Por: Adrián Ortiz Romero

+ Tema lejano, pero modificación trascendente

De todas las reformas que se plantea el gobierno de la República para este y los próximos años, quizá la que menos entendemos es la de Telecomunicaciones. Ese, que parece ser un tema tan técnico y alejado de nosotros, en realidad es uno de los que tenemos más al alcance de la mano y que puede marcar amplias diferencias entre el ahora y el mañana respecto a precios, servicios y calidad en quienes prestan el servicio. Por eso esta reforma es importante y debemos irla comprendiendo. En efecto, cuando hablamos de telecomunicaciones fundamentalmente debemos entender que esto incluye los sistemas de radio, televisión, telefonía e internet. Aunque muchos suponemos que estamos a la vanguardia con sólo tener una BlackBerry, un iPad, cable, Sky o telefonía e internet permanente en casa, en realidad estamos equivocados. México es uno de los países que menos ha avanzado en cuanto a la regulación de las telecomunicaciones. Y por esa razón, en ese sector, estamos llenos de prácticas monopólicas y abusivas que generan sobreprecios, mal servicio y poquísimas posibilidades de que los usuarios optemos por contratar un servicio distinto al que tenemos.

Por ejemplo, en México tenemos uno de los sistemas de telefonía fija y móvil más caros del mundo; tenemos también, y en general, un internet de pésima calidad, que además es costosísimo y que brinda nulas seguridades respecto al servicio que se presta en otros países, en donde el internet es mucho, pero mucho, más veloz, que nunca “se cae” y que es accesible a precios mínimos comparados con los de México. Por si algo faltara, la transición a la radio digital es prácticamente nula en nuestro país. Y en el caso de la televisión tenemos problemas de competencia feroz entre las únicas dos cadenas de televisión abierta, y a su vez entre éstas y los operadores que intentan ofrecer servicios alternos en la televisión de paga. Es, pues, algo así como el peor escenario.

¿Qué busca la reforma? Abrir el mercado a inversiones extranjeras, para atraer a nuevos capitales y que así haya más competencia. Se aprobaron también nuevas reglas respecto a las prácticas monopólicas, se creó una Comisión Federal de Competencia Económica y un Instituto Federal de Telecomunicaciones (como órganos constitucionalmente autónomos) que tendrán más potestades en el sector, y se estableció la disposición de licitar dos cadenas más de televisión abierta, para que también en ese sector haya más competencia.

Algo que es importantísimo, y que en su momento estuvo a punto de entrar en operación a través de la llamada Ley Televisa, tiene que ver con el establecimiento de un nuevo mecanismo para el otorgamiento de concesiones. Antes el otorgamiento de éstas eran una facultad discrecional del Presidente de la República. Pero ahora, las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones podrán ser para uso comercial, público, social y privado, serán otorgadas mediante licitación pública y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final.

En ningún caso, dice el decreto, el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones a instituciones y entes públicos se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa.
Y en uno de los transitorios de la reforma, se estableció En un plazo no mayor a 180 días naturales, expedir las bases y convocatorias para licitar nuevas concesiones de frecuencias de televisión radiodifundida que deberán ser agrupadas a efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional

MUST CARRY, ¿QUÉ ES?
La discusión de la reforma se atoró en la polémica sobre los términos en que estaría plasmada en la ley una figura que para muchos de nosotros es totalmente desconocida: el llamado “Must carry”, que venía acompañado del también conocido como “must offer”. ¿Qué significan esas denominaciones y qué impacto tienen para la reforma constitucional y para los servicios que nosotros recibimos como consumidores de servicios de televisión abierta y de paga?

Sobre esto, en un artículo publicado el pasado jueves en El Universal, Irene Levy señalaba lo siguiente: “Must carry, es la obligación a cargo de los sistemas de televisión restringida (de paga) de transmitir las señales de televisión abierta por medio de sus redes. Must offer, se refiere a la obligación de las empresas de televisión abierta de permitir que sus señales sean transmitidas a través de los sistemas de televisión restringida, bajo términos y condiciones no discriminatorias”.

¿Por qué algo que parece tan simple estaba generando tantos problemas en la discusión legislativa? Porque aunque creamos que esa “regla de reciprocidad” es obvia, lo cierto es que en México ese asunto tenía una regulación bastante anticuada. En ese sentido, y siguiendo el texto de Levy, se afirma que en México, la Ley de Derechos de Autor establece el derecho a los organismos de radiodifusión (ojo) de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones; lo que le costó, por ejemplo, la salida del mercado mexicano a la empresa Direct Tv, pues no le permitía Televisa retransmitir sus señales.

Actualmente, Televisa y TV Azteca lo permiten, pero cobran a las empresas de televisión de paga, una cuota por usuario, por la retransmisión de sus canales. Por eso, por ejemplo, en sistemas como Dish México (que es producto de una alianza entre MVS y Telmex) no se transmiten los canales de Televisa y Tv Azteca, esencialmente porque Telmex, a través de Telcel, ha limitado la participación de la alianza Televisa-Azteca en la telefonía móvil (Iusacell tiene presencia muy reducida); y éstos le han vedado a Telmex la posibilidad de competir en los sistemas de televisión de paga, a través del bloqueo de sus señales y de todas las filiales de empresas de televisión por cable, que son propiedad de Televisa.

LA REFORMA

Según parece, y siguiendo el texto de Levy al que hemos aludido, a iniciativa resuelve muy bien este tema, pues establece que el must carry y must offer deben ser gratuitos, con la salvedad de que se encuentre involucrada una empresa —de televisión o telecomunicaciones— que sea dominante; es decir, que tenga más de 50% de usuarios, caso en el cual no se beneficiaría de la gratuidad. Es una forma más de acotar a Telmex, pero de generar competencia. Veremos mucho sobre esto. Es cuestión de que la reforma se consolide y sea finalmente elevada a rango constitucional.