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8 de octubre de 2013

Por: Juan Pablo Morales García

Reformar, derogar o abrogar una ley no siempre representa la transformación positiva de la realidad a la que está destinada. Las reformas políticas de corte electoral son el ejemplo más tangible de la imperfección de dicho mecanismo legal y donde después de cada jornada electoral, “los legisladores juegan a ser Estadistas, los políticos a ser analistas y donde los analistas juegan a ser reyes filósofos” (Zuckerman, 2007).

Sin duda, las reformas electorales se pueden tomar como referente cronológico para analizar la  construcción democrática de nuestro país y muchas de ellas sin las cuales no podría entenderse el difícil camino de la Democracia en México (Woldenberg, 2013). Desde 1976 dieron lugar a la representatividad política, en 1991 otorgaron autonomía y crearon al Instituto  Federal Electoral y la creación  los órganos electorales locales, en 1994 conformaron la estructura jurisdiccional en los Tribunales Electorales, en 1997 definieron mecanismos financieros de equidad en las contiendas y en 2007 buscaron mayor equidad en el acceso a los tiempos de radio y televisión.

Sin embargo, este recorrido democrático en cualquiera de los tres niveles de gobierno ha sido insuficiente para unos y ha decepcionado a otros sectores amplios de la población. Por ejemplo, a pesar que hace 60 años las mujeres pueden votar y ser votadas, las llamadas “cuotas de género” no han conquistado un mínimo de 40 por ciento  en los puestos de elección popular, los recursos no se perciben más eficientes  en el ejercicio diario de los partidos políticos y el uso de los medios de comunicación no siempre abona a la construcción de ciudadanía.

Por ello, plantear cualquier reforma o cambio por mínimo implica un replanteamiento del Estado Mexicano y no puede dejarse a un simple acuerdo político, a una visión de corto plazo para modificar la Ley de acuerdo a la conveniencia del momento político o incluso a la ocurrencia superada desde hace muchos años en un desprecio e ignorancia histórica. Este es el caso de las propuestas de reforma electoral a nivel Federal que buscan la creación de un órgano nacional de elecciones y de las iniciativas de reforma electoral presentadas en días pasados en el Congreso del Estado de Oaxaca. Los momentos de proceso democrático convulso que atraviesa el Estado requieren de voluntad pero también de autocrítica, por encima de intereses particulares.

En el caso de la iniciativa local se abordan temas de relevancia que se leen más a retórica que a vocación democrática genuina. Esta iniciativa va en dos sentidos, una constitucional y otra al Código electoral local. En  la parte constitucional, destaca una propuesta innecesaria, que denota un desconocimiento de lo propio que se aprueba, al modificar el artículo 24 de la constitución para que sea una prerrogativa del ciudadano “presentar iniciativas de ley”,  cuando dicha facultad ha estado en el 50 constitucional local desde el 15 de abril del 2011.  En el caso de las Candidaturas Ciudadanas, esta institución es una realidad a nivel federal y es imprescindible aterrizarla con un marco de participación e inclusión de los propios ciudadanos y no a través de la simple homologación, quizá Oaxaca con sus avances en materia Constitucional hasta podría plantearse como un referente a nivel nacional y no a la inversa.  Sobre las elecciones concurrentes implica más un acuerdo político cuyo costo es el tiempo en el poder. Recordemos que las elecciones locales van desfasadas dos años con las elecciones federales, y en ese sentido, el dilema es: adelantar los tiempos o prolongar las instituciones actuales por el mismo tiempo, sin olvidar que este fue un tema controversial en 2008 a nivel local.

En el caso de reformas al Código electoral local, el Servicio Profesional Electoral necesario para consolidar a una institución de carácter autónomo y ciudadano, ha sido un avance establecido 2012, pero en esta ocasión se limita a una modificación que busca transgredir un sistema de toma de decisiones colegiadas  definidas por naturaleza en el Consejo General y se busca trasladarlas a los órganos ejecutivos como las Direcciones Ejecutivas y la Dirección General para conformarse como órgano de gobierno del Instituto Electoral y como juez y parte de los procesos de decisión mismos.  Esta última parte de la iniciativa es la que rompe la ilusión democrática y deja al descubierto que, por encima de abonar en la construcción democrática representa un retroceso contra los órganos autónomos, bandera de aquella reforma constitucional histórica a inicios de este gobierno.

Los retrocesos y regresiones disfrazadas de reformas radican en las propuestas de reincorporar a los representantes legislativos con derecho a voz y voto, atendiendo a una representación partidaria y no a la ciudadanía. Hay que recordar que fue un avance de gran trascendencia en el país en 1991 al transformar el órgano electoral integrado por 32 representantes legislativos, un Director General y un Presidente que era el Secretario de Gobernación. Así fue definida la elección que dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari con 18 votos de los legisladores del partido en el gobierno y 14 de la oposición (Woldenberg, 2012).  En Oaxaca, el Congreso hasta hace un par de décadas se definía como Colegio Electoral y calificaba las elecciones hoy parecieran añorarse estas figuras nacionales y locales.

Otros puntos de regresión se observan al pretender modificar el sistema mayoritario y proporcional, sin considerar proyecciones  estadísticas para no caer en una sobrerepresentación futura. También este afán regresivo se contempla en la trasformación de las Comisiones Electorales permanentes e integradas por los Consejeros y mismas que dan seguimiento y vigilancia a las Direcciones Ejecutivas. El funcionamiento de Comisiones Permanentes da mayor eficiencia y coordinación a los trabajos en todos los órganos electorales más avanzados y con mayor productividad en términos técnicos y operativos. Pareciera que las Comisiones Electorales son vistas más como un obstáculo para la inmunidad e impunidad de las Direcciones Ejecutivas que como un instrumento de comunicación entre los órganos centrales y ejecutivos del Instituto.

Finalmente, el momento democrático que vive nuestro Estado Mexicano demanda órganos electorales a la altura del mismo y no limitados a la emisión del sufragio porque entonces no se cumplen con los procesos de ciudadanización y la cultura política se deja al olvido y a la mala memoria. Las pretensiones regresivas son un retorno a las tentaciones del autoritarismo y una añoranza al funcionamiento electoral a conveniencia de quien detente el poder. Hoy las elecciones no se ganan con el control de los órganos electorales, hoy los partidos políticos en las democracias contemporáneas  ganan con estrategias inteligentes que integren propuestas de solución claras, cercanía a la ciudadanía, uso de nuevas tecnologías, candidatas y candidatos afines a su comunidad, respetando las decisiones internas y rindiendo cuentas a sus propios militantes.

 

Woldenberg (2013), México: La Difícil Democracia, México, D.F., Taurus

Woldenberg (2012), Historia Mínima de la Transición en México, México, D.F., El Colegio de México.

Zuckermann Leo (2007), “Monitor Político”, Excelsior, enero.

Foto: ELORIENTE.NET

 

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