Por: Neiel Germán

El 15 de mayo los diputados locales de Puebla aprobaron por mayoría la nueva Ley de Educación Estatal.

Se menciona que las reformas están basadas en lo que se denomina las “4-A” de la educación, que son: la asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad.

En términos generales la ley establece lo siguiente:

•             La Ley de Educación establece a la educación como un derecho, así como el medio para alcanzar el bienestar de las personas

•             Garantiza la participación activa de estudiantes, madres y padres de familia, tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo.

•             Reconoce a la educación indígena para garantizar el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas.

•             Fomenta estilos de vida saludables en la comunidad estudiantil, con la activación física y hábitos de alimentación adecuados.

•             Contempla el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el proceso educativo.



El polémico artículo 105

Dicha ley fue promovida por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, y en ella se destaca una modificación al artículo 105 que ahora establece lo siguiente:

«Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal.

Otro artículo en el que se hace hincapié en esta reforma es el 147, que menciona que se comete una infracción por parte de quienes prestan servicios educativos por los siguientes motivos:

«…XXI. Retener documentos personales y académicos por falta de pago;

XXII. Condicionar la prestación del servicio público de educación a la adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares;

XXIII. Omitir dar a conocer por escrito a las personas usuarias de los servicios educativos, previamente a la inscripción para cada ciclo escolar, el costo total de la colegiatura o cualquier otra contraprestación.»

Ante la controversia, inconformidad y dudas que suscitó la aprobación de este nuevo dictamen el gobernador del estado se pronunció al respecto a través de las redes sociales en donde destacó lo siguiente:

Reacciones de diversos sectores

Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla, comentó para Noticieros Televisa que no se mantuvo una conversación previa a la aprobación de la ley con las instituciones privadas. Pide que el decreto sea explícito en cuanto a la redacción para que se especifique que no se pretende hacer una expropiación de las instituciones privadas.

También señaló que puede existir una «lluvia de amparos» por parte de las 3 mil 426 escuelas privadas en Puebla ante el temor de que se realice una expropiación. Luis Ernesto Derbez concluyó diciendo que los malentendidos podrían ser resueltos con el diálogo, pero que no se ha visto el interés por parte de las autoridades para la resolución del conflicto.

A su vez, Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, hizo una comparación en Twitter donde escribió lo siguiente «La Ley de Educación del Estado de Puebla es frente a la educación, lo que la Ley Bonilla fue contra la democracia».

La nueva ley trajo el descontento del sector privado quien está a la espera de una respuesta por parte del gobierno del estado.