(www.eloriente.net, México, a 03 de diciembre de 2015, por Alejandro Cruz Pimentel).- El transitorio quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el día 04 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF); estipula que las legislaturas de las entidades federativas tendrán un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del decreto, para armonizar las leyes relativas, conforme a esta Ley. A casi 7 meses, en Oaxaca no se vislumbra un ejercicio legislativo por parte del Congreso local, un verdadero espacio de debate y discusión.
Los congresos locales están sometidos a la norma constitucional, es falsa la idea que han establecido a los y las oaxaqueñas en su modo de legislar, de que lo pueden hacer o no, de que pueden dejar pasar el tiempo sin que haya consecuencias. Ya tomen en serio su papel y en este mes de diciembre en lugar de andar entregando apoyos entreguen buenas leyes. El revolcón que les ha proporcionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de avergonzarse y tomar en serio su labor legislativa. Su desaseo en la manera de legislar en contra del texto constitucional ha sido notoria. Su inacción en las reformas constitucionales ha hecho que queden a deber ante el Congreso de la Unión la aprobación de varias de ellas, han preferido hacerse un lado. También la armonización de leyes generales.
Su actividad tiene límites señores y señoras. Las leyes generales son el vehículo normativo para acatar la norma suprema, no dejen de cumplir un mandato constitucional, la ley general es reglamentaria del artículo 6º Constitucional y de observancia general en toda la república, pero sobre todo, para garantizar el derecho de acceso a la información pública.
En ese sentido, apremia la armonización de nuestra ley estatal de acceso a la información con la mayor socialización posible y no, como es su regla, con un ejercicio atropellado, legislado en horario nocturno y sometido a presiones partidistas y de falta de tiempo.
Oaxaca no es ínsula, pertenecemos al pacto federal, por lo que exigimos legislen a favor de este derecho ciudadano. Esta ley general tiene grandes bondades que le hacen falta a Oaxaca. Entre ellas, se amplía el número de obligaciones comunes para todos los sujetos obligados; se establece la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia; se señala que los partidos políticos serán sujetos obligados directos; se propone mejorar el procedimiento de selección de los comisionados para que exista la participación ciudadana y académica; el órgano garante tendrá la facultad de imponer medidas de apremio; se contempla promover en programas educativos este derecho; el órgano garante tendrá la rectoría de una política de transparencia proactiva, la información de interés público debe publicitarse; y la prerrogativa de los ciudadanos de interponer ante el INAI, recurso de inconformidad contra las resoluciones que emita el órgano garante local.
Como se podrá observar, viene con grandes avances la ley general para quitar la discrecionalidad a los servidores públicos que traen desde su formación profesional, el paradigma de la opacidad. Y por otra parte, mejorar las capacidades de especialización del órgano garante, esta vez, nos volvieron a “tomar el pelo”, tomaron por asalto los puestos intermedios para sus recomendados consanguíneos.
El Instituto de Acceso a la información Pública del estado de Oaxaca, ya les envió su iniciativa de esta ley. Es hora de ponerse a legislar en serio.
El Colectivo por la Transparencia, un espacio de varias organizaciones de la sociedad civil, puso en marcha el proyecto – #ArmonizaTuLey – para monitorear la armonización de las leyes de transparencia en las entidades federativas. A estas fechas solo tres estados lo han hecho: Coahuila, Jalisco y Querétaro. Con iniciativas en los congresos están: Baja California Norte, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Oaxaca y Chiapas. El resto aún sin saber qué hacer.
¡Vamos pastores, vamos!
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