(www.eloriente.net, México, a 15 de abril de 2016 por Alejandro Cruz Pimentel).- El pasado jueves 14 de abril, el congreso oaxaqueño celebró la reforma a la ley estatal en materia de transparencia, misma que tenia escasamente un mes de haber sido expedida. La reforma proviene del anuncio del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de promover una acción de inconstitucionalidad en contra de un artículo de la misma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El artículo observado es el 140 que a la letra dice: “… cuando se advierta del estudio del recurso de revisión, que el sujeto obligado no posee información, que de conformidad a sus atribuciones y obligaciones legales debía de haber generado, el Instituto deberá instruir al sujeto obligado para que la genere en un plazo no mayor a cuarenta días y la entregue al recurrente e informe al Instituto de su cumplimiento o en su caso manifieste la imposibilidad…”

El congreso ya no quiso meterse en problemas nuevamente con la Suprema Corte y, antes de que fuera interpuesto, decidió realizar la reforma a una ley recientemente expedida.

Es por esto que el congreso se siente orgulloso anunciando que cumplió con armonizar la ley estatal en materia de transparencia. Se jactan de mencionar que solo un artículo haya sido observado por el INAI. Enfatizan el comentario de un Comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, que cumplieron con el 99.9% y que los felicita por el esfuerzo y abono a cuestiones novedosas. Qué lamentable comentario de un economista y comisionado postrándose ante un congreso estatal.

Este comisionado no sabe que durante 10 meses no existió ningún ejercicio legislativo para analizar, discutir y promover una ley progresista.

Tampoco observó que el procedimiento de selección de los comisionados no está apegado a lo establecido en la Norma Suprema y la ley general, un procedimiento abierto y con participación ciudadana. El procedimiento quedó intocable en esta ley y es el mismo de la anterior ley, que tanto fue señalado y criticado.

También no se dio cuenta que en nuestra ley existen dos tipos de infractores: los que son servidores públicos y los que no. Las medidas de apremio por incumplimiento a las obligaciones de transparencia y a la negación del acceso a la información, seguirán siendo una simulación.

El instituto estatal no podrá imponer sanciones a los infractores cuando sean servidores públicos, tendrá que hacerse un lado y la Contraloría hará su trabajo, que conociendo a esta Secretaría, le dará largas y lo encarpetará. Así nuevamente, los ciudadanos seguiremos viviendo la impunidad de servidores públicos. Al Instituto le dejaron sancionar a quienes no sean servidores públicos, lo grave es que en el catalogo de definiciones, no señalan quiénes NO son servidores públicos en esta ley.

Y así podríamos seguir señalando más cuestiones novedosas a favor de la opacidad que esta legislatura tuvo a bien legislar y que los ciudadanos no tenemos nada que aplaudir. Al tiempo otra vez.

Lo lamentable es que el Instituto estatal de transparencia, Órgano Constitucional Autónomo, salga a defender mediante comunicados al Poder Legislativo, enfatizando que solo fue un artículo donde el congreso falló. Lamentable que ahora sí salga con comunicados. Cuando la iniciativa que promovieron ante el Congreso no fue tomada en cuenta, no dijeron nada. Cuando la ley fue publicada en dos partes, no dijeron nada. Cuando les impusieron al Contralor interno sin existir ley reglamentaria no dijeron nada.

Lamentable pues, que los órganos garantes, a nivel nacional y estatal, se dediquen a defender o alabar a otro poder público como el legislativo local. La democracia disfuncional es obvia.

Los ciudadanos no tenemos nada que celebrar o aplaudir de este desaseo legislativo que no es más que el reflejo del bajo nivel de esta legislatura.

Por eso hay que dejarlos que entre ellos mismos se aplaudan. Otra vez, al tiempo.

alejandro cruz 15 de abril

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