eloriente.net

28/julio/2014

Por: Adrián Ortíz Romero

El verdadero reto: implementar las reformas

Lo objetivo, hecho; falta enfrentar corrupción

Es muy probable que en fechas cercanas quede finalizado el proceso de reformas estructurales que se planteó el gobierno de la república al inicio de su administración. En todas las modificaciones constitucionales realizadas hasta ahora, la joya de la corona fue la reforma energética, que era la que presentaba mayor complejidad por el enorme contraste de visiones que había entre los partidos políticos. Todas las reformas ya salieron y es posible que muy pronto quede finalizado el proceso de elaboración de la legislación secundaria en materia de energéticos, con lo que quedaría concluido este complejo periodo para México.

En todos los ámbitos se impulsaron reformas que en el fondo tienen un sentido muy simple: implementar nuevos procesos para incrementar el nivel de “calidad” en el desempeño de las actividades que contemplan las reformas (educación, servicios financieros, el fisco federal, las telecomunicaciones y los energéticos y específicamente la luz eléctrica y el petróleo) y también eliminar la corrupción y la opacidad.

Las normas planteadas hasta ahora procuran terminar con los espacios de discrecionalidad y de privilegios indebidos, que por años fue de lo que se valieron diversos poderes fácticos para concentrar cantidades inmensas de poder y también para amasar fortunas incuantificables.

Así, por ejemplo, la reforma educativa lo que pretende es que existan evaluaciones periódicas para que cada profesor demuestre que tiene capacidad para continuar desempeñando las labores docentes que realiza, y que sea un órgano autónomo —sin injerencia del poder, pero tampoco del sindicato magisterial— quien regule la situación laboral de cada profesor según los criterios de evaluación y no las conveniencias o favores políticos que pudiera haber para beneficiarlo o perjudicarlo.

Otro ejemplo similar ocurre con Telmex y Televisa, que ahora tendrán —se supone— nuevas reglas de operación con la reforma en telecomunicaciones. Pues resulta que por años ellos operaron al amparo de normas jurídicas que habían sido rebasadas por la realidad y por su preponderancia, y por ello tanto la telefónica como las compañías que tienen las dos concesiones de televisión abierta en el país se convirtieron en auténticos poderes fácticos con capacidad para hacerle frente al mismo gobierno, cuando éste pretendía tomar decisiones que implicaba tocar sus intereses.

Algo más o menos similar ocurre con las demás reformas, pero ello implica un reto enorme que hasta ahora quién sabe hasta qué punto ha sido considerado. Pues lo que es evidente es que una vez finalizado el proceso de reformas y emisión de nuevas leyes secundarias, únicamente habrá concluido la parte objetiva de las reformas estructurales, y ahora viene el reto que es todavía mayor para el gobierno y la sociedad mexicana, el cual implica poner en práctica toda la nueva legislación, y evitar que los asuntos que tienen una nueva reglamentación se desvíen hacia el oprobio o la corrupción, y que esto que se supone que fue legislado para beneficio de la mayoría, termine siendo ocasión para el beneficio particular de unos cuantos.

El tema no es menor, porque a México lo azotan varios flagelos: uno de ellos es el relacionado con la falta de consistencia y capacidad de los órganos reguladores, por actuar frente a poderosos poderes fácticos. En México siempre es opción deponer la posibilidad de ser un regulador para convertirse en cómplice.

Eso implica el otro flagelo: que aquí, en medio de tanta corrupción, la honorabilidad y la honestidad de los funcionarios siempre puede ser puesta en entredicho frente a la capacidad económica de los agentes que pretenden ser regulados y que, por eso mismo, prefieren gastar en corrupción que asumir los costos de una regulación que les pone límites en actividades en las que bien pueden operar libremente y conseguir ganancias indebidas que superan por mucho la “inversión” realizada en doblegar a un funcionario.

Implementar en prosa

Sí, eso es lo que suplica Viridiana Ríos (mexicana, doctora en gobierno por la Universidad de Harvard) cuando afirma que las reformas se legislan en poesía, pero se implementan en prosa. “El detalle sobre cómo traducir poesía en prosa es una decisión muchas veces un tanto discrecional. La Ley de Competitividad define lo que es competencia citando conceptos más avanzados que los que se utilizan en la Ley Antitrust de Estados Unidos. Sin embargo, al final del día será Cofece, la comisionada y sus asesores, quienes decidan, con base en evidencia que podrá tener distintas interpretaciones, quién es o no un monopolio. Ello no es un problema de la reforma. Es la naturaleza de un sistema judicial (http://bit.ly/1zcyLCY).
Aún más —abunda—, implementar supone la creación de leyes terciarias, reglamentos, estatutos y así sucesivamente, leyes que, al ser cada vez más específicas, se vuelven menos sujetas a la vigilancia pública y por tanto, más susceptibles a ser influenciadas por las decisiones individuales del implementador. Las leyes secundarias de la reforma energética tienen  más de mil 500 páginas de largo y todavía necesitan complementarse con reglamentos. Lo que nadie menciona es que en la práctica, la implementación tendrá un componente de decisiones individuales que, si bien acotadas legalmente, podrán ser más (o menos) benéficas dependiendo de la responsabilidad de los implementadores.

Hay límites a lo que las reformas pueden lograr porque la primera condición para el cambio es decidir cambiar, acatar y aplicar las leyes de manera adecuada. Ya lo hemos visto: instituciones similares pueden crear resultados diferenciados basados en las decisiones que toman los individuos. El mismo sistema electoral que vio a Ernesto Zedillo aceptar su derrota, vio a López Obrador crear un gobierno paralelo. El mismo sistema federal que funcionaba de manera más horizontal durante las administraciones del PAN encuentra ahora, con el PRI, recovecos autoritarios y centralización del poder. El mismo sistema educativo que alberga maestros como Sergio Juárez (quien educa con tal compromiso a sus alumnos de bajos recursos que los ha podido colocar como los mejores del país) tiene a maestros como Elba Esther Gordillo. Todo bajo las mismas leyes formales.

Lo fuere apenas viene

Sí, eso debe quedarnos bien claro. Los retos son mayúsculos y por eso ahora queda exigir, y exigir de a de veras, que el gobierno sea honesto y, cuestión que sigue pendiente, que combata la corrupción en serio.

 

Foto: PEMEX

 

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