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25 de septiembre de 2013

Cuestionado por los derrumbes y deslaves en la Autopista del Sol luego de la tormenta ‘Manuel’, en cuya construcción participó la empresa ICA, misma que dirige, Alonso Quintana hizo dos declaraciones al diario El Universal:

1. «ICA participó junto con un consorcio en la carretera hace 20 años, más que errores había un tema de cierto presupuesto, de un programa que se tenía que seguir y se hizo lo mejor que se pudo con los escasos recursos y el escaso tiempo que se tenía para la carretera».

2. «Faltó planeación y ahí hubo fallas de varias entidades, pero se están corrigiendo y esto nos habla de lo importante que es planear bien y hacer más infraestructura».

Ambas son declaraciones no sólo desafortunadas, sino por el descuido con el que son registradas, denotan cierto desdén hacia la gente que ha sido afectada por la «falta de planeación» con la que se hizo la obra y, por supuesto, para el país entero.

También traducen mucho de lo que ya no quiere México: labores con mediano esfuerzo pero con mucha ganancia para muy pocas manos.

A partir de estas palabras y de esta especie de confesión de parte, seguramente muchos gobiernos y contratantes, lo menos que pueden hacer, es revisar a conciencia los tratos que efectúan con la empresa que, por cumplir un plan de obra, construye una autopista «lo mejor que se pudo».

Entre estos gobiernos y contratantes está el de Oaxaca y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues es esta misma empresa la que compró la concesión para la hechura de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, la que incluye la construcción, operación, explotación y mantenimiento del tramo de 104 kilómetros por un periodo de 30 años.

El supuesto es que esta vía reduzca a 100 minutos el viaje de Oaxaca capital a Puerto Escondido.

Y lo denominamos ‘supuesto’  porque ante la ausencia de diligencia del directivo, y se traduce de la empresa, cualquier cosa puede pasar hoy, mañana, o en 20 años, si de seguridad, planeación y daños a personas y vehículos se trata.

Es exigible por lo tanto que tanto el gobierno de Oaxaca como el federal, revisen minuciosamente los proyectos y trabajos que se efectúan aquí para asegurar las condiciones en que la empresa cumple sus responsabilidades.

Es lo menos que puede exigir la ciudadanía de Oaxaca.

Sin embargo, no es el único caso. Por mencionar dos más, mismos que deberán estar bajo la lupa por los tiempos de debate energético que vivimos: ICA Fluor, empresa en que participa ICA, ganó un contrato de compresión de en el Golfo de México por un monto aproximado de 110 millones, según informó Reuters apenas el 19 de septiembre pasado.

De hecho, Pemex anunció también este septiembre, el 22, la suscripción de un contrato para el desarrollo de aprovechamiento en la refinería Miguel Hidalgo de Tula, cuyo monto total es de 3,463 millones de dólares.

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