Por: Adrián Ortiz Romero

+ Inconformarse no debe someter a la educación

Hoy es claro que son dos frentes distintos los que ocurren alrededor de la lucha magisterial, pero que uno y otro se confunden recurrentemente para justificarse, satanizarse o desvirtuarse de su forma y dimensión original. Una es la lucha política, en la que los profesores de Oaxaca, Guerrero y Michoacán están librando una batalla que, al menos para ellos, es formidable; y la otra es la lucha educativa, en la que su posición es francamente insalvable. Si ellos pudieran separar esas vertientes, el resultado sería magnífico. El problema es que la lucha educativa está sometida por completa a la batalla política. Y eso los hace impresentables.

En efecto, es necesario distinguir esas dos vertientes. Pues en la lucha política, la justificación que encuentran los profesores de esta y otras entidades para inconformarse con la reciente reforma constitucional a los artículos 3 y 79, relacionados con la educación, es que ellos están en contra de la privatización de la educación; que están en contra de que sus derechos y conquistas laborales sean canceladas, y que buscan mejores equilibrios y condiciones para preservar su independencia y su libertad de conciencia y trabajo como encargados de la educación.

En cuanto a la lucha educativa, los profesores aseguran que su resistencia se basa en la defensa de la educación, de las diferencias existentes entre las distintas regiones del país, en que buscan atajar los procesos de homogenización y aculturación de los niños y jóvenes que pertenecen a comunidades indígenas; y, en resumen, que luchan por una mejor educación. El problema es que ese ha sido su mismo argumento en los últimos treinta años. Y que aún con eso, con lo que han conseguido, y con las conquistas que hoy tienen en la bolsa, Oaxaca, Michoacán y Guerrero continúan teniendo los mismos índices deplorables en cuanto a aprovechamiento y calidad de la educación.
En cuanto a la lucha política de los profesores de Guerrero y Oaxaca ante la reforma educativa, Luis Hernández Navarro apuntaba hace unas semanas en el periódico La Jornada que “La estrategia presidencial no toma en cuenta que éste no es un movimiento magisterial como el de otros años. Es novedoso, es de otro tipo, puede durar meses. La rabia y la irritación han crecido como nunca. Los maestros saben que lo que está en juego es el futuro de la educación pública, su permanencia en el empleo, su dignidad profesional, es decir, su vida misma. A los profesores les da pavor la posibilidad de perder su trabajo. Y no le creen al gobierno y a los partidos cuando aseguran que esto no va a suceder. Menos aún, con la oprobiosa campaña en su contra que ha desatado la derecha empresarial.”

En otra parte de ese texto denominado “El retorno de la primavera magisterial” (que puede ser consultado en http://www.jornada.unam.mx/2013/04/09/opinion/021a2pol), para justificar la lucha política que estaba aún por venir desde el magisterio, Hernández Navarro apunta que “las acciones de rechazo a la contrarreforma educativa apenas comienzan. La protesta no es un capricho. Aunque no se comprenda en la opinión pública, los profesores tienen razones sólidas para oponerse a la nueva norma. Guerrero es, apenas, el primer round en estas jornadas de lucha. Cada estado definirá cómo se incorpora a ella.”

Y remata diciendo que en abril de 1989 estalló la “primavera magisterial” que terminó derrocando a Carlos Jongitud Barrios, pero que fue controlada por el gobierno federal a través de la apertura de canales de diálogo; y recomienda que ante este crecimiento de la revuelta magisterial, el gobierno no le declare la guerra al magisterio y, mejor, “abra las puertas de la negociación”.

¿Por qué abrir las puertas de la negociación? Porque según quienes defienden la vertiente política de la lucha del magisterio, esa es la solución para terminar con las protestas. Es decir, algo así como que les den todo, a cambio de la paz. ¿Cuál es el problema? Que esa necesidad tendría que ser atendida sin ningún reparo por el gobierno, si los profesores exigieran mejores salarios o mejores condiciones, e incluso el sostenimiento de sus privilegios, demostrando que con ellos han entregado resultados excepcionales a la educación, o que por lo menos su trabajo se encuentra en la medida de lo aceptable.

LUCHA NO CORRESPONDIDA

El problema es que nada de eso es así. Y, en contraparte, la lucha de los trabajadores política de la educación se ve opacada, e incluso moralmente cancelada, cuando sus resultados se ponen a contraluz, y se repara en que ellos mismos no se sienten responsables, o al menos en parte, de ese fracaso educativo.
Sobre esto, Miguel Carbonell, hace algunos apuntes que deben ser tomados en consideración. Apunta, en un artículo publicado el pasado jueves en el periódico El Universal, que “esos maestros dicen que luchan para evitar que la educación se privatice, pero lo que ellos hacen es mucho peor. En Oaxaca el chantaje magisterial al gobierno no lleva uno o dos años: lleva más de 30. Lo que menos han hecho en tantos años esos maestros es elevar el nivel de sus educandos y ofrecerles una opción educativa pública de calidad. Por el contrario: todas las evaluaciones disponibles señalan que los niños de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán tiene un nivel educativo similar o inferior al que tienen los niños de países africanos.

Nuestros niños peor situados se encuentran a una distancia no de años, sino de siglos respecto al nivel que hoy tienen los niños en la delegación Benito Juárez en el DF, o en el municipio de San Pedro Garza García en Nuevo León (que son los dos localidades que sobresalen en su desempeño educativo). Unos y otros comparten nacionalidad y viven en el siglo XXI, pero para unos la educación es como de tiempos de la colonia, mientras otros reciben una formación que los está preparando para ser ciudadanos exitosos en nuestro mundo global.”

¿QUÉ HACER?
La opción, según parece, no está en seguir sentándose a negociar con ellos, porque lo que piden sigue siendo un todo a cambio de nada. Los resultados están a la vista, y no son cuestión de un mero linchamiento para menguar las razones de su lucha. Ellos tendrían todo el derecho de exigir la preservación de sus logros y privilegios si a cambio dieran mejores resultados. Ellos han tenido todo, pero se resisten a asumir responsabilidades. Ese es el problema. Grave desde donde se le vea.