Narco-Guerrilla-Estado: vuelta a colombianización

eloriente.net

10/octubre/2014

Por Adrián Ortiz Romero

Llamado a rebelión, pero también al ajusticiamiento

Es necesario ver con mucho cuidado la conjugación de factores que se están dando luego de la detención-desaparición de 43 normalistas el fin de semana pasado en Iguala, Guerrero. Mientras el Estado mexicano comienza a reaccionar del aturdimiento de no alcanzar a entender la dimensión de estos hechos, diversos factores reales de poder están emergiendo para tratar de generar las condiciones para un alzamiento popular, pero también para una nueva faceta de violencia en nuestro país. La irritación popular, la indignación y la debilidad institucional, pueden crear efectos hasta ahora insospechados.

En efecto, el fin de semana pasado elementos de la Policía Municipal de Iguala atacaron a balazos a jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que habían tomado camiones y pretendían realizar “boteo” para financiar sus actividades políticas. En el enfrentamiento, los policías masacraron a seis personas –tres estudiantes y tres transeúntes- y capturaron a 43 normalistas de los cuales aún no existe certeza de su paradero.

Por declaraciones se sabe que la policía de Iguala habría entregado a los normalistas retenidos a una banda criminal, que presuntamente habría ordenado la ejecución de cuando menos 17 jóvenes. También, por indicios, se sabe que la banda criminal era encabezada por personas cercanas al presidente municipal de esa localidad, José Luis Abarca, que hoy está desaparecido. Mientras esto se indaga, el gobierno federal apenas si ha alcanzado a reaccionar a esta crisis institucional, y el gobernador de Guerrero se atrincheró tratando de hacer que esto parezca un enfrentamiento entre la federación y su gobierno, y no un asunto de Estado, por el que debe responder.

En ese sentido, la crisis de Estado es evidente. El gobierno federal se indignó por los hechos, varios días después, y sólo cuando la presión internacional les permitió ver el tamaño del problema que implica la desaparición y posible ejecución extrajudicial de 43 jóvenes. Como lo apuntamos hace unos días (ver Al Margen 06.10.14), esos hechos podrían implicar la comisión de delitos de lesa humanidad, por los cuales tendría que responder no un gobernante en específico, sino el propio Estado mexicano, independientemente de quién integre los gobiernos internos, o quién haya sido el directamente responsable, porque delitos de ese tipo implican una responsabilidad institucional que no puede evadirse ni repartirse.

Si eso ya es de por sí indignante, lo es todavía más la actuación mezquina de los gobiernos y grupos políticos implicados. El PRD, que ha sido el partido insignia de todos los que por décadas se quejaron de la represión y la intolerancia gubernamental, se dedicó a proteger al impresentable gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, hasta que la ciudadanía les cobró esa afrenta a través del rechazo al líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, cuando el miércoles pretendía participar como orador en la multitudinaria protesta ocurrida en la capital del país por los desaparecidos de Ayotzinapa.

Si eso es insostenible, la actitud del gobernador Aguirre es una burla. Dijo primero que si su renuncia permitía el esclarecimiento de los hechos, él no tenía problemas en presentarla. Pero ayer cambió su posición y dijo que sólo a través de una consulta pública se iría. Es ridículo e insultante, porque la separación de su cargo tendría que ser indispensable por el solo hecho de esa demostración brutal de incapacidad para hacer valer el Estado de Derecho en la entidad, que se supone gobierna; esto, además de que el separarse del cargo permitiría una investigación eficiente sobre este asunto, que además pudiera incluir libremente la investigación a funcionarios de su gobierno –y a él mismo- con probable responsabilidad en este conjunto de hechos.

Incluso, si otro fuera nuestro país, el gobernador Aguirre tendría que haberse ido ya sólo por la vergüenza de que durante su gobierno haya pasado un hecho tan abominable como el del fin de semana pasado.
Sin embargo, en el ámbito político apenas intentan digerir el impacto de este asunto. Ojalá que lo terminen pronto de reconocer y entender, porque el panorama que se vislumbra es nada alentador para la gobernabilidad y la paz públicas.

LA VIOLENCIA SE ASOMA

A partir de los hechos de Iguala, cuatro grupos guerrilleros con presencia en Guerrero se han manifestado, como en una especie de “pase de lista”. Los comunicados, en general, coinciden en señalar que están listos para iniciar acciones de resistencia popular combativa, pero con un elemento más: el llamado al ajusticiamiento de los grupos criminales que habrían tenido responsabilidad en la detención-desaparición de los normalistas de Guerrero.

Es que en estos días, fue primero el Ejército Popular Revolucionario quien alzó la voz, llamando a la rebelión popular organizada. Luego lo hizo otra organización denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo, después lo hizo otro grupo, del cual no se tenían noticias sobre su existencia, denominado “Milicias Populares ¡Basta ya!”; y finalmente el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.
Este último grupo es quien, expresamente, hizo el siguiente llamado: “Se convoca al interior de nuestras filas y al pueblo en general a la conformación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre, expresamente fundada para enfrentar en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narco-estado mexicano y, particularmente, al cartel de sicarios del Estado, mal llamado ‘Guerreros Unidos’. Recábese toda información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel y póngase a disposición de nuestro ERPI, por cualquier vía pública o secreta”.

¿Qué tiene de trascendente esto? Además de lo concretamente asentado en este llamado, que el ERPI tiene aún una vieja afrenta con la delincuencia organizada, por el asesinato, en noviembre de 2009, de su comandante Ramiro, de quien acusaron que había sido ultimado por el “narcoestado”, que no era sino la colusión de políticos con criminales en el estado de Guerrero. Curiosamente, los mismos que son señalados hoy como los responsables de la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

COLOMBIANIZACIÓN II

¿Vamos a una segunda colombianización? Es muy posible. Si este escenario de enrarecimiento cuaja, tendremos tres frentes: el del Estado, el del narco, y el de la guerrillera. Igual que en Colombia, a finales de los ochentas. Sólo que maximizado a una potencia infinita.

Foto: Archivo ELORIENTE.NET

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