eloriente.net

4 de agosto de 2016

Por Tomás Alejandro González

Desde 1975, -durante el gobierno del entonces presidente Luis Echeverría-, el Estado mexicano no se había encontrado en una coyuntura de crisis tan profunda, causada por la complejidad política, social y económica.

Hoy, el sistema político mexicano es débil debido a la falta de mecanismos institucionales en los que se procese el conflicto y problemáticas sociales de forma efectiva y transparente. Los retos y desafíos de los gobiernos en México en los tres ámbitos de gobierno son múltiples, diversos y profundos en muchos frentes; mientras que el contexto internacional es adverso.

Aunado a ello, y en buena parte a causa de la oposición de la CNTE -mediante el uso de mecanismos y acciones de presión constantes y masivas- a los cambios constitucionales y normativos en el ámbito del sistema educativo mexicano. Incuestionablemente el Estado mexicano se encuentra hoy en la crisis institucional más severa desde 1975, misma que puede ser peor, las tendencias apuntan hacia esa dirección.

Ante la falta de capacidad para hacer valer la ley (y la fuerza), los tres poderes de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Tamaulipas (por otros motivos), respectivamente, han sido rebasados en sus capacidades institucionales e incluso en sus facultades meta-constitucionales, mientras que el gobierno federal administra el conflicto y negocia con la disidencia magisterial sin obtener soluciones definitivas, ni satisfactorias para la sociedad y ciudadanía en general.

Todo ello en marco de una corrupción cotidiana en los gobiernos estatales y municipales, en los tres poderes de todo el país. La exigencia última de la disidencia magisterial de “abrogar la reforma educativa” es solo la fachada de este y otros grupos de presión para tomar por asalto al poder.

Mientras tanto, las confederaciones patronales y organismos empresariales han empezado a actuar en contra de los titulares del poder Ejecutivo federal y de los ejecutivos de algunos estados de la República. ¡Algo no visto desde mediados de la década de 1970! Entonces, grupos guerrilleros secuestraron a personas que a su juicio eran parte de ciertas élites o simples herramientas de negociación frente al Estado. El intento de secuestro y asesinato del empresario Eugenio Garza Sada lo cambió todo. A raíz de dicha coyuntura se conformó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), provocando la consolidación y fortalecimiento del sector privado en México como grupo legítimo de presión.

La presión patronal-empresarial y de algunos grupos de la sociedad civil -sin dejar de lado posibles presiones de algunos grupos de interés en los Estados Unidos- apresurarán el momento de catarsis del Estado mexicano y su sistema político. Es inevitable.

No habrá solución hasta en tanto no exista más ciudadanía -en cantidad y calidad-, y ésta no se genera espontáneamente, es y será un proyecto generacional que requiere de la suma de las voluntades individuales desde el seno familiar de los mexicanos. Lo que sí puede haber son nuevas herramientas de control y gestión institucional que mermen y desincentiven los actos de corrupción y la consecuente impunidad de grupos de poder, partidos políticos y grupos de presión que maman del Estado al mismo tiempo que disminuyen su capacidad (lo cual afecta en mayor proporción a las poblaciones más vulnerables, sacrificando calidad de vida de la clase media).

Mientras tanto, al menos cuatro procesos electorales locales -a efectuarse en 2017- iniciarán en diversos estados del país. Los aspirantes, grupos de presión y diversas fuerzas vivas trabajan y se preparan para lo que se avizora más como una disputa y asalto al Poder -Ejecutivo federal- en 2018, que para una elección democrática.

Hasta entonces, los indicadores y tendencias económicas reducirán considerablemente su ritmo de crecimiento, la pobreza se agudizará, la desigualdad se acentuará, y el poder de compra de los consumidores mexicanos mermará. La banalización de la violencia y la indiferencia florecerá.

La crisis se debe a que el actual sistema político-económico-social, dejó de ser funcional en aspectos fundamentales que garantizaban control, dominio y, en suma: la gobernación del territorio. Es el mexicano un sistema político rígido y poco dinámico, construido a partir de pactos y cesiones entre elites locales, tradiciones de caudillos y de la administración de clientelas, más parecido al actual modelo ruso, que a un modelo “democrático”.

Las alternativas se reducen a: I). La administración de la mediocridad (céteris páribus) o que todo permanezca bajo las inercias del día a día; II). La aceleración y renovación -en el corto y mediano plazo- de los cambios institucionales y élites políticas; o III). La implantación de un régimen autoritario con cesión de libertades a cambio de control social con vista en desarrollo económico y social (similar al modelo actual de control chino, pero tropicalizado) mediante una guerra civil o pactos cupulares.

La calidad de la democracia en México siempre ha sido puesta en tela de juicio y nunca ha dejado satisfecho a nadie. Quizá sea tiempo de introducir en la discusión pública otras alternativas. La paradoja es que en México se desea más democracia y mayores libertades, pero el precio para conseguir ambas parece ser -entre otras cosas- una fuerte dosis de autoritarismo.

*Politólogo por la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca,

@alejandroglz

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