eloriente.net
26 de diciembre de 2016
La fracción parlamentaria de Morena, presentó ante el Pleno una iniciativa para derogar la fracción XLVI del Articulo 59 y los Artículos 118 y 119 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
En la iniciativa presentada se establece que derivado de estas modificaciones constitucionales, se eliminará la declaración de procedencia y por consiguiente el fuero del que gozan los diputados locales, el Auditor Superior del Estado, los subauditores, los secretarios de Estado, el fiscal general, los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
De igual forma, se les retiraría el fuero constitucional a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Estatal Electoral y del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo y de Cuentas, incluyendo a los Consejeros de la Judicatura, así como a los titulares de los Órganos Constitucionales Autónomos.
En dicha propuesta, se plantea que cada uno de los servidores públicos anteriormente mencionados podrán ser sujetos de proceso penal en caso de que se le impute o acredite algún delito y sin que se requiera la declaración de procedencia, de manera que quienes sean denunciados deberán comparecer ante la Ley como cualquier ciudadano.
El Presidente de la Junta de Coordinación Política, Irineo Molina Espinoza, subrayó que la declaración de procedencia constituye un decreto de la Cámara de Diputados que afecta la situación de un servidor público suspendiéndolo de su función y sometiéndolo a la autoridad del juez en materia penal que conozca del asunto.
El legislador señaló que el fuero constitucional y la declaración de procedencia son figuras que transgreden el orden jurídico y propician la desigualdad entre los servidores públicos y los ciudadanos, ya que al amparo de la inmunidad se han cometido actos de corrupción, hechos de ilegalidad y graves violaciones al Estado de Derecho.
“En nuestro carácter de representantes populares, tenemos el compromiso inquebrantable de fomentar la legalidad, la justicia y la ética en el servicio público, pero sobre todo, tenemos en nuestras manos la responsabilidad histórica de legislar para eliminar el fuero que otorga la legislación local a los servidores públicos y recobrar la confianza de la ciudadanía en el Poder Legislativo y las instituciones”, finalizó Molina Espinoza.
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