eloriente.net
10 de junio de 2016
Por: Paz Espino
La reforma Constitucional del 18 de junio del año 2008 transformó todo el sistema de seguridad y justicia penal en México, con el propósito de que la ciudadanía tuviese en un plazo de ocho años un nuevo modelo de procuración e impartición de justicia.
Hoy estamos a 10 días de que se cumpla el término para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en todo el territorio nacional; es decir, el 18 de junio de este año, los mexicanos amaneceremos con una nueva forma de hacer justicia.
Esta reforma, que representa el cambio más importante de los últimos cien años en materia de seguridad y justicia en México, la veremos consumada en breves días, y los habitantes de las 32 entidades federativas podremos gozar de los beneficios que el sistema ofrece como: la protección al inocente, sanción para el culpable y la reparación del daño causado por el delito, lo cual sienta las bases de la garantía al respeto pleno de los derechos humanos y civiles básicos, pero también es detonador de un entorno conducente al desarrollo económico, especialmente para la inversión nacional e internacional.
Ha sido arduo el trabajo que en ocho años han realizado instituciones de gobierno, universidades, organizaciones no gubernamentales, no solo en la adecuación de leyes, también en la construcción de infraestructura, equipamiento, reestructuración y creación de modelos de gestión, creación de nuevas instituciones y figuras jurídicas, capacitación a operadores del sistema y difusión para socializar el modelo acusatorio a la ciudadanía.
De esta manera, se han logrado homologar 67 sistemas procesales con la reforma penal en el país (32 del fuero común para adultos y 32 para adolescentes, más el fuero federal para adultos y para adolescentes y el fuero de guerra).
El factor económico ha sido fundamental en la implementación de la reforma penal, según cifras de la SETEC, se han invertido cerca de 21 mil millones de pesos provenientes de diversas fuentes: Subsidio SETEC, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Fondo para Apoyar la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas (5Mmdp) y el Subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG).
No estoy diciendo que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana como un acto de magia, no, esto representa una trasformación generacional, dependerá de cada uno de nosotros hacerlo funcionar, dependerá de qué tan rápido podamos asumir el cambio cultural que se avecina; en Chile, con la política pública reformadora más exitosa de América Latina, ha tardado según expertos en la materia 15 años para consolidar el modelo de justicia; según una metodología que mide de forma integral 400 factores de desarrollo institucional, asevera que en 5.7 años, México habrá afianzado el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Justicia – Michael Coghlan
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