eloriente.net
8 de febrero de 2017
El magistrado Fernando Enrique Méndez Ortega, integrante de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, afirmó que quienes integran el Poder Judicial del Estado y principalmente magistradas, magistrados, juezas y jueces tienen la obligación de acatar el mandato constitucional, porque “en sus manos está la seguridad jurídica”.
Al emitir nuestros fallos tenemos la exigencia de dar certeza para abonar a la paz y tranquilidad entre los miembros de la sociedad, apuntó el especialista luego de considerar como un deber el velar por la seguridad jurídica a través de los diversos preceptos constitucionales contenidos en la parte dogmática de la Constitución de 1917.
En el marco de la conmemoración del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el jurista estudioso de las materias de derechos humanos, defensa fiscal y proceso constitucional, entre otras, indicó que la Carta Magna contiene los principios fundamentales que dan vida a la estructura del Estado mexicano y la convivencia social.
Estos principios, agregó, son los cimientos que dan esencia al ordenamiento jurídico mexicano, así como la columna vertebral de todas las leyes que emanan a través del congreso nacional y estatales, mismas que a cien años siguen vigentes, como la soberanía del pueblo mexicano, sus derechos fundamentales, la separación de la iglesia y el estado, el sistema representativo del estado federal y la justicia social.
Manifestó que la democracia es sinónimo de Constitución, ya que en ella se encuentran plasmados los derechos fundamentales de hombres y mujeres, así como los preceptos básicos fundamentales que desarrollan las leyes ordinarias del poder constitucional.
El magistrado integrante de la Sala Constitucional, facultada para atender las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y el juicio para la protección de los derechos humanos conforme a principios de corte internacional, reiteró su compromiso como servidor público de coadyuvar a través de su tarea en la impartición de justicia para seguir dando vida a la Carta Magna que hoy nos rige.
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