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12 de diciembre de 2016

Editorial

Han sido tantos los reclamos en Oaxaca hacia las administraciones públicas, que los grandes pendientes parecen serlo todos en la misma intensidad y profundidad. Que lo es la deuda estatal, el funcionamiento del sistema de salud, la parálisis económica, la crisis sindical en la universidad pública.

Todos, asuntos de primer orden que, al menos en la experiencia reciente de Oaxaca, si no son atendidos con prontitud pueden escalar todavía más hasta abonar a la ingobernabilidad. Ya los sectores relacionados con cada uno de estos temas han puesto en predicamento al estado en variadas ocasiones, desde los trabajadores de la sanidad hasta la propia actuación del empresariado que, en una ocasión, declaró ya un paro de actividades.

Sin embargo, con menor espacio público pero con un impacto mucho más intenso en la vida cotidiana de personas y ciudades, el tema de la seguridad debe ubicarse en el primer orden de los pendientes gubernamentales y sociales.

Que solo en el mes de diciembre hayan sido 23 las ejecuciones o asesinatos, según se ha informado por diversos medios esta mañana, debe llamar a la reflexión sobre el nivel del verdadero control que puede o debe ejercer el Estado en todo el territorio.

Es verdad que estos sucesos no pueden calificarse a priori ni deben juzgarse sin procedimientos constitucionales, pero el hecho de que se reporten de esta manera y que no hayan cedido a pesar de los relevos en las instituciones deben encender las luces de alerta para todos.

 




 

El caso más visible, el de la lidereza de la Confederación Revolucionaria Obrero Campesina (CROC), en San Francisco Tutla, puso el dedo en la llaga de lo que es probablemente el asunto más delicado con el que deberá de lidiar el nuevo gobierno, a la luz de que amplias zonas y ciudades importantes de territorio oaxaqueño está sitiado por el crimen.

Desde hace meses, San Juan Bautista Tuxtepec o Juchitán de Zaragoza, pasan días de inmensa zozobra, dado el nivel de presencia y hostigamiento que ejercen allí los grupos delicuenciales.

Ahora bien, resulta imposible dejar de mencionar para este rubro, el debate nacional que promete ser aún más intenso en los próximos días en relación a una propuesta de Ley de Seguridad Interior y el renovado papel del Ejército Nacional en la materia.

Es posible que, de ser voluntad de las autoridades, en Oaxaca se hallen ejemplos de los alcances que aún las autoridades policiales pueden lograr para luchar contra el crimen, en detrimento de la intervención del ejército, o bien por el contrario, las condiciones locales justifiquen una mayor dependencia del actuar de la milicia.

En cualquier caso, como siempre sucede cuando se habla de seguridad, es en este tema donde se mide la eficacia de una administración más que en cualquier otro, pues exige resultados tangibles e inmediatos.

La razón es sencilla: con la seguridad no hay espacio para la simulación.

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