Por: Adrián Ortiz Romero
- En el norte, criminales; aquí la “lucha social”
Erróneamente, muchos mexicanos interpretamos el término “crimen organizado” únicamente como sinónimo de narcotráfico, cuando en realidad éste implica todas las actividades que pueden estar al margen de la ley, y que pueden ser realizadas y controladas a través del uso de la fuerza. Ahí radica justamente parte de la gravedad del problema que enfrenta el país, pues el Estado ha sido incapaz no sólo de frenar a quienes comercian con sustancias prohibidas, sino que también dejó otro conjunto de espacios que, en el centro y norte del país fueron acaparados por la criminalidad… pero que en zonas como la nuestra se encuentran en manos de “luchadores sociales” que hoy tratan de institucionalizarse a través del asalto al sector público.
En efecto, la muerte de Heriberto Lazcano —ocurrida el domingo a manos de elementos navales de la Secretaría de Marina Armada de México, en territorio del estado de Coahuila— vino a recordarnos el enorme efecto que la criminalidad ha tenido sobre nuestro país. “El Lazca”, es conocido en México por haber sido el fundador de Los Zetas, que primero fue brazo armado de un cártel criminal, pero que después se “independizó” y comenzó un proceso de diversificación hacia diversas actividades que ya no sólo implicaban el tráfico o venta de sustancias prohibidas.
De hecho, gran parte de la historia que ha construido el grupo criminal fundado por Heriberto Lazcano quedará de manera permanente en los anales de la historia, porque ellos son la representación del Estado fallido, con el que importantes sectores estadounidenses y de la comunidad internacional calificaron hace apenas un par de años a México, por considerar que su gobierno estaba imposibilitado para garantizar las condiciones mínimas de gobernabilidad y de legalidad (el Estado de Derecho, pues) en favor de la ciudadanía.
¿Por qué Los Zetas son la cara escondida del Estado Fallido? Porque ellos llegaron no sólo a sembrar el terror y la violencia en nuestro país, sino que también, y sobre todo, asumieron el control en una enorme cantidad de actividades en las que el Estado por alguna razón no había querido involucrarse, o que le habían sido desdeñosas para sus intereses.
Por eso, ese cártel criminal se ocupó no sólo de la transportación de sustancias prohibidas, sino también del control de las “plazas” más importantes para su comercio al mayoreo y menudeo, el tráfico de personas, la venta de protección a todo tipo de actividades que se encontraban en el límite de la legalidad (giros negros, piratería, etcétera) e incluso la abierta extorsión a personas y comercios que eran considerados como de gran capacidad económica en diversas regiones del país.
Según los hechos ocurridos en estos años trágicos que ha vivido nuestro país, claramente puede verse que grupos criminales como el iniciado por Heriberto Lazcano no nacieron simplemente por la voluntad, el ingenio o la capacidad criminal de un puñado de personas, sino que esencialmente lo hicieron cobijados por la impunidad promovida desde el Estado, y desde su incapacidad para mantener el control de todas las actividades, de todas las regiones y de todos giros en los que se mueve la economía nacional.
Si se dice con razón que el poder nunca deja espacios vacíos (porque todos son ocupados por éste, independientemente de que sea un poder legitimado y legal, o no), entonces el poder que dejó de ocupar o que perdió el Estado, en el centro y norte del país fue ocupado por los grupos criminales que vieron el espacio de oportunidad y lo tomaron, y ocuparon la fuerza para afianzarse, y finalmente terminaron disputándole al poder público esas actividades que hoy son controladas casi por completo por la criminalidad en grandes regiones de la República Mexicana.
OTRO ESTADO FALLIDO
En Oaxaca nunca se ha tratado de ocupar el término de Estado fallido para conceptualizar la incapacidad que ha mostrado el Estado y su gobierno (el local) para hacer valer el Estado de Derecho y para demostrar que ellos son quienes tienen la potestad de la fuerza, la soberanía y la capacidad de hacer valer sus determinaciones independientemente de que los particulares estén o no de acuerdo con ellos. Pero seguramente si se tratara de utilizar, no sería muy complicado dar con un conjunto de condiciones que generarían cierta percepción de que, en efecto, aquí hay un Estado incapaz de hacer valer sus potestades públicas mínimas.
¿Por qué hablar de esas incapacidades? Porque en Oaxaca, como en el país, existen poderes fácticos que tomaron posesión de un enorme conjunto de actividades (lícitas, marginalmente lícitas o, de plano, ilegales) que por alguna razón dejaron de estar en el marco de atención del Estado y que quedaron en el vacío que, aquí no sólo podrían haber ocupado grupos criminales, sino también grupos de lucha social que hoy, sin ningún problema, disputan palmo a palmo la potestad de esas actividades tanto al Estado como a los grupos violentos que en otras ciudades de la República, son años y señores indiscutibles de esos territorios.
En Oaxaca muchas actividades marginalmente legales están en manos de luchadores sociales. ¿No gran parte de las actividades comerciales que se desarrollan en los parques y zonas ocupadas ilegalmente por organizaciones de supuesta lucha social, son las mismas que en otros lados controlan los grupos criminales, y por los cuales cobran, secuestran, matan, extorsionan, saquean y queman?
Aquí en realidad la situación parece ser más grave, porque aquí la lucha social parece estar institucionalizada y plenamente aceptada por la sociedad y el gobierno, que no sólo ya no se sorprenden por su proceder violento y delirante, sino que incluso las legitiman al darle calidad de interlocutores y negociar beneficios con ellas. Al igual que la criminalidad en nuestro país, aquí la lucha social tiene asolada a la ciudadanía, tiene arrodillado al gobierno y tiene subyugados a todos aquellos que posiblemente podrían ser los contrapesos de esos grupos.
¿PARA DÓNDE MOVERSE?
El problema no radica sólo en que un grupo se mantenga en el poder indefinidamente, sino en lo que pueda hacer el Estado, o dejar de hacer, para que éste se sostenga. En el ámbito nacional, el Estado es cómplice de los criminales porque están lejos de aplicar fuerza real para combatirlos. Aquí estamos peor, porque la lucha social no sólo no se acota ni se recompone, sino que se premia y se consolida tal y como se ejerce. Es una realidad agobiante.
