¿De verdad querríamos de nuevo a PF en Oaxaca?

eloriente.net

3/septiembre/2014

Escenario infundado: EPN, sin prisa por la entidad

Ayer por la mañana, de paso, arribó a la capital oaxaqueña un convoy de la nueva Gendarmería Nacional. De inmediato se formularon versiones que, en un tono irresponsable y poco analítico, apuntaban a que los elementos federales habían sido mandados a la ciudad para restablecer el orden, como ocurrió en 2006. Aunque hay manifestaciones de beligerancia por parte de la Sección 22, ninguna parece tener la dimensión suficiente como para generar una respuesta de fuerza que, además, hoy en día tampoco le interesaría dar al gobierno federal respecto a Oaxaca.

En efecto, vale la pena partir del análisis de las condiciones en que se dio la incursión de elementos federales a Oaxaca en 2006, para constatar que esto no podría ocurrir en las circunstancias en que se encuentra actualmente el conflicto magisterial, por la reforma educativa.

Es que no puede ser así, de entrada, porque si bien el gobierno federal tiene instalada una mesa de negociación con la Sección 22, en el caso actual, y a diferencia de lo que pasaba en 2006, el tema central de la disputa entre los maestros y los gobiernos federal y de Oaxaca, se centra en el contenido de una reforma constitucional de alcance nacional. En 2006, sin embargo, el caso fue considerado como un asunto “interno” del estado y por ende el gobierno federal se abstuvo de intervenir en él.

Ahora bien, vayamos a las condiciones concretas de cómo se dio la intervención federal en el conflicto de hace ocho años. ¿Podemos creer aún que la decisión del presidente Vicente Fox, de enviar las fuerzas federales a la entidad, vino de una simple ocurrencia o incluso de una supuesta preocupación por lo que padecíamos los oaxaqueños? No.

Más bien, en el contexto real sólo pesaron dos variables para la decisión de mandar a 5 mil elementos federales a Oaxaca: primera, el homicidio ocurrido el 27 de octubre, del reportero estadounidense Bradley Rolland Will, durante un enfrentamiento entre policías de Santa Lucía del Camino e integrantes de la APPO, y segunda, el contexto nacional, en el que Fox se estaba preparando para dejar el poder presidencial, y temía que el conflicto magisterial de Oaxaca terminara de galvanizar la vía violenta de las protestas que entonces encabezaba el candidato presidencial derrotado, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y la unión de esos dos conflictos derivara en una revuelta de mayores dimensiones.

De hecho, las protestas postelectorales de López Obrador tuvieron mucho que ver en las decisiones que en ese año se tomaron respecto a Oaxaca. AMLO, como quizá se recuerde, inició sus protestas al día siguiente de los comicios presidenciales, pero arreció su inconformidad una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, a finales de agosto de 2006, todas las impugnaciones y declaró como presidente electo a Felipe Calderón.

Vale la pena repasar la importancia que tuvieron esos hechos respecto al conflicto de Oaxaca. Pues de hecho, en la entidad las condiciones estaban dadas también desde finales de agosto de 2006 para que las fuerzas federales entraran a Oaxaca para restablecer el orden. No lo hicieron, porque el gobierno federal calculó que el movimiento magisterial no se había desgastado lo suficiente, y que la presencia de la Policía Federal Preventiva sólo avivaría la crisis y orillaría a los grupos inconformes de Oaxaca a unirse con quienes protestaban en la Ciudad de México por motivos electorales.

De hecho, en aquellos momentos hubo dos percepciones decisivas respecto a este punto específico: primera, que dentro de los grupos que acompañaban a López Obrador en sus protestas sí había quienes estarían dispuestos a utilizar la vía de la violencia para tratar de hacer valer su inconformidad con la elección presidencial, y segunda, que en Oaxaca sí operaban movimientos armados en su calidad de luchadores sociales (como lo aceptó un año después el EPR, ante la desaparición de dos de sus integrantes) brindando asesoría a los grupos inconformes y poniendo en práctica tácticas de defensa en las calles de Oaxaca.

Ese era un cóctel explosivo que hoy en día no existe y que de hecho dejó de tener connotaciones de riesgo cuando finalmente, a finales del mes de octubre de 2006, el gobierno federal decidió enviar a la Policía Federal a Oaxaca para restablecer el orden, pero sobre todo para generar una inercia de desmovilización, frente a grupos violentos oaxaqueños en decadencia e inconformidades postelectorales que ya habían vivido sus momentos más álgidos.

¿QUÉ PASA HOY?

Hoy las condiciones son claramente distintas, y sólo quienes apuestan al fatalismo o al sensacionalismo podrían creer que se diera una nueva posibilidad de presencia de fuerzas federales en Oaxaca para contener una resistencia magisterial. Eso no ocurrirá porque el magisterio no ha escalado en su capacidad de movilización. Más bien, lo que he hecho son “pequeños” —relativamente— actos de hostigamiento que no pasan de la comisión de delitos comunes, que quedan en la impunidad de la protección del gobierno estatal.

Pero, además no habrá presencia de elementos federales porque no existen condiciones que pongan en riesgo a la federación. Más bien, hábilmente ésta le pasó el problema aparente de que la implementación de la reforma educativa nacional pasa por la armonización de las normas locales, cuando en realidad el costo político de fondo debería centrarse en la capacidad —o incapacidad— del gobierno federal para poner en práctica el contenido de la reforma, venciendo resistencias como la de la Sección 22, con quien hoy en día, incluso, está negociando.

Así, al final lo que queda claro es que sólo quien quisiera ver a Oaxaca sumida en un nuevo desastre vio con alarma la presencia de elementos federales y lo interpretó como la respuesta de fuerza del gobierno federal a los excesos cometidos al magisterio. No entienden que hoy en día la situación es igual que en 2006, pero al revés: en aquel entonces, un gobernador priista fue abandonado por un presidente emanado del PAN; y hoy, es clarísimo que un presidente priista (Enrique Peña Nieto) no tiene ningún interés por intervenir para ayudar —al menos no públicamente— al gobierno de Gabino Cué Monteagudo.

TIEMPOS, ¿CUÁLES?

Dice el diputado Alejandro Avilés que la LXII Legislatura “está en tiempo” para aprobar la ley educativa. ¿Están en tiempo? ¿En tiempo, según quién? Porque el plazo legal se les venció desde el 11 de marzo. ¿Entonces?

Foto: Archivo eloriente.net

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