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14 de marzo de 2013

Si desde ahora buscan todos los medios y herramientas para torcer la ley y evadir la sanción, ¿de qué serán capaces una vez que puedan acceder a un cargo público, a una diputación local o a la propia presidencia municipal?

Esta es una pregunta válida que cualquier ciudadano puede hacerse ante la actitud mostrada por diversos aspirantes a un cargo de elección popular en Oaxaca que, lejos de resultar ejemplar y correspondiente con nuestro tiempo, resulta bravucona y sobrada: como no hay sanción o si la hay es mínima o atacable, entonces demos rienda suelta al abuso y a la mordaz competencia.

En efecto, los aspirantes se han olvidado del hecho fundamental de la ética en la competencia electoral y en el ejercicio de sus derechos políticos. Y lo han olvidado porque en general el juego de la política local está inmerso en un nivel de franco deterioro.

Han sido pocos los aspirantes que han mostrado ideas, propuestas, programas que avalen su legítima intención; aunque esta circunstancia no es privativa sólo de este proceso.

Lo que es más grave es que también han sido pocos los que han hecho un ejercicio autocrítico de sus trayectorias y métodos.  Con toda sinceridad, uno ya se encuentra con que la generación entera de políticos de nuestro tiempo se cree con merecimientos de acceder a un cargo de representación y, lo que es peor, a presionar por todas las vías para conseguirlo, aún a costa de proceder con tremenda irresponsabilidad y en perjucio de la propia población.

Debe quedar claro que legal y constitucionalmente todos tenemos el derecho de aspirar a un cargo. Sin embargo, por ética y verguenza pública, cosa que no necesariamente se enumera gramaticalmente en la ley, debe (subrayamos ‘debe’) ser primero el propio aspirante el que subraye sus propias limitaciones y merecimientos, movido por intereses auténticos y no por circunstancias económicas o de grupo.

Ambas cosas: la evaluación de los propios merecimientos y la forma y método con los cuales se conducen, son aspectos que algunos de ellos están dejando de lado, pero que estamos seguros que la propia población nota, se da cuenta y, en su momento, ha de sancionar en las urnas.

Debemos entender que estamos en presencia de un electorado cada vez más experimentado en estas lides y que ahora cuenta con la certeza de que puede sancionar a través del voto, cambiar, rectificar, aleccionar. Hay que comprender que el electorado es adulto y que nada lastima más a las y los ciudadanos que el insulto a su inteligencia.

Por estas razones, los aspirantes y en su momento los candidatos deben comprender que ´torcer la ley´es un mal juego, mediante el cual seguramente podrán crecer en sus niveles de conocimiento público (pues, como se dice arriba, los propios merecimientos suelen ser limitados), pero que no ayudarán demasiado en términos de credibilidad y profundidad de imagen.

Quien insulta la inteligencia de las personas mediante triquiñuelas, seguramente recibirá su merecido en las urnas.