eloriente.net

4 de febrero de 2015

Por: Yessica Vega Terraza*

“Nada hay más peligroso que considerar iguales ante la ley a quienes no lo son por su situación social y económica […] de aquí el fundamental error del liberalismo al dictar leyes limitativas y no leyes protectoras”

                                                             Alfonso Caso

En el contexto de unas de las mayores crisis durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, el mandatario presentó un nuevo proyecto en el que hacía especial énfasis a la urgente necesidad de un desarrollo industrial ausente hasta ahora en las regiones más atrasadas del país, siendo los estados de Guerrero, Chiapas y Michoacán a los que hizo referencia en su discurso.

En los medios comienza a sonar con fuerza, lo que aún se mantiene como enigma para un análisis profundo, el concepto de “Zonas Económicas Especiales”. En otros países este modelo funciona como un territorio dentro del país que deja de funcionar bajo las leyes fiscales y laborales del mismo, esta delimitada circunscripción se abre a las empresas del extranjero y les proporciona su establecimiento cerca de los recursos, lo cual reduce los costos de su materia prima y si el país se encuentra en un área geográficamente estratégica, les ofrece igualmente una reducción en el coste de la exportación de sus productos.

Para entender este discurso en esencia neoliberal y de ahí partir hacia un entendimiento de la situación de los derechos humanos en este contexto, es importante empezar por la cuestión de ¿qué es el neoliberalismo? y ¿cómo éste penetra en el contexto nacional? El neoliberalismo parte de una corriente ideológica liberal que, en principio, plantea limitar las regulaciones del Estado para que los individuos “libres e iguales” se inserten en una dinámica de “justa” competencia, que generará mayor productividad y calidad en los productos del mercado. Alfonso Caso en su momento hacía referencia a la desigualdad social y económica que existía entre los pueblos indios y los grandes capitales nacionales, así como el riesgo tan grande que comprendía el hecho de que el Estado quitara sus regulaciones económicas para que estos dos actores compitieran. Esto es sólo el testimonio de la primera fase de lo que actualmente-desde hace 32 años-estamos viviendo con el neoliberalismo, en donde ahora no solo se nos arroja a competir con los grandes capitales nacionales, sino con las grandes empresas trasnacionales del mundo dotadas de un marco legal que les favorece frente a los ciudadanos comunes.

Haciendo una interpretación, lo que Enrique Peña Nieto expresó en su propósito fue que a pesar de la deuda histórica que implican la ola de crímenes que azotan gran parte del territorio mexicano y la imagen que mancha al país ante organizaciones internacionales que buscan proteger los derechos humanos, los esfuerzos de su gobierno no se centraran a la reparación integral de la violencia sistemática que desde los años setenta se viene ejerciendo sobre la población mexicana, especialmente al sur del país. En cambio, el mandatario pretende crear “zonas económicas especiales” que abran este territorio a la inversión y al desarrollo.

En Guerrero, Chiapas y Michoacán el presidente planea construir un sector económico, protegido por un marco regulatorio e incentivos especiales que contemplan: “infraestructura moderna, condiciones de seguridad, financiamiento preferencial de la banca de desarrollo, facilidades adicionales para el comercio exterior así como importantes descuentos en los impuestos y contribuciones al instituto mexicano de seguridad social y al Infonavit “. Aquí la cuestión es ¿en qué momento la crisis social en México pasó a legitimar la voraz entrada de las empresas extranjeras a la región del sur del país?

¿Este modelo es positivo o negativo? Todo depende, claro está, de a quien se le pregunte, porque sería extraño que a las empresas transnacionales algo de esto les molestara. Sin embargo, partiendo que vivimos en un país que encuentra entre sus principales problemáticas la desigualdad, este proyecto no tiene cabida, en tanto que aumenta dicha desigualdad y lo hace a costa de nuestros Derechos Humanos, los laborales y medioambientales por decir algunos de los más visiblemente amenazados.

Nuestros Derechos fundamentales no pueden ser antecedidos en importancia por intereses económicos y proteger a las empresas no es equivalente a la protección ofrecida a la población. Actualmente se requiere que al igual que a las empresas se les dota de “un marco regulatorio”, al resto de la ciudadanía también se le respete y proteja con la regulación necesaria de sus derechos, puesto que en este programa no se plantea un proyecto de este carácter.

“La paz se construye con desarrollo” afirma Enrique Peña Nieto en justificando su nuevo modelo, sin embargo, la paz y los Derechos humanos son un proyecto en sí mismo y como población no debemos esperar que nuestras necesidades más fundamentales nos lleguen a manera de cuentagotas después de que los grandes capitalistas hagan sus negocios.

La supuesta “no intromisión” del Estado en la economía que pregona el neoliberalismo, en este discurso, se puede ver que es una ficción. Actualmente, en nuestro país el neoliberalismo funciona únicamente eliminando sus regulaciones en materia de seguridad social mientras que a las empresas les crean un paraíso de facilidades que sostienen su enriquecimiento desmedido. Este es el “neoliberalismo real” que no está funcionando en nuestro país y que es antagónico a los principios de derechos humanos.

Escuela Rebelde Autonoma Zapatista cc mr theklan

Imagen:Mr. Theklan

 

*La autora estudia la licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz en la Universidad del Claustro de Sor Juana donde, entre otras cosas, fue responsable de organizar el Coloquio de Derechos Humanos y Neoliberalismo.

 

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