eloriente.net

17 de enero de 2013

90 días de plazo para cumplir acuerdos. Ese es el plazo que fijaron ayer gobierno estatal y concesionarios del transporte público para, entre otras cosas, implementar el mejoramiento de las unidades, seguridad y confort para usuarios, además de un nuevo esquema de rutas, itinerarios, frecuencias, horarios, paradas y condiciones del servicio.

Un paso adelante que, sin embargo, no puede ser un paso en falso. Las condiciones del estado y la zozobra en la opinión pública no están para recibir un portazo más. De hecho, tanto autoridades como concesionarios deben saber que se están jugando mucho con este acuerdo, incluyendo su poca o mucha credibilidad.

Este tema convoca una gran cantidad de voces y opiniones, pero provoca consensos. Y es que el transporte público es parte de la canasta básica de necesidades colectivas y por ello importa sin mirar historias o colores. El transporte público no es un tema o rubro que solamente atañe a los concesionarios y a sus intereses.

Por ello, es necesario que el acuerdo, el proceso de cumplimiento del acuerdo y la evaluación final de sus alcances han de ser observados con lupa por parte de la población. En esto se incluye el manejo de los cerca de 300 millones de pesos del Fondo Oaxaca puestos a disposición de los empresarios para, según se anunció, la renovación de las unidades en mal estado, cosa por lo menos polémica e inexplicable. Incluye también el diseño y planeación de las rutas, su implementación y operación. Incluye, y en eso los usuarios directos tienen mano, la capacitación y depuración del personal que opera las unidades, mismos que no en pocas ocasiones carecen de controles de confianza y hasta de licencia de manejo.

Los ciudadanos debemos tomar en este sentido una responsabilidad: ser observadores y colaboradores del proceso, pero al mismo tiempo denunciantes de cualquier síntoma de desvío, falta de cumplimiento o abuso por parte de cualquiera de las partes.

El acuerdo, si bien no incluyó a los ciudadanos (no puede decirse que esas instancias o asociaciones participantes representen a la sociedad civil), es un acuerdo público y por lo tanto importa a todos sin exclusiones. Así que el propio acuerdo nos convoca a vigilar, demandar y cooperar para que todos los puntos signados vean su reflejo en la realidad, en un mejor servicio público, más seguro y más eficiente.

Por los medios que se prefieran los ciudadanos debemos en este caso particularmente hacer oír nuestras voces. @El_Oriente (nuestra cuenta de twitter, o nuestro Facebook: EL ORIENTE, están a disposición de todas y todos para se publiquen observaciones, imágenes o documentos que impliquen un seguimiento puntual de este proceso. Los medios debemos, como nunca antes, propiciar un vuelco hacia la libertad de expresión y la exigencia ciudadana.

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