eloriente.net
10 de marzo de 2014
Por: Adrián Ortiz Romero
+ Un paso más a recentralización educativa
+ Oaxaca, aliada de S-22… para la desdicha
Esta semana será clave para que Oaxaca marque nuevas pautas en el tema educativo. Estamos en el umbral del límite del plazo concedido por las reformas federales en materia educativa para la armonización de las legislaciones de las entidades federativas. Y éste será un momento definitorio para que nuestro Estado establezca si su alianza con la Sección 22 del SNTE va a llegar al punto de la ignominia, o si serán capaces de entender a tiempo que esa alianza de todos modos va encaminada al fracaso y a provocar daños profundos en la educación pública de los oaxaqueños.
En efecto, el pasado viernes secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor aseguró que no habrá prórroga para que los estados de la República armonicen sus leyes con la Reforma Educativa y advirtió que se “fincarán responsabilidades” a quien incumpla el plazo. Esta declaración tajante tiene como fundamento dos disposiciones, una constitucional y la otra legal, en el ámbito federal, que obligan a los estados de la República a armonizar sus marcos jurídicos particulares, o a comenzar a resentir las consecuencias de alejarse del marco constitucional, y de los recursos, que la Federación tiene establecidos.
En este sentido, la recentralización educativa avanza con pasos firmes. La reforma constitucional en materia educativa, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de febrero de 2013. En ella, el artículo quinto transitorio establecía que tanto el Congreso de la Unión como las autoridades competentes contaban con un plazo de 180 días para el establecimiento de diversos mecanismos relacionados con el establecimiento de sistemas de información, evaluación al desempeño y mejora en la calidad de la educación, a través de la reforma a las leyes ordinarias que fueran necesarias.
Esas modificaciones tendrían que hacerse a la Ley General de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). La creación y modificación de dichas normas fueron aprobadas el 22 de agosto y publicadas en el DOF el 11 de septiembre del año pasado. Ahí es donde se estableció, claramente, este plazo perentorio que hoy tiene en un nuevo brete a Oaxaca, que es la única aliada incondicional del magisterio disidente. ¿Por qué?
Porque el artículo tercero transitorio de las reformas a la Ley General de Educación, establece lo siguiente: “A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las entidades federativas tendrán un plazo de seis meses para adecuar su legislación respectiva, a lo previsto por el presente ordenamiento”. Luego, porque el Transitorio Duodécimo de la Ley del INEE, establece lo siguiente: “Las autoridades educativas de los estados y del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o reformar la normatividad necesaria a efecto de dar cumplimiento a la presente Ley en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de su entrada en vigor”. Y por si algo faltara, la Ley del Servicio Profesional Docente, en su transitorio tercero, establece que “Los gobiernos estatales deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables con base en las disposiciones de esta Ley, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor”. Esos tres plazos vencen mañana. Por eso, el Titular de la SEP dice que habrá sanciones contra la entidad federativa que no haya armonizado su legislación educativa a partir del día doce del presente mes.
Por eso, y porque el gobierno federal parece dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para que se cumpla la nueva legislación utilizando incluso mecanismos fácticos de control constitucional, no hay exceso al señalar que si Oaxaca continúa con su alianza incondicional con la Sección 22 del SNTE, ésta será sólo para ir enfilados hacia la ignominia.
EL USO DE LA FUERZA
Todo esto explica las acciones que emprenderá el magisterio mañana martes, y el miércoles. Este fin de semana, la asamblea estatal de la 22 anunció que esta semana realizará bloqueos carreteros y acordonará el Congreso para impedir que los diputados sesionen y armonicen la reforma educativa con la ley estatal, cuyo plazo vence el pasado mañana miércoles. Incluso, La Sección 22 pide que en Oaxaca, las reformas a la Ley Estatal de Educación se realicen “considerando las particularidades de la entidad y no sea una copia fiel de la legislación federal”, por considerar que esta reforma es lesiva.
Esta intención del magisterio oaxaqueño cobra relevancia por dos razones: primero, porque ya en una ocasión doblegaron al Congreso del Estado para que no asumiera una posición respecto a la reforma constitucional en materia educativa (y de hecho, siguen sin hacerlo más 13 meses después de aprobada la reforma constitucional en las dos cámaras federales); y segundo, porque apenas el impresentable Director del IEEPO aseguró que el gobierno y el magisterio son fuertes aliados. Por esas razones, es muy posible que al final terminen todos simulando intenciones de reformar, e impedimentos magisteriales para hacerlo, para finalmente terminar refrendando esa alianza ominosa.
Quizá, incluso, para justificar su negativa a la armonización de las normas educativas estatales con las federales, diputados y funcionarios del Poder Ejecutivo sostengan que la soberanía estatal incluye también el derecho a la autonomía para legislar. Es posible que lo sostengan. Sin embargo, lo que queda en medio, y que es el tema importante, no es sólo el contenido de las leyes, sino que en base a dicha armonización el IEEPO tendrá que ejercer los $14 mil 371 millones 782 mil 133 pesos, que en 2014 constituyen el presupuesto educativo, y que constituyen nada menos que el 28 por ciento del presupuesto de toda la entidad.
¿HASTA LA IGNOMINIA?
Parece claro que el gobierno federal buscará hacer prevalecer el dictado de la Constitución y las normas federales respecto a la armonización de las leyes educativas, como un verdadero medio de control de la constitucionalidad, a partir de los recursos económicos. Es decir, si no hay armonización, no hay mayor presupuesto. Y ese sí será un tema verdaderamente complicado para la entidad, que con recursos propios no tiene capacidad ni para pagar un mes de salario de los 74 mil trabajadores de la educación en Oaxaca. ¿Buscarán el gobierno y el Congreso local mantener su alianza con la 22 a pesar de todo eso? De ser así, iremos directo y sin escalas, rumbo a la ignominia.
Foto: Zocalo Seccion 22 Algunos derechos reservados por Marysol
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