Por: Adrián Ortiz Romero
+ Núñez y PGR alimentan morbo, no justicia
Hoy ya es claro que el gobierno de Tabasco de Arturo Núñez, y el federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, alinearon sus intereses para perseguir a alguien a quien en el tribunal de los medios ya se declaró culpable, pero que en justicia tiene aún muchísimo margen para defenderse: Andrés Granier. La excesiva publicitación en medios está dejando claro que ese tema es la combinación de una revancha política local, en Tabasco, pero también el vehículo a través del cual el gobierno federal buscará ponerle un castigo ejemplar a un ex Gobernador, como muestra para que los otros, y quienes están en funciones, se abstengan de cometer excesos en sus administraciones.
En efecto, apenas el lunes pasado afirmábamos en este espacio que en el ámbito penal, para declarar culpable a un individuo por la comisión de un delito, no importa qué piense el Gobernador de Tabasco, qué piense la opinión pública, o qué percepción se haya construido a partir de golpes espectaculares como la incautación de dinero en efectivo o de automóviles y motocicletas de lujo.
Esto lo afirmábamos en relación a la aprehensión, en la frontera con Estados Unidos, de José Manuel Sáiz Pineda, quien fue el secretario de Finanzas de Andrés Granier, y a quien se le acusa de delitos como lavado de dinero y peculado. A este individuo, como al ex Gobernador, se les construyó una imagen de culpables, aun cuando ni siquiera han comenzado los procesos judiciales para deslindar sus responsabilidades. No obstante, en el tribunal de los medios ellos ya fueron presentados como saqueadores y como culpables de delitos por los que todavía no han sido procesados.
Por esa razón, desde el inicio de la semana afirmábamos que en un caso como éste, lo que verdaderamente importa es lo que se pueda probar de forma contundente, ante los tribunales, por los delitos que se imputan a la persona; y que las conductas descritas en las acusaciones se ajusten exactamente a lo que dice la ley. No permitir penas por analogía o por mayoría de razón, implica que la Constitución exija que se cumpla cabalmente con los parámetros de legalidad, al margen de lo que crea una persona, un gobierno o “la mayoría de razón” que se ha construido desde los medios, que han sido utilizados lo mismo por el gobierno tabasqueño como por la PGR, que deliberadamente han filtrado pruebas y han construido la imagen de ladrones que hoy tienen Granier y sus ex colaboradores. En eso, decíamos, es donde se encuentra el quid de la investigación en contra de Granier y el tesorero de su administración.
En ese sentido, hoy queda claro que este que se le sigue al ex gobernador Granier, es un caso robusto por la percepción que ya se creó, y por el convencimiento de la opinión pública de que él y sus coacusados son culpables de lo que se les señala. Sin embargo, falta ver si la PGR y el gobierno de Tabasco cuentan con los elementos jurídicos suficientes para que, más allá del tribunal de los medios, pueda sostener las acusaciones y llevarlos ante la justicia no en un juicio de consigna, sino en un procedimiento justo que pueda dar certeza de que se hizo justicia, y no de que se cayó en el extremo de dejar en libertad, e impune, a un culpable; o que, por el contrario, se torció la justicia para dar un “ejemplo” a los demás gobernadores con un par suyo, aún cuando sobre éste no pesaban todos los elementos como para ser declarado culpable.
EL RIESGO DE LAS PERCEPCIONES
Las percepciones son poderosas no sólo en el ámbito de la opinión pública, sino que también pueden trascender al campo del derecho. En este sentido, un editorial de la revista etcétera señalaba lo siguiente: “Durante varios meses el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, informó sobre el desfalco al erario en la entidad perpetrado por la administración anterior. Ahora corresponde a la procuraduría del estado sustentar las acusaciones y procesar a quienes transgredieron la ley, entre otros, al propio Andrés Granier, quien ya delimitó su estrategia de defensa. Es decir, esto ya se encuentra dentro de los terrenos de la justicia y poco o nada ayudan las declaraciones de Núñez porque en el ámbito de la opinión pública no es donde se determinarán las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”
En esta misma lógica, el periodista Raymundo Riva Palacio sostenía, en su columna Estrictamente Personal de ayer viernes, lo siguiente: “El linchamiento mediático en contra de Granier en las últimas semanas no es producto de la imaginación de los medios, sino de su utilización por parte de la PGR y la procuraduría de Tabasco, que regaron indicios para poner a la opinión pública contra el ex gobernador y su ex tesorero José Saiz. Convirtieron un tema de ley en hoguera popular. El ser rico no es un delito, aún si se es funcionario público, a menos de que se pruebe que lo es por la vía de la ilegalidad. En el caso de Saiz, lo acusaron de tener bienes y propiedades que sus abogados afirman adquirió previamente a ser funcionario, sin que lo negara quien lo acusó de ello. Granier, que aún no lo acusan de nada, ya fue juzgado públicamente…”
Y, luego de analizar casos similares en Chiapas y Aguascalientes, a los que nadie ha puesto atención a desfalcos verdaderamente abrumadores, sostiene lo siguiente: “La prominencia de un caso o su bajo perfil está relacionada con el énfasis que le da o le quita una autoridad. ¿Por qué Granier, que es quien menos responsabilidades penales tiene hasta ahora de ellos tres, tiene esta exposición? Se puede alegar que porque hay un interés federal en ello, porque al ser priista, el mensaje implícito es que si el gobierno federal actúa así con uno de los suyos, tendrá la legitimidad absoluta para proceder contra quien desee. En términos de mensaje político para los políticos, ya debe haber acuse de recibo. Pero en términos de manejo ante la opinión pública, la politización de la justicia, deberían de recordar, siempre lleva por caminos pecaminosos y los efectos se revierten. El circo puede ser muy intenso, pero la función siempre termina. Es mejor, como dice la política básica, que si existe la intención de matar a alguien, no lo dejen vivo. Mátenlo porque de otra forma, el crimen político puede resultar al revés.”
JUSTICIA EN ENTREDICHO
Este, queda claro, no es un asunto de buenos y malos, sino de justicia. Por eso, habrá que seguir siendo cautos para festinar anticipadamente la culpabilidad de Granier. Eso debe probarse ante los tribunales. La mediatización sólo enrarece y daña el caso. El problema es que no todos alcanzan a distinguirlo.
