Acuerdan grupos de autodefensa en Michoacán reintegrarse a la vida institucional

eloriente.net/Secretaría de Gobernación

27 de enero de 2014

En respuesta al llamado de la Secretaría de Gobernación y en el marco del Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán, los gobiernos de la República y de esta entidad, así como los grupos de ciudadanos organizados firmaron hoy un acuerdo de ocho puntos que tiene como propósito que estos grupos se incorporen a la normalidad institucional.

Firmaron el acuerdo, por parte de las autoridades federales, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes; por parte del Gobierno de la entidad, el mandatario estatal Fausto Vallejo Figueroa, y por parte de los grupos organizados, los representantes de las comunidades de Churumuco de Morelos, Nueva Italia de Ruíz, La Huacana, Parácuaro, Tancítaro, Cualcomán de Vázquez Pallares, Aquila y Coahuayana de Hidalgo.

Asimismo suscribieron el acuerdo, como parte de la sociedad civil, la presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común A.C., María Elena Morera de Galindo, y asistió también al evento el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.

El documento establece que los Gobiernos de la República y del estado de Michoacán concurren a este acuerdo con la convicción de reconstruir la tranquilidad y el orden público desde un enfoque integral que abarque los aspectos sociales, económicos y culturales, para lo cual es indispensable utilizar todas las herramientas y mecanismos legales para lograr un ambiente de institucionalidad duradera y estable.

Por su parte, el Comisionado Castillo Cervantes apuntó que el acuerdo es un primer paso que sin embargo es decisivo para el cumplimiento de la estrategia en favor de la seguridad y el desarrollo de Michoacán; ya que permitirá  devolver progresivamente la normalidad a la entidad.

En tanto, los grupos de ciudadanos firman el documento, en conjunto con los Gobiernos de la República y del estado de Michoacán, a fin de incorporarse a la institucionalidad, mediante los siguientes acuerdos:

1.  Las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los Cuerpos de  Defensa Rurales. Para este fin, los líderes de las autodefensas presentarán una lista con todos los nombres de sus integrantes, los cuales serán validados con la formación del expediente respectivo, controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos cuerpos serán temporales y estarán bajo el mando de la autoridad en los términos de las disposiciones aplicables.
2. Para la protección de sus comunidades, personal de las autodefensas podrá formar parte de la Policía Municipal siempre y cuando acrediten los requisitos de ley y cuenten con el aval del Cabildo de su Ayuntamiento para ser propuesto para formar parte de dicha policía.
3. Las autodefensas se obligan a registrar las armas que actualmente poseen o portan ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o, en su caso, la Secretaría de la Defensa Nacional, se comprometen a dotarlos de las herramientas necesarias para su comunicación, traslado y operación.
4. Se acuerda que en los municipios en conflicto se llevará a cabo una auditoría del uso de los recursos públicos, conforme a las disposiciones legales aplicables.
5. Se establece la rotación de los Agentes del Ministerio Público Federal y Local, así como la instrumentación de unidades móviles de Ministerio Público.
6. La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán se compromete a mantener comunicación permanente con las autoridades municipales de la zona para ofrecerles el apoyo conforme a las facultades que tiene dicha Comisión.
7. Para el caso de las personas que fueron detenidas por portación de arma de fuego y que se encuentran en libertad provisional bajo caución, se harán las gestiones pertinentes para que puedan firmar en el estado de Michoacán, sin tener que trasladarse a otras entidades federativas.
8. En el caso de los servidores públicos municipales y estatales que tengan responsabilidad penal o administrativa, y que se encuentre totalmente acreditada, se les aplicará todo el peso de la ley.

Foto: Laura Castellanos

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