Foto: Universidad Técnica Particular de Loja. Licencia Creative Commons

(www.eloriente.net, México a 27 de octubre de 2018, por Ramón Icazbalceta).- La exigencia ciudadana para los gobiernos que decidan implementar acciones acertadas y efectivas para resolver problemas públicos, es producir beneficios de alcance general esto es, precisamente, una exigencia de las políticas públicas.

En efecto, las acciones de los gobiernos legítimos que tienen como propósito realizar objetivos de interés público y que los realizan con eficacia y aún con eficiencia, es lo que en términos genéricos pero no inexactos se entiende por política pública.

Este término comenzó a manejarse en México a partir de los años ochenta del siglo pasado en el ámbito académico, pero poco a poco se fue difundiendo en el ámbito de la política, de la sociedad civil y de los medios de comunicación.

Hoy la política pública es un término apreciado y de uso general en el discurso público y académico y ha dado origen en los gobiernos a espacios públicos en sus estructuras.

La disciplina de las políticas públicas tiene como objeto de conocimiento el proceso mediante el cual los gobiernos toman sus decisiones directivas y su objeto consiste en mejorar la calidad y eficacia de las decisiones directivas de los gobiernos con base en el conocimiento.

El concepto de la disciplina es la decisión de los gobiernos y su propósito es lograr que las decisiones no sean solo buenos propósitos, nobles intensiones y deslumbrantes proyectos sociales, sino que, con base en la información, el análisis, el cálculo, estas se materialicen en hechos sociales cuyos beneficios disfruten los ciudadanos.

La tarea de la disciplina es una forma de dar respuesta a la decepción, descontento, desconfianza, en la capacidad directiva de los gobiernos.

La legitimidad política de los gobiernos, la credibilidad y la confianza de la sociedad hacia ellos descansan necesariamente en su desempeño social, en los resultados del valor que produce, en su capacidad de transformar las palabras en hechos tangibles de beneficio social.

Uno de los términos más utilizados por políticos y servidores públicos para referirse a las acciones de gobierno es el de políticas públicas.

El desarrollo teórico de las políticas públicas ha generado un número por demás considerable de conceptos o definiciones, todas con un elemento que las unifica que es la idea de una actuación del gobierno para solucionar problemas públicos específicos.

Existen múltiples definiciones y conceptualizaciones de diversos autores sobre las políticas públicas como Harord Lasswell, Yehashel Aror, José Majas Lira, etc.

En mi opinión me quedaría con la definición del maestro Julio Franco Corzo en su libro Diseño de Políticas Públicas, el cual lo define de la siguiente manera:

“Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones.”

Esta definición propone que las acciones de políticas públicas tengan dos características fundamentales: 1) buscar objetivos de interés o beneficios públicos y 2) ser el resultado de un proceso de investigación que implica el uso de un método para asegurar que la decisión tomada es la mejor alternativa posible para resolver un problema público.

En mi opinión una acción de gobierno que no busca el interés público o que no esté sustentada en un proceso pragmático y análisis, no es una política pública, es simple y llanamente un acto de autoridad.

Es muy común en nuestro país hablar de elefantes blancos. En el léxico de la política mexicana un elefante blanco es una obra con infraestructura que tiene muy poca utilidad para la ciudadanía o que de plano no sirve.

En el libro referido un elefante blanco se define como un acto de autoridad en el que un gobierno destina recursos financieros o humanos a una obra de infraestructura programada o proyecto del cual no se obtiene beneficio social alguno. De estos hay cientos casos en los tres órdenes de gobierno. La pregunta obvia es porque pasan estas cosas, que implican recursos importantes para el pueblo mexicano y que no le representan ningún beneficio.

La primer respuesta es que se crean muchos programas nuevos sin un diseño de política pública con método, es decir, no se analiza a detalle la factibilidad presupuestal, socioeconómica, legal, social, política, ambiental y administrativa de las alternativas de acción.

La segunda respuesta es que muchas decisiones importantes se toman con base en análisis poco serios. Finalmente la tercera razón es que cada funcionario propone soluciones relacionados con su formación y experiencia, pero la gran mayoría carece de formación en políticas públicas.

Por estas razones diseñar políticas públicas es una terea difícil. Requiere de conocimientos de economía, ciencias políticas, estadística, administración pública, derecho, sociología, antropología, fisiología, comunicación, entre otros.

Por lo tanto, se necesita de un equipo de trabajo que domine las áreas mencionadas, que obtenga la información precisa de cada especialista, así como tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía, los expertos, los servidores públicos y los políticos.

En entregas posteriores hablaremos el porqué es importante diseñar políticas públicas con método, las etapas de gestación, diseño, implementación, ejecución y su evaluación.

 

Ramón Icazbalceta

Es licenciado en contaduría pública por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es maestro en Administración y Políticas Públicas y Maestro en Evaluación de Políticas Públicas; ambas por por la Escuela de Políticas Públicas (IEXE), Certificado por el Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI), en fiscalización de recursos públicos, certificado por el Instituto de Control Interno México, en materia de control interno (CICP), certificado en gestión pública para el desarrollo por el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), cuenta con distintos diplomados en materia de contabilidad, auditoría, contraloría, etc., es autor del libro “Diagnóstico y perspectivas de la fiscalización en el estado de Oaxaca”, cuenta con una experiencia de más de 40 años en el sector público y privado, en los tres niveles de gobierno y en varios estados de la República Mexicana, miembro del Colegio de Profesionales de la Contaduría de Oaxaca A.C., actualmente se desempeña como articulista e investigador en la materia.