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28 de mayo de 2013
La región de Valles Centrales del magisterio marcha este medio día para exigir la liberación inmediata de sus compañeros detenidos y «en contra de la criminalización de la protesta social». Hay que recordar que esos compañeros referidos, junto con otras personas más, fueron detenidos como presuntos responsables del delito de secuestro de dos menores de 15 y 12 años, como lo informó el pasado 19 de mayo el Subsecretario de Gobernación del Gobierno Federal, Eduardo Sánchez.
En total, son 12 las personas detenidas, de las cuales 5 están vinculadas al magisterio.
La Sección 22 sostiene que se trata de criminalizar la protesta social. Por ejemplo, la profesora Norma Cleyver Cruz pidió un alto a los engaños y «exigió a el cese a los medios de comunicación que se han encargado de estar denostando la movilización que es netamente del pueblo». Responsabilizó a los empresarios «de pretender derivar (sic) al movimiento, porque no hayan (sic) forma de silenciar al Movimiento magisterial», según lo detalla el órgano de difusión Combativo del Magisterio.
Allí, el C. Gregorio Gallardo, padre de Damián Gallardo, uno de los detenidos, menciona: «A mi hijo lo aprehendieron a la 1:30 de la mañana del día sábado 18 de mayo en su domicilio sin orden de aprehensión, llevándolo directamente a la ciudad de México y de ahí a Guadalajara donde uno no los puede visitar, ponen como obstáculo varios requisitos para poderlo visitar, lo hicieron firmar en papel blanco donde aceptara muchos delitos como lo acostumbra el gobierno».
Ante esta circunstancia, la Sección 22 se moviliza con protestas en Oaxaca y en el Distrito Federal, toma de oficinas y comercios públicos.
Sin embargo, parece que la dirigencia de la Sección 22 y las y los profesores que efectúan estas protestas se han olvidado de una perspectiva justa y ecuánime:
¿Qué dirían si los menores víctimas del secuestro hubieran sido hijos suyos? ¿Si con 12 y 15 años un grupo de personas les hubiese privado de la libertad y encerrado por cerca de 4 meses en una cisterna? ¿Protestarían igual?
Esta perspectiva debe ser analizada por los profesores de a pie que efectúan en estos momentos sus movilizaciones, quienes deben tomar decisiones si participar o no en las protestas. No hay que olvidar el bien jurídico que en este caso se trata de proteger: la libertad y la vida de dos niños.
Si han tomado en consideración esta perspectiva y aún así están completamente seguros de la inocencia de este grupo de 12 personas presuntas responsables de dicho delito, entonces es viable y procedente realizar las protestas. De hecho, el equipo jurídico del movimiento debería presentar argumentaciones que puedan provocar una duda razonable en el sentido de que los acusados son inocentes.
Es verdad que es la autoridad federal la responsable de probar la responsabilidad de los acusados. Ha presentado armas, vehículos y 1701 cartuchos para ello. Pero lo más importante, presentó con vida a los 2 niños secuestrados y describió las circunstancias y señas de su captura y de sus captores.
La Sección 22 tendrá que ser mucho más convincente en sus argumentaciones en este caso. La razón es clara: se trata del secuestro de 2 niños y la sociedad exige justicia por la privación de su libertad y por el daño que se les infringió.
En pocas palabras, deben comprender que la sociedad está a favor de los niños, no de los captores.
Si el magisterio está convencido de que los profesores y el resto de los integrantes de la banda son inocentes, entonces deberá echar por tierra mediante el procedimiento correspondiente las acusaciones federales. Pero no es mediante marchas como ha de lograrse. Esos métodos ya deben pasar al baúl de los recuerdos pues carecen de legitimidad social. Ya pocos los consideran como modos de presión eficaces. Si no reculan, están provocando una polarización aún mayor de la opinión pública en su contra pues ninguna autoridad podría justificar la liberación que solicitan, a menos que hubiese argumentos sólidos para ello.
Lo que debe considerar el magisterio, finalmente, es que no debe entrar en un callejón sin salida en este caso pues, en el fondo, también ellos deben compartir la premisa: si son culpables, que se les castigue sin privilegios de ninguna clase.
Foto: Emanuel balanzategui, Algunos derechos reservados.
