(www.eloriente.net, México, 20 de marzo de 2015. Por: Carmen Espinosa Thompson).- La inseguridad pública y la ola de violencia que azota al país ha puesto en duda la eficacia en el sistema de justicia penal mexicano; si a ello le sumamos las prácticas de corrupción, faltas al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, una defensoría pública rebasada y una deficiente vinculación entre policías y el Ministerio Público; la credibilidad de la sociedad hacia las instituciones públicas, principalmente las enfocadas a garantizar el estado de derecho, apenas obtiene una calificación aprobatoria.

Según el Índice de Estado de Derecho 2014 del World Justice Project (WJP) el sistema de justicia penal mexicano alcanzó una calificación de 0.25, en una escala que va de 0 a 1. Esto coloca a México en el puesto 97 de 99 países evaluados —por debajo de Afganistán y sólo por encima de Bolivia y Venezuela—.

En junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia, con el objetivo de modernizar de manera integral el sistema de justicia penal en nuestro país, hacerlo más ágil y ajustarlo a los principios de un Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos.

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Esta reforma se gesta a partir de un enfoque real de la concepción de justicia, fundado en la humanización del proceso penal y orientado hacia la creación de instituciones jurídicas de defensa y protección a los gobernados, así como a la propia constitución; con procesos debidamente regulados y órganos competentes generadores de confianza y capacidad de conducirse con total claridad, transparencia y credibilidad al servicio de los ciudadanos.

Sin embargo, el tema del presupuesto ha sido uno de los grandes desafíos, ya que el nuevo sistema de justicia penal ha ido instaurándose de manera paulatina, debido a que su implementación se encuentra subordinada a la asignación de recursos financieros destinados a infraestructura, mobiliario y equipo, capacitación, normatividad y difusión, entre otros.

En Oaxaca, se ha puesto en marcha en 4 regiones: Istmo, Mixteca, Costa y Cuenca del Papaloapam; quedando pendientes Sierras Sur y Norte, Cañada y Valles Centrales; para ello, se ha diseñado el Plan Maestro de Infraestructura en Materia de Justicia Penal del Estado 2014-2016, mediante el cual se proyecta la construcción de 23 Centros de Justicia que albergarán a las instituciones operadoras del modelo penal basado en juicios orales y para lo cual se requieren aproximadamente 700 millones de pesos.

Estos edificios estarán dotados de espacios con equipo y mobiliario apropiados, sistemas informáticos de punta, técnicas avanzadas de desarrollo, red de voz y datos, sistemas de seguridad, etc., y concentrarán en un solo lugar, juzgados, salas de juicio oral, defensorías públicas, fiscalías y policías, entre otros.

De esta forma los usuarios del servicio no tendrán que trasladarse de un lugar a otro para gestionar un asunto de carácter penal, porque con la edificación de estos centros podrán realizar sus trámites en una sola sede, evitando así pérdida de tiempo, dinero y desgaste físico.

Desde hace varias décadas la sociedad ha propugnado persistentemente por un sistema de justicia que garantice un servicio cada vez más democrático y eficiente, capaz de solucionar las controversias individuales y sociales en forma económica, rápida y amigable. Hoy podemos ver en el nuevo sistema de justicia penal, una respuesta a esas exigencias ciudadanas, un canal a través del cual los justiciables obtengan justicia en la cantidad y calidad que se merecen, y en donde los servidores públicos resuelvan con irrestricto apego a la ley sin dejar cabida a la negligencia, corrupción e impunidad.

 

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