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21 de febrero de 2014

En México existen dos realidades innegables: la situación de exclusión y marginación en la que viven las personas indígenas y las personas con discapacidad, ahora, si combinamos estos dos factores, el panorama es doblemente desfavorecedor.

Históricamente, estos dos sectores de la población han vivido en extrema pobreza, discriminación y exclusión, con un acceso limitado a los servicios sociales básicos y con muy pocas oportunidades de desarrollo, esto a pesar de que existen instrumentos internacionales que protegen sus derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

He identificado tres factores específicos, que a mi parecer, obstaculizan la atención hacia las personas indígenas con una discapacidad y los vuelven invisibles a las instituciones:

La propia familia

Como ya lo he referido en otras ocasiones, cualquier familia que recibe a un miembro con discapacidad enfrenta situaciones muy complejas, desde la aceptación hasta la adaptación, tratándose de familias indígenas, caracterizadas por la pobreza y miseria en la que viven, la complejidad aumenta, pues afrontar los gastos que genera atender a un miembro con discapacidad, trasladarse hasta donde se encuentren los servicios básicos de salud, que generalmente están a kilómetros de sus comunidades, aunado a los prejuicios sociales y la falta de información sobre el tema, hace en el mejor de los casos, que la familia termine ocultando a la persona con discapacidad, dejándola sin ningún tipo de atención.

La comunidad

La discapacidad es todavía considerada en muchas comunidades como una maldición o un castigo divino, lo que condena a la persona con discapacidad y a su familia a vivir en el ostracismo y con el absoluto rechazo de los habitantes. La falta de información y el miedo a enfrentarse a lo desconocido acentúa los prejuicios y discriminación hacia las personas con discapacidad.

Falta de datos estadísticos

Reunir datos sobre las comunidades indígenas en general y de las personas con discapacidad que ahí habitan resulta una ardua tarea, pues las familias indígenas viven en casas diseminadas y en zonas remotas difíciles de acceder.

Por otro lado, no existen suficientes encuestadores que hablen lenguas indígenas y cuando logran acceder a las comunidades, las familias niegan la existencia de los miembros con discapacidad por vergüenza o miedo.

Como sabemos, las políticas públicas están diseñadas en base a la información que existe sobre la población, y si esta es nula o insuficiente, será más difícil visibilizar los problemas que enfrentan.

En base a lo anterior, considero importantísimo apostarle a la investigación y atención de personas con discapacidad que habitan en las comunidades indígenas, pues no representan un problema aislado, ya que afecta a toda la familia e incluso a la misma comunidad.

Bonita semana, Dios nos bendiga mucho.

 

Foto: Gobierno del Estado de Oaxaca

 

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