Por: Miguel Carbonell

En México hay 3,730,232 personas inscritas en algún centro universitario. Eso significa que, como país, tenemos una cobertura educativa a nivel superior del 32%. Casi uno de cada tres jóvenes de entre 19 y 25 años ha formado, forma o formará parte de una universidad en calidad de alumno.

En números cerrados, tenemos dos millones y medio de estudiantes inscritos en universidades públicas y un millón 200,000 en universidades privadas.

La SEP tiene registradas 3,478 instituciones educativas que imparten cursos de nivel licenciatura. Llamarlas a todas universidades quizá sea exagerado, pero lo cierto es que (bien, regular o mal) permiten que los estudiantes obtengan un título académico que los habilitará para elejerciciode una profesión.

Una de las carreras con más estudiantes es la de Derecho. En ella están inscritos (son datos del primer semestre de 2013, que fueron proporcionados al autor por funcionarios de la SEP) 276,352 estudiantes. Son 975 instituciones las que imparten la carrera de Derecho, las cuales lo hacen a través de 1,597 distintos programas.

Del total de estudiantes de Derecho que hay en el país, 88% están inscritos a nivel licenciatura, 5.4% a nivel maestría y 0.85% a nivel doctorado. El resto estudia alguna variedad de posgrado distinta de las mencionadas (pueden ser diplomados,cursosde especialización, cursos de capacitación impartidos por instituciones públicas, etcétera).

¿Son demasiados estudiantes en la carrera de Derecho? ¿Habrá en el futuro trabajo bien remunerado para todos? ¿Se trata de una opción profesional que todavía sigue valiendo la pena?

Por razones obvias de índole profesional, me consta que hacen falta en México muchos abogados. Mejor dicho, hacen falta muchos buenos abogados. Con frecuencia familiares o conocidos me piden que les recomiende un abogado para hacer frente a un problema mercantil, civil, penal, laboral o de alguna otra naturaleza. Me piden además que sea “de confianza”, para que no vayan a salir perjudicados por una mala asesoría o por falta de ética del abogado en cuestión. Casi siempre termino recomendando al mismo abogado o a dos o tres más.

No abundan los abogados en los que uno pueda confiar, que sean buenos en el litigio y cobren precios razonables. Y eso que yo conozco el medio jurídico y tiene forma de contactar con los mejores; ya me imagino la zozobra que siente un ciudadanos común y corriente, al momento de elegir a quien lo va a defender.

Pasa lo mismo cuando uno busca buenos abogados en el gobierno. Siempre terminan siendo los mismos quienes dictan buenas sentencias, redactan bien los contratos administrativos, defienden con firmeza al fisco o integran adecuadamente una averiguación previa. Y además hacen todo eso de forma honrada, sin ningún ánimo de obtener beneficios personales por medio de la corrupción.

Pese a que la sabiduría popular dice que “la corrupción somos todos”, conozco a varios funcionarios que, ejerciendo en el sector público su profesión de abogados,representan un modelode ética profesional y son completamente ajenos a la corrupción.

Por eso creo que si esos casi 300,000 jóvenes que hoy estudian derecho se preparan bien, les espera un futuro profesional brillante, lleno de buenas oportunidades en los sectores público y privado.

Pero para lograrlo deben volverse muy exigentes con las escuelas en las que estudian y con los profesores que les dan clase. Además, en buena medida deben volverse autodidactas, puesto que ni el mejor profesor es capaz de explicar en apenas un semestre o un cuatrimestre los conceptos fundamentales de cualquier materia jurídica.

El estudiante debe buscar por su parte más información y hacer un enorme esfuerzo para estar actualizado, dados los enormes cambios que día con día tiene el ordenamiento jurídico.

No todos los estudiantes de derecho lo van a lograr, no hay que engañarnos. Pero con que lo logren unos cuantos será suficiente, ya que con su preparación y esfuerzo podremos construir sobre bases mucho más firmes nuestro Estado constitucional de derecho.

Tener buenos abogados es indispensable para el desarrollo de un país, pues son actores fundamentales para lograr seguridad jurídica para las inversiones, para que se respeten los derechos laborales de patrones y trabajadores, para que no se destruya el medio ambiente mediante construcciones ilegales, para que no exista impunidad para quienes cometen delitos, para que los funcionarios corruptos sean debidamente sancionados…

En conclusión: México necesita más y mejores abogados, que tengan un firme compromiso con su país y que estén preparados para enfrentar los retos del presente y del futuro.