Conflicto político de Seguridad en Oaxaca

eloriente.net

15 de septiembre de 2014

Ninguna fecha pudo ser mejor seleccionada por los organizadores del paro de la policía local como este 15 de septiembre.

Al cuarto para las doce, cuando los esfuerzos de negociación gubernamentales y la atención de los medios de comunicación se enfocaban en los profesores de la Sección 22 y vendedores ambulantes del zócalo, fueron los elementos de seguridad quienes se ubicaron en primera línea de atención, inyectando una presión política muy específica al momento político de Oaxaca, pues la seguridad de la celebración del grito es un asunto de primer orden no solo local sino nacional.

A nadie puede escapar que un desaguisado en Oaxaca durante la celebración de esta fiesta traería consecuencias mayúsculas. Como una gota que derrama el vaso.

Por eso, los policías no pudieron ser más acertivos desde su causa para la selección de la fecha. El problema es el doble filo del simbolismo: escogieron tan bien el 15 de septiembre para su manifestación, que pocos pueden interpretar que la misma solo se trate de una simple solicitud de prestaciones laborales, viáticos o mejores uniformes.

La interpretación política del hecho es inexcusable, y pasa sin duda por preguntarse cuáles son los intereses políticos que asesoran el movimiento.

Lo anterior, sin menoscabar las pingües condiciones laborales con las cuales arriegan su vida dichos elementos, que con sueldos mínimos difícilmente pueden defender los intereses máximos de la población como la vida y el patrimonio.

Sin embargo, hay otro hecho que termina por decantar la situación hacia el conflicto político y no hacia el meramente laboral: el activismo del secretario del ramo, Alberto Esteva Salinas.

Desde su arribo en enero de este año a dicha cartera, se ha extendido la versión de que el Secretario ha pretendido posicionarse a través del cargo hacia cargos relevantes de la administración local, incluido el de Gobernador del Estado, cuya elección se efectúa en el año 2016.

Este activismo y posibilidad han impedido que los programas de prevención del delito o participación ciudadana en efecto penetren en la población pues, como en todo, en la intención está el arte y numerosas personas no dejan de ver con recelo que una cartera tan delicada como la de seguridad pública se utilice con fines políticos.

Por ello, está claro que sin menoscabo de sus legítimos derechos políticos, es conveniente que el Secretario considere el deslindarse de candidaturas y aspiraciones a futuro, consignándolo así expresamente, para ganar un margen de acción social y política que mucha falta hace a su propio accionar como titular de la dependencia.

De no hacerlo, la evaluación a su labor seguirá en el terreno en el que se ha desempeñado buena parte del tono de sus programas: en el político. Y ante ello ningún buen resultado es suficiente para convencer a nadie.

Más, aún, si se revisa el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública local, en el cual se enumeran los asuntos que competen a esta dependencia, nos daremos cuenta que en su gran mayoría se trata de asuntos de alta especialidad técnica y que pretende resultados concretos en la materia.

Cuestiones tan concretas como: exámenes de control de confianza realizados a los elementos policiacos (Fracción VI) y cuál es el avance en este sentido, en relación a los lineamientos que exige la Federación; cuántos planes de mejora y reordenamiento vial ha presentado a lo largo de estos meses de 2014 (Fracción IX); si el estado de las cárceles en Oaxaca cumplen ya con los estándares internacionales en la materia (Fracción XI); si la problemática que ahora resulta en la policía, se ha tratado en el seno del Consejo Estatal de Desarrollo Policial que por ley preside (XIX).

Y así sucesivamente, con respuestas, se llevaría a esta materia tan delicada de la seguridad otra vez de la política a la administración. Primero con un deslinde claro y luego con una evaluación muy objetiva, sin personalismos.

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