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8 de octubre de 2013

Por: Víctor Leonel Juan Martínez

En La vuelta en U, guía para entender y reactivar la democracia estancada (Taurus, 2010), Sergio Aguayo señala: “nos equivocamos al creer que bastaba con la alternancia para generar cambios profundos en el país”. Y hace un recuento de los porqués del estancamiento de la transición mexicana y de los serios intentos de diversos partidos y actores políticos de dar una vuelta en U, esto es, el retroceso al México autoritario.

En Oaxaca hay ejemplos de lo uno y lo otro: de avances para fortalecer la institucionalidad, como la reforma constitucional de 2011 y la reforma electoral de 2012.

Y de intentos de retroceso. Uno claro es la iniciativa de reforma constitucional y legal en materia electoral, presentada por algunos diputados del Partido de la Revolución Democrática. Su lectura muestra su naturaleza regresiva, que anula los mínimos avances conquistados. Es lo que el gobernador Gabino Cué definiera como “regresión autoritaria”, en el libro que escribiera tras su lucha por la gubernatura en 2004 en que devela cómo, para evitar la alternancia, se conjuntaron los poderes fácticos y las instituciones al servicio de un partido. Y sí no veamos.

1. Como en los mejores tiempos del gatopardismo, se muestran supuestos avances, para intentar esconder intenciones autoritarias. Lo hizo el antiguo régimen en la reforma electoral del 2007, en donde con el señuelo de avances sustanciales (eliminación del Colegio Electoral y creación de la Ley de Medios de Impugnación), a cambio se pretendía aumentar un año al ejercicio de los entonces diputados y la elección “indirecta”, por éstos mismo, de un gobernador por dos años.

Ahora se usa el tema de las candidaturas independientes —que deben regularse forzosamente por mandato de la Constitución federal—; a cambio, buscan el control del órgano electoral, regresar a los representantes legislativos, la verticalidad en la toma de decisiones y la anulación de la pluralidad y el disenso; retorno al autoritarismo pues.

La exposición de motivos de la propuesta, lejos de esconder evidencia esa burda intención. Hay perlas como:  “La composición plural del Consejo General hace difícil y lenta la toma de decisiones (sic). Actualmente se ha polarizado dicho espacio, por lo que no existe perfil alguno que asuma el liderazgo (recontra sic) y unidad para avanzar con determinación en la organización del proceso electoral de 2015- 2016”.

Esto es, los “democráticos” autores de la iniciativa cuestionan la pluralidad y la construcción de consensos de un órgano eminentemente colegiado y, en plena nostalgia autoritaria, solicitan un “liderazgo”, esto es, como en el viejo régimen se busca el control vertical y la sumisión, antes que el debate y la construcción de consensos.

2. Razonamiento que se esgrime, con simplicidad ramplona, para justificar el retorno de los representantes legislativos, ahora, aumentados, pues pasarían de dos a tres: “para fortalecer el sistema de pesos y contrapesos que contribuya a una mayor gobernabilidad del órgano electoral”. Argumento que en el mejor de los casos es contrario a la pretensión que señalan y, en el peor, producto de un desconocimiento absoluto de la división de poderes, la gestación de los órganos autónomos y un desprecio absoluto por la institucionalidad democrática.

No sobra decir que Oaxaca es la única entidad que mantiene esta rémora del sistema autoritario y que, en una actitud de avanzada, la actual Legislatura había eliminado en agosto de 2012, si bien para aplicarse hasta noviembre de 2013.

3. El tercer elemento central de la reforma, es la búsqueda de suprimir facultades al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) y trasladarlas a la Junta General Ejecutiva. Como de pasada, por ejemplo, eliminan la fracción XV del artículo 26, que encomienda al máximo órgano de dirección del instituto electoral: “organizar, desarrollar, vigilar y transparentar los procesos electorales (…)”.

Varias atribuciones más corren la misma suerte. Como también en varios temas se encuentra de búsqueda del control de los procesos electorales, como en los mecanismos de integración de los consejos distritales

Un avance sustancial en la profesionalización e institucionalización del órgano electoral lo constituyen las comisiones permanentes, que permiten un papel más activo de los consejeros y una mayor vinculación con el proceso organizativo y los distintos temas que giran en torno a las elecciones y la participación ciudadana. Oaxaca hasta antes de 2012 era la única entidad en el país que no tenía comisiones permanentes (César Astudillo y Lorenzo Córdova, Los árbitros de las elecciones estatales. Una radiografía de su arquitectura institucional IIJ-UNAM-IEPCJ); ahora la iniciativa perredista las elimina de tajo.

La supresión de estas facultades pretende que el Consejo General juegue sólo un papel decorativo y se traslade a la Junta General Ejecutiva (esto es, los directores ejecutivos) la toma de decisiones y el manejo central de los procesos electorales.

4.- El dilema entonces es conocer los motivos reales de tales pretensiones. No hay que ir lejos para encontrarla. Por una parte, habría que señalar una actitud distinta del actual Consejo General para transparentar su actuación, pese a resistencias e inercias de opacidad. Pero hay temas en los que la resistencia a rendir cuentas prevalece, por ejemplo, el Monitoreo de Radio y Televisión, en el cual hay un evidente incumplimiento de la empresa, pero también responsabilidades institucionales, que un grupo de consejeros exigimos se aclare totalmente.

Por otra, todo indica que deriva de una visión coyuntural, cortoplacista y facciosa de sus autores. Esto es, por un lado, buscan la justificación de sus traspiés electorales; por el otro, entronizar a una figura más maleable a sus intereses en la presidencia del consejo general; y, al considerar que tienen una mayor posibilidad de incidencia en los directores que integran la Junta General Ejecutiva, desde ahí manejar al IEEPCO.

Además, consideran la integración de la siguiente Legislatura, en la cual la correlación de fuerzas cambiará sustancialmente. De ahí, la inusitada urgencia –incluyendo violación a la norma constitucional y al principio de inamovilidad— por un relevo en la Presidencia del Consejo General al que restan escasos seis meses para concluir su mandato, pese a no haber concluido el proceso electoral (se encuentran en proceso cientos de elecciones municipales por sistemas normativos internos) y la ausencia de temas relevantes para los partidos políticos durante este periodo.

5.- En La vuelta en U, Aguayo explica claramente lo que sucede: “La disputa por los cargos degrada la esencia de los organismos públicos encargados de defender los derechos ciudadanos. Es raro y excepcional que los partidos acepten a ciudadanos independientes; quieren a gente ‘suya’, a personajes ‘sensatos’ (es decir, tibios) que entiendan que la política que importa es la de los intereses, los negocios y las transas”.

En Oaxaca, en breve veremos si se continúa en la vuelta en U o se retoma el camino de la transición y se inicia la discusión seria y profunda de una veradera reforma electoral.

Twitter: @victorleonelj      

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Foto: Pleno congresooaxaca.gob.mx