¿Hay argumentos para la no-reforma educativa?

eloriente.net

21 de abril de 2014

Por: Adrián Ortiz Romero

¿Hay argumentos para la no-reforma educativa?

Gobierno y S-22 buscan salidas de emergencia

Dos son los argumentos centrales por los que la alianza del gobierno estatal y la Sección 22 del SNTE justifican su retraso en la confección de la armonización de las normas educativas estatales, respecto a la reforma constitucional en la materia. El primero de esos argumentos tiene que ver con el supuesto “consenso social” que debe conseguirse para la aprobación de una norma como ésa, y el segundo tiene que ver con la supuesta elaboración de una norma que recoja e incluya las condiciones sociales en que se desarrolla la educación pública en Oaxaca. ¿Son válidos esos argumentos?

En efecto, los argumentos están a la vista y en el contexto de la alianza entre el gobierno y la Sección 22 del SNTE parecen perfectamente válidos. En primer término, se habla de la necesidad de consensar una ley para que ésta tenga incluida la visión de todos los actores involucrados en el tema educativo, y para que, además, responda a las condiciones sociales de una entidad tan particular como la nuestra.

Esos argumentos serían válidos, pero sólo si la reforma fuera de verdad una iniciativa propia, novedosa y de avanzada, de esa alianza magisterio-gobierno, y no un mandato federal sobre el cual existen márgenes mínimos para socializar, consensar e incluir visiones. Por eso, de entrada podemos asegurar que esos argumentos son meras justificaciones para la resistencia que pactaron el gobierno y el magisterio frente a la reforma educativa.

Y es que, en primer término, lo primero que queda claro es que para sacar adelante una reforma estatal que armoniza las normas a la Constitución de la República y su reglamentación, no se necesita mayor consenso, sino trabajo legislativo efectivo. ¿Por qué? Porque los parámetros tanto de una reforma a la Constitución Política del estado, como para la modificación de la Ley Estatal de Educación, y las demás normas que haga falta reformar, ya están perfectamente dadas, tanto en la reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Ley General de Educación, la del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.

Por esa razón, tratar de “consensar” lo ya consensado previamente en la reforma federal parece un sinsentido y una pérdida de tiempo y recursos, respecto a un trabajo que ya está hecho y al que, les guste o no, sólo necesitan ajustarse por un mero formalismo. En el fondo, lo que el magisterio y el gobierno de Oaxaca –éste último presionado por el primero– intentan hacer es tratar de encontrar un camino distinto al que está ya trazado por la federación, buscando establecer parámetros que aunque no sean exactamente los que el Congreso de la Unión ya aprobó, puedan estar más o menos acordes con lo que dicen las normas federales.

Asimismo, es claro que en dicho intento lo que está también ocurriendo es que el gobierno y la dirigencia de la Sección 22 están buscando ganar tiempo para que las bases magisteriales se convenzan de que en verdad se hace un trabajo de consenso, en el que se está escuchando a todos, y que por eso la legislación estatal, que será aprobada, emanó de ese sentir e incluye las necesidades y los intereses de todos los trabajadores de la educación. Ese parece un argumento de mera justificación. Pues creer que podrán hacerse un traje a la medida, que al mismo tiempo sea también algo acorde a la nueva legislación federal, es tanto como pensar que una misma prenda de vestir puede ajustarle cómodamente a dos personas que tienen complexiones y tallas totalmente distantes una con la otra.

¿Cambiar todo?

Ahora, vayamos al segundo argumento. ¿Es de verdad creíble que la Sección 22 y el gobierno estatal pueden cambiar algo, incluyendo como una cuestión subjetiva de la educación en la entidad la necesidad de tomar en cuenta las precarias condiciones sociales, de pobreza y de marginación en que viven miles de educandos oaxaqueños, y en que desarrollan su labor los profesores en las comunidades rurales y urbanas donde prevalecen esas condiciones?

Dicho argumento tiene mucho de fondo. Y es que, en efecto, en la pobreza y en la marginación del contexto social de Oaxaca se explican muchas de las carencias educativas que existen. Es decir, si un niño vive en condiciones severas de pobreza, llega a la escuela desnutrido; cuando se enferma no puede acceder a servicios de salud básicos, y además se encuentra aislado de otros satisfactores básicos para su desarrollo mínimo, entonces difícilmente podrá aprovechar todas las herramientas educativas y conocimientos que le ofrecen sus profesores en el salón de clases.

Sin embargo, el argumento siguiente es en el que se escudan los profesores: ¿Estas condiciones son justificación para que al profesor oaxaqueño no se le evalúe ni se le someta a ningún parámetro educativo nacional? Ahí es donde se encuentra lo engañoso de dicho argumento. Pues bajo todas las posibilidades posibles de evaluación de su trabajo, los profesores se han negado a ser evaluados porque dicen que buena parte de la “culpa” de que sus alumnos no aprendan, no se encuentra en ellos sino en las condiciones sociales. Por eso ellos dicen que no pueden ni deben someterse a una evaluación. Pero, en medio de eso se queda la gran incógnita respecto a cuál es su desempeño en la parte –así sea mínima– de la que ellos sí son responsables respecto a la educación de los niños que se encuentran en condiciones de pobreza.

Ahora bien, ¿cómo pretenden “incluir” esas condiciones sociales en una norma educativa estatal? Parece sencillo si se pone como un antecedente, pero no como una justificación. ¿Pretenden con ello seguir evadiendo las responsabilidades? ¿O es que la ley educativa también la quieren convertir en una ley de desarrollo social y humano que siente las condiciones para obligar al Estado a que combata la pobreza en esos lugares donde la educación no puede ser evaluada por los condicionantes sociales y económicos que existen?

Consensos falsos

El único consenso que existe es un gran pacto entre los grupos de influencia de la Sección 22 y el gobierno estatal. No hay más. El consenso es una mentira porque ellos no están haciendo nada por voluntad (de hecho, por voluntad sólo se están resistiendo), y al final, les guste o no, lo único que les queda es ajustarse a la norma federal. No hacerlo es convertirse en blanco de otra controversia constitucional. Pero, quizá defender sus intereses bien valga la pena intentarlo.

Zócalo, Sección 22. Foto: Marysol

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