió apoyos de sindicatos de maestros de Estados Unidos (Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños), Canadá y algunos países europeos; así como de organizaciones no gubernamentales (ONGs) de diversas partes del mundo, que participaron en la difusión del movimiento. En ese último aspecto, igual que en Texcoco, la difusión de las protestas de Oaxaca tuvo diferentes organismos. Quizá uno de los más importantes sea Indymedia.org, independent media center, una red mundial de difusión sobre abusos de las instituciones y los movimientos sociales. Irónicamente, los líderes entrevistados fueron siempre reacios a hablar del tema.

En este sentido, mientras que las protestas de las Mazahuas y de Texcoco tuvieron un grado de aceptación a partir de sus movilizaciones públicas, estuvieron lejos de la resonancia que alcanzaron las protestas en Oaxaca. En los tres casos, las redes internacionales jugaron un rol esencial en los recursos financieros y sobre todo, en la difusión de sus movilizaciones.

Conclusiones

¿Por qué es importante estudiar estos tres casos de cambio social tan diferentes (Texcoco, mazahuas y Oaxaca)? Antes de responder debe señalarse que varios autores han marcado la importancia de otros movimientos de relevancia que bien podrían incluirse en un catálogo de lo novedoso en la acción política en México. Este trabajo solo recupera tres casos fundados en una experiencia particular de investigación. Por lo tanto, se sumará a otros trabajos que recuperan dichas singularidades en México.

Se trata aquí de un proyecto de investigación en curso, con resultados iniciales de una comparación a-sistemática, que tienen dos denominadores comunes: los casos son todos recientes (básicamente después del año 2000) por lo que sus vínculos, solidaridades y alianzas resulta lógica. Pero, lo que se buscó aquí es conocer sus singularidades (en un proceso de cambio de régimen político) y sus resonancias en un mundo global. Pero, ¿Por qué el interés de analizarlos en conjunto? Encontramos cinco conclusiones iniciales.

En primer lugar, estas protestas están todas vinculadas a las luchas políticas metropolitanas: su acción tuvo lugar en el centro urbano (metrópolis de México y Oaxaca); y fueron protestas contra el centro político (el Estado federal y la metrópoli por la expansión de su aeropuerto).

En segundo lugar, tuvieron un denominador común y antitético: la evocación de un imaginario de la revuelta en México (los zapatistas, el México viejo); lo que les permite – dada la fuerte legitimidad política de aquéllos –, trascender lo local para situarse en una mayor resonancia política. Esta evocación de lo viejo atrae el apoyo de redes de internacionales de financiamiento, de acciones internacionales solidarias o para la difusión (redes informáticas) de sus movilizaciones. Se trata de la vinculación a una modernidad global, como le llamaremos aquí. Esta ‘facilidad’ para la conexión exterior, antes imposible, ocurre también por la altísima movilidad migratoria de los pueblos indígenas en México y los cambios socioculturales que ello genera. Aunque los alcances de estos aspectos son difíciles de medir, todas estas protestas muestran un proceso lento en el aprendizaje social de la protesta, en el largo plazo.

En tercer lugar, estas protestas representan rupturas entre varios grupos antes sometidos al corporativismo, antes controlados por el partido en el poder, antes sujetos exclusivamente a partidos políticos y a procesos electorales. En cambio, ahora estuvieron confrontadas con los tres niveles de Gobierno y que, en ciertos casos, se configuraron como fuerzas políticas efectivas. En ellas se reconocen procesos recientes que han modificado, en múltiples vías la disputa por el poder en México. En el menor de los casos, distrajeron la atención pública respecto a las disputas electorales entre partidos políticos; o favorecieron condiciones para alianzas políticas futuras (el triunfo de una alianza de toda la oposición en 2010 en Oaxaca, por ejemplo) locales o internacionales.

En cuarto lugar, tienen un carácter coyuntural en ambientes urbanos o periurbanos. Las protestas analizadas aquí reúnen a los desfavorecidos de la política nacional respecto a las metrópolis: las indígenas Mazahuas, las olvidadas de la ‘periferia social’ (Genieys 1996) de México, y los grupos marginales de Oaxaca, la región étnica más importante del país. Así, la acción política en dichas periferias y los ‘usos políticos’ de la pobreza (Auyero 1997), se constituyen en indicios de un cambio de periodo en las formas de gobernabilidad, tanto por la multiplicación de actores sociales emergentes articulados por eventos locales, como por su potenciación en las redes sociales trasnacionales.

En quinto lugar, desde una perspectiva interdisciplinaria, podemos desde ahora encontrar superposiciones (overlapping) o interconexiones dinámicas en varios de los conflictos analizados. Notemos una cierta similitud en la movilidad que estructura la acción política en los tres casos: en la confluencia de diversos tiempos (las elecciones locales o el corte de agua a la metrópoli), diversos espacios (las plazas o las figuras míticas de liderazgos, el rebasamiento de lo local hacia lo global inmediato, volátil) y de diversos actores políticos (ligas con estudiantes, académicos o activistas de derechos humanos, periodistas o asesores reconocidos, aproximaciones a líderes de movimientos históricos para el soporte logístico tanto como intelectual).

En el caso de los actores políticos, aunque en cada conflicto se mantuvieron, desvanecieron o dispersaron, al mismo tiempo establecieron interconexiones como un intento de permanencia. Se trata de identidades políticas en desplazamiento (ver el concepto de metrópolis móviles en Boudreau y de Alba 2011), que ilustra ‘puntos frágiles’ de la dominación política tradicional en el país, que tienen ahora como ejes a actores que se revelan emergentes y en interconexión permanente. Estos movimientos, según Fernanda Paz:

… tienen en común el hecho de que la denuncia del agravio no ha sido suficiente para ganar legitimidad ante el Estado – a quien se le reclama acción y protección – y la sociedad – de quien se busca apoyo –, sino que han tenido, todos ellos, que construir cuidadosamente su argumento y su estrategia de lucha más allá de la denuncia directa, la oposición y la protesta. Ha sido en este espacio de construcción de legitimidad donde se ha venido tejiendo, en la última década, una relación entre las movilizaciones sociales y el conocimiento científico que va más allá de alianzas coyunturales entre organizaciones y académicos … como una interacción entre ambos que conduce a mutuas configuraciones (Paz 2010 en línea).

En suma, el sentido de lo político en las protestas sociales puede ser resignificado: a través de las interconexiones con el pasado, con un presente coyuntural y con una articulación eventual en el futuro. El objetivo, en este trabajo ha sido, desentrañar el sustrato de una crisis de lo político visto como el potencial colectivo de la pro- testa, de la movilización y de la resistencia. No como el lugar exclusivo de la ruptura, sino como uno de sus lugares concretos.

Con este análisis es posible sugerir la emergencia de formas nuevas de organi- zación colectiva, que rompen una atadura geo-refencial: lo local deja de ser perma-nente, es ahora inmediato (everyday state, en Veron et al. 2003). Por tanto, estas protestas se ‘alinean’ con lo que es volátil y que, por ello, pueden rebasar su esfera territorial. Este análisis muestra ciertas potencias de la protesta ciudadana en México: tanto por sus signos de eventuales rupturas en el futuro, como por la forma que adquieren estas disputas entre actores políticos en México (institucionales o no). Todo ello puede encontrarse con claridad en el balance que hizo uno los observadores en el movimiento en Oaxaca:

Si hay un proceso electoral y sale medio millón de gente a votar pues se piensa que un Gobernador está validado aunque por pocas personas y es el único derecho que nos permiten ejercer como ciudadanía. Pero si sale un millón de personas a protestar contra el mal gobierno y contra las pésimas acciones que tiene, ya no somos ciudadanos que puedan quitar al gobierno que según ‘elegimos’ y se nos acusa de rebeldes, revoltosos, terroristas o guerrilleros. Y ahí se acaban nuestros derechos, ése es el problema. Y es que somos ciudadanos de un día...

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Felipe de Alba es investigador del Instituto de Estudios Avanzados en Lyon Fran- cia y fue investigador postdoctoral en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Además tiene un doctorado en Estudios Urbanos de la Universidad de Montreal. Se interesa en el estudio de la geopolítica de los recursos naturales (agua) en los países del Sur Global, todo en vinculación con los cambios políticos, así como los procesos de construcción de ciudadanía. Dos publicaciones recientes son: (con Julie-Anne Boudreau) ‘Acción política, informalidad y metrópolis móbiles: una reflexión epistemológica’, Reflexión Política, Universidad de Bucaramanga, Colombia, 2011, Vol. 13 (25), pp. 22-33; y (con Julie-Anne Boudreau) ‘The figure of the hero in cinematographic and urban spaces: Fear and politics in Ciudad Juarez’, Emotion, Space, Society, 4 (2011) Reino Unido, pp. 75-85. <fdealbam@gmail.com>

Agradecimiento: Este texto forma parte de una investigación mayor sobre las nuevas formas de la acción política en América del Norte, financiada por el Social Sciences and Humanities Research Council (Canadá) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México). El autor agradece el soporte institucional e intelectual de parte de Diane E. Davis (MIT) y Alicia Ziccardi (PUEC-UNAM) en la realización de este proyecto.

* Ver Bibliografía y notas del texto completo AQUÍ.

Fuente: Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Texto bajo Licencia Creative Commons Attribution 3.0