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23 de febrero de 2015

De acuerdo el último Censo Penitenciario de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en México existen más de 8 mil presos indígenas en las distintas cárceles del país, de los cuales, el 96% son hombres, en la mayoría de los casos, por delitos del fuero común, indicó la directora general de este organismo Nuvia Mayorga Delgado.

Al inaugurar el “Seminario de Capacitación sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Interamericano”, precisó que entre las situaciones violatorias a los derechos humanos de la población encarcelada  destaca la falta de asistencia de intérpretes-traductores en lenguas indígenas, la ausencia de asesores jurídicos y defensores públicos bilingües especializados y con conocimiento de la cultura como son usos y costumbres, así como en detenciones arbitrarias. Por ello, dijo, es de gran relevancia este Seminario que formará a la primera generación de abogados bilingües.

Fotografía.

“Esto nos permitirá contar con el primer Padrón de Abogados Indígenas Bilingües, capacitados en los más altos estándares internacionales para la protección de los derechos humanos de los pueblos originarios. A ninguna persona indígena sujeta a un proceso penal se le deben violar sus derechos humanos por falta de intérpretes y abogados; sobretodo en el marco de los juicios orales”, subrayó.

Mayorga Delgado puntualizó que según el Censo, las entidades federativas que concentran el mayor número de población indígena en el sistema penitenciario son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Distrito Federal, Chihuahua y Guerrero. Las lenguas con las que se identifican son el náhuatl, zapoteco, maya, tzeltal y tsotsil.

Destacó que entre los años 2013 y 2014, la CDI logró la excarcelación de más de 2, 500 indígenas, con el apoyo de 576 intérpretes-traductores en el año 2013 y más de 1,250, en el 2014. Además, agregó, el año pasado se brindaron 3,591 asesorías, 2,145 gestorías y 178 peritajes culturales.

Al evento asistieron  Alejandro Alday González, Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE);Lía Limón, Subsecretaria de Derechos Humanos de la SEGOB; el embajador Aníbal Quiñonez Abarca, Representante de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en México; Norma Inés Aguilar León Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Eviel Pérez Magaña, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores; Luis Toro, asesor jurídico principal del Departamento de Derecho Internacional de la OEA; y María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, entre otros expertos en el tema.

En su intervención, el embajador Aníbal Quiñonez Abarca, Representante de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en México, destacó que la CDI y el Departamento de Derecho Internacional apoyan los esfuerzos para facilitar un mejor conocimiento del Sistema Interamericano, a fin de que los líderes indígenas conozcan los instrumentos y los utilicen de la manera más eficaz. “Esto implica un protagonismo de los participantes para que se transformen en emisarios de las buenas prácticas en beneficio de sus comunidades y contribuyan con la construcción de un mejor país y con una región garante de derechos. La OEA seguirá buscando con el diálogo para contribuir a la estabilidad política, inclusión social y prosperidad en la región”, dijo.

Por su parte, Alejandro Alday González, Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); indicó que México cuenta con mecanismos internacionales para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. “Existe una importante colaboración entre México y la OEA para difundir, capacitar y sensibilizar al sector académico sobre los mecanismos internacionales y regionales existentes en materia de derechos humanos, esto permite promover la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas que es un compromiso del Gobierno de México”.

Subrayó que el marco normativo en materia de derechos indígenas se ha desarrollado de manera significativa con la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y con la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas de la ONU, en 2014. Comentó que los documentos que derivan de ambos momentos establecen una hoja de ruta para que los estados a nivel internacional debemos seguir para asegurar el pleno respeto de esos derechos. “Es fundamental que los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto conozcan las implicaciones de los instrumentos internacionales y de los mecanismos que les otorgan la tutela para utilizarlos y exigir sus derechos”.

En representación del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la SEGOB, Lía Limón, puntualizó que toda violación a los derechos humanos es grave, pero cuando se trata de negar el acceso a la justicia o al debido proceso a quienes se encuentran ante una discriminación cultural y estructural resulta aún mas grave.

“Para combatir casos de injusticia y  de discriminación, el Gobierno ha implementado políticas publicas con perspectiva de inclusión y de no discriminación,  a fin de contribuir al desarrollo de las poblaciones indígenas. Todas estas políticas son acordes y están incluidas en el Plan Nacional  de Desarrollo  2013 y 2018, y tiene como objetivo  promover y garantizar el respeto a los derechos indígenas a través del desarrollo de sus comunidades y de la armonización del marco legal con los tratados internacionales en la materia”

Lía Limón, agregó que este Seminario permitirá recibir información sobre los derechos de las personas indígenas que son parte de un proceso penal así como tener acceso a los expedientes. Así también contribuirá a que puedan obtener la reparación integral del daño en casos que han sido victimas de delito o violaciones a sus derechos  humanos y así hacer valer su identidad cultural y lingüística en los procesos de los cuales sean parte.

Eviel Pérez Magaña, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, apuntó que el reto es “hacer respetar los derechos que han sido violentados durante muchos años. Hay una gran dificultad poder conseguir una defensa real de la mujer, de las niñas y los niños indígenas para hacer valer su derecho a la educación. El Estado mexicano, que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, quiere garantizar un marco jurídico que impulse el acceso a la justicia. En el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, vamos construyendo nuevas estrategias para impulsar políticas públicas que permitan su desarrollo humano y económico”, subrayó.

El “Seminario de Capacitación sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Interamericano”, se llevará a cabo del 22 al 26 de febrero, y cuenta con la participación de representantes de los 68 pueblos indígenas, quienes serán capacitados en temas como medidas cautelares, protección a los derechos de los pueblos indígenas en el plano internacional, redacción de una petición y sustento de prueba, así como análisis de medidas provisionales, entre otros temas.

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