El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua aprobó convocar a elecciones generales el próximo 7 de noviembre. El presidente Daniel Ortega buscará reelegirse por cuarta vez consecutiva. La oposición advierte la falta de garantías democráticas del proceso.
En Nicaragua, la convocatoria del Consejo Supremo Electoral deja ver dos cosas: el dominio total impuesto por el presidente Daniel Ortega sobre todos los poderes del Estado –ejecutivo, legislativo, judicial y electoral–, así como su decisión de poner el mayor número de trabas posibles a la oposición.
Sin embargo, la decisión del CSE no es sorprendente: de sus ocho integrantes, seis son miembros del Frente Sandinista, al que pertenece Daniel Ortega, y los otros dos simpatizan con el gobierno.
Plazo corto
En la forma, el Consejo fijó el domingo 7 de noviembre para realizar las elecciones en las que se elegirá al presidente, vicepresidente, el conjunto de la Asamblea Nacional, alcaldes y representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
La novedad de la convocatoria es que establece un plazo de tan solo una semana para que los partidos se inscriban y presenten las demandas de autorización de alianzas. El 12 de mayo se abrirá el plazo para el registro de partidos; dos días después tocará turno a la autorización para la constitución de alianzas.
Un plazo tan reducido rompe con la tradición del proceso electoral y exhibe la intención del gobierno de evitar al máximo que dichas alianzas cristalicen. En el pasado, el plazo entre la convocatoria a elecciones y la constitución de alianzas era de al menos dos meses.
Tanto o más importante, la Convocatoria a elecciones incorpora dos disposiciones –en realidad limitaciones– que fueron aprobadas por la oficialista Asamblea Nacional en dicembre pasado. No podrán participar candidatos o partidos que reciban financiamiento del exterior, o aquellos considerados como «traidores a la patria», entendiendo por ello cualquier persona acusada de promover sanciones contra el gobierno.
Una oposición dividida
En lo interno los dos principales bloques de la oposición condenaron estas decisiones que juzgan antidemocráticas. Se trata de la Coalición Nacional, integrada entre otras fuerzas por representantes de movimientos sociales y disidentes del sandinismo, y la Alianza Ciudadana, producto de la escisión de la Coalición en 2020, ubicada a la derecha del escenario político y más proclive a pasar acuerdos con Ortega.
Ambos bloques han intentado alcanzar un nuevo acuerdo para enfrentar al poder orteguista, hasta ahora sin resultados.
La convocatoria a elecciones generales se produce pocas semanas antes que venza el plazo dado por la Organización de Estados Americanos (OEA) al régimen nicaragüense para llevar a cabo un proceso electoral democrático.
Por su parte, Estados Unidos se dijo «alarmado» por la decisión del presidente Ortega de «ignorar el llamado del pueblo de Nicaragua de hacer reformas electorales significativas», escribió el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
En 2018 una propuesta de reforma del sistema de seguridad social lanzada por el orteguismo provocó una ola de protestas en particular entre la juventud, que sacudió el país, pero fue acallada por una brutal represión que produjo más de 300 muertos. El malestar de la mayoría de la población persiste.
