eloriente.net

20 de marzo de 2014

Por: Adrián Ortiz Romero Cuevas

Autoridad, maniatada por S-22 ¿siempre?

Ponderación de locura: preferir lo ilegal

Hay una paradoja creciente entre el mensaje de inclusión, pluralidad y consenso que intentaron enviar los poderes del Estado y la Sección 22 al signar la declaración política a partir de la cual van a construir una ley estatal de educación “autónoma”, y las acciones que al mismo tiempo emprendió el magisterio –y sus cachorros, los normalistas- para hacer valer su jerarquía fáctica y fuerza en la entidad. Por donde se le vea, quien pierde es el Estado que por buscar la prudencia no está encontrando sino el descrédito.

En efecto, el pasado 10 de marzo la Sección 22 y representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado firmaron una declaración política para construir, en “consenso”, una nueva Ley Estatal de Educación. Ese “acuerdo” era en realidad una afrenta a la reforma constitucional federal, no sólo impulsado por la Sección 22 del SNTE, sino avalado por el Estado oaxaqueño, que en la encrucijada entre mantener la constitucionalidad y la dignidad (y no dejarse mangonear por nadie), o entregarse a los brazos del principal grupo de presión en la entidad (para intentar salvar lo que ellos entienden como “gobernabilidad”), prefirió lo segundo que lo primero. Si el Ejecutivo y Legislativo sabían que de por sí el costo político de su decisión era alto, ellos mismos, por su miedo e incapacidad de negociación con el magisterio, provocaron que el precio de sus decisiones se fuera a las nubes. ¿Por qué?

Porque al avalar la exigencia de la Sección 22 de a) no cumplir con los plazos establecidos por la reforma constitucional en materia educativa para la armonización de las legislaciones estatales; y b) forzar al Ejecutivo y Legislativo del Estado a impulsar una Ley que será contraria a los preceptos constitucionales, el Gobierno del Estado y el Congreso sabían que se enfrentarían a por lo menos una andanada de cuestionamientos por el sometimiento demostrado ante el magisterio. Empero, si sabían que iban a pagar ese costo, lo menos que pudieron haber hecho fue negociar con la 22 de que a cambio de acceder a sus peticiones, ellos abandonaran sus acciones hostiles. No lo hicieron, y hoy vemos las consecuencias.

Y es que desde el día 11 de marzo, y desde entonces prácticamente a diario, los profesores de la Sección 22, o los normalistas, han llevado a cabo acciones de protesta que en varios casos han terminado en violencia. Es decir, su capacidad para acordar y consensar es nula, y por eso la Sección 22 protesta a pesar de recibir todo, y el gobierno se pliega a los caprichos de la 22 sin recibir nada a cambio.

Y es que, pensemos: ¿qué beneficio ha recibido el gobierno y la sociedad oaxaqueña por acceder a todo lo que exige la 22? Ninguno. Y es así porque a cambio de la firma de la declaración política, el gobierno no ha recibido el entendimiento y la reciprocidad del magisterio que cualquiera habría esperado ante tremenda alianza; y los oaxaqueños, lo que hemos recibido son marchas, bloqueos, saqueo de comercios, paros de labores y todo a lo que la Sección 22 nos tiene acostumbrados.

Pero en la contraparte, al haber arrancado –bajo amenazas y presiones– la firma del gobierno del acuerdo para “consensar” una nueva ley educativa estatal al margen de la reforma constitucional, la 22 ya consiguió las garantías para la preservación de sus conquistas e intereses económicos y políticos, y la seguridad de que tiene un gobierno aliado, incondicional, que no hará nada para cuestionarlos.

Al final, la ciudadanía se sigue preguntando: ¿Por qué pagar tanto al magisterio, por una gobernabilidad que de todos modos no existe?

Incongruencias

Dice el artículo 120 constitucional: “Los Gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales”. ¿Se lleva a cabo ese mandato constitucional expreso en este caso? Queda claro que no. Sin embargo, es claro que la laxitud que tiene el Estado oaxaqueño de lo que implica el cumplimiento de la ley, es lo que provoca que incluso ese mandato constitucional, expreso y directo para los Gobernadores, sea también letra muerta en este caso.

Por eso es totalmente vigente la pregunta que ayer se hacía el investigador en temas educativos de la UAM, Carlos Ornelas, en un artículo denominado “No pasarán” y publicado en Excélsior: “La pregunta es, ¿si por evitar un conflicto con los maestros disidentes, que es lo que hizo el gobernador Cué, el gobierno federal permitirá que la educación de Oaxaca se siga deteriorando a costa de las arcas públicas? Sospecho que el gobierno del presidente Peña Nieto está evaluando diversas alternativas; no pienso que se vaya a quedar cruzado de brazos y permitir una derrota de tal magnitud; tampoco creo que permita una humillación como la que le asentaron al gobernador. La S22 es fornida, pero no inmutable. Maquiavelo sentenció que el príncipe dispone de dos recursos para defenderse: la ley y la fuerza. La primera corresponde a los hombres, la segunda a las bestias”.

Ornelas concluía diciendo que el gobierno federal finalmente tendrá que utilizar la fuerza que emana de la ley para ir frenando los intentos desbocados de la 22, y conteniendo los daños generados por las debilidades institucionales del gobierno oaxaqueño que está claramente sometido a la Sección 22. Ese parece ser el camino irremediable: la Federación tendrá que “apretar” paulatina pero constantemente al magisterio oaxaqueño para irse imponiendo en los criterios de la reforma educativa. No parece posible que luego de tantos problemas para conseguir una reforma constitucional, todos se resignen a que por un grupo de presión todo termine en la basura.

Presión económica

En este momento pareciera que los maestros hacen lo que les pega la gana en Oaxaca. Pero lo grave es que la presión que seguramente utilizará la Federación será ya no sólo legal, sino presupuestal. Históricamente es la única forma en cómo han podido contener al sindicato magisterial en Oaxaca. Dejar de pagarles su salario, fue lo que hizo el gobierno en 2006 para desmovilizar a los maestros que participaban en la revuelta popular; y el año pasado fue la misma dosis que les recetaron para menguar los actos de beligerancia que desataron en la capital del país. Sólo que con esta herramienta -que parece la única medida con la que pueden obligar a “razonar” a los maestros de la 22- terminarán deprimiendo todavía más las condiciones sociales y económicas de Oaxaca. Costará mucho, pues. Pero quizá sea la única forma de dirimir esta “controversia”.

 

Foto: GobOax

 

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