Reformas estructurales versus organizaciones civiles: Saúl Fuentes

eloriente.net/HUBOAXACA

16 de noviembre de 2013

Por: Saúl Fuentes Olivares*

Dice el refrán que si el río suena es porque agua lleva. Y parece que sí, cuando de las reformas propuestas en materia hacendaria y de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley antilavado) se trata, acerca de los efectos negativos que éstas tienen para las organizaciones de la sociedad civil u asociaciones civiles, autorizadas o no, como donatarias para emitir recibos deducibles de impuestos.

La propuesta de reforma hacendaria, como de la Ley Antilavado, tiene su antecedente desde 2007; a mediados de ese año en la gestión de Felipe Calderón se intentó eliminar los donativos deducibles de impuestos, y gravar los ingresos por los servicios que ofrecen las organizaciones civiles.

Dos razones centrales de estas propuestas, que desde 2007 se vienen impulsando y que nuevamente en esta administración de Enrique Peña Nieto se vuelven a asomar, tienen que ver con i) el peso político y social que este tipo de organismos representa para los distintos niveles de gobierno, los Congresos locales y Federal, y ii) pero sustentado en el primero, se fincan en la desconfianza hacia las organizaciones civiles aduciendo que son organismos propensos al desvío de recursos, cooptación, y financiamiento de campañas políticas.

Así, la propuesta de reforma hacendaria sugiere poner límites importantes a los donativos de personas físicas y de personas morales, desincentivando las aportaciones de la población a estos organismos civiles que, dicho sea de paso, han ganado terreno en la confianza de la gente, no por su “altruismo”, sino por el profesionalismo con el que hacen su trabajo y el impacto que tienen en la población. Y precisamente por este punto es que se intenta debilitar a las organizaciones civiles, afectando un elemento importante como lo son sus finanzas, y no permitiendo que los ciudadanos tengan otras opciones donde invertir socialmente sus recursos con mayores certezas que las que les otorgan los gobiernos con su uso poco transparente.

La nueva Ley Antilavado no debiera pasar el costo económico a las organizaciones civiles por la falta de procedimientos efectivos que eviten la generación de riquezas ilícitas y la corrupción eterna al seno del sector gubernamental; quieren distraer la atención incrementado las auditorias y acciones administrativas a las organizaciones civiles. Recuérdese que las organizaciones civiles donatarias son auditadas anualmente por despacho externo certificado, presentan un informe anual de transparencia a la SHCP, realizan un informe anual de ingresos, egresos y resultados a la Secretaría de Desarrollo Social como organismo civil, pagan los impuestos retenidos de ISR e IVA, presentan declaraciones informativas mensuales y anuales ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), y en algunos casos son auditados por despachos privados contratados por fundaciones nacionales o extranjeras que les donan recursos, y por si fuera poco presentan informes financieros y programáticos semestrales a cada uno de los donantes importantes, sean fundaciones, empresas o gobiernos, y tienen la obligación de manejar los recursos financieros en cuentas únicas para cada donante significativo.  Aún así hay quien se atreve a decir que las organizaciones civiles no rendimos cuentas ni somos transparentes.

Es innegable el peso político y social que tiene este sector. Pero es importante reconocer que las organizaciones civiles de todo el país no han sido capaces de agruparse sólidamente para ser un sector mucho más fuerte y de contrapeso, a pesar de su potencial. Entendible por la diversidad y pluralidad de expresiones civiles que existen lo que entraña una dificultad para agrupar a todas bajo un mismo organismo.

Cuando me refiero a lo político no me refiero a lo electoral, sino al trabajo de hilvanar políticas públicas sustentadas en la realidad social, desde el consenso y no de la imposición, de construir junto con el otro para el bien del otro, y donde la formación de sujetos sociales críticos, conscientes y participativos es primordial.

La desconfianza que se deja ver desde la Ley Antilavado de dinero por parte del Gobierno hacia las organizaciones civiles ofende, porque ya de por sí se sospecha del mal uso de sus recursos. En todo caso, deberá aplicarse parejo para todo el aparato gubernamental que vive del presupuesto público. ¿No son los políticos de nuestro país acaso los que cuentan con inmunidad desde el fuero que se les otorga, viviendo a costa del presupuesto, con un pésimo desempeño y sin prácticas transparentes ni rendición de cuentas que sí reclaman a sectores como el civil? ¿No son los partidos políticos quiénes viven de los recursos de los ciudadanos y obtienen recursos de dudosísima procedencia para sus campañas y actividades políticas? ¿Acaso no existen infinidad de gobernadores, diputados, senadores, funcionarios públicos que de la noche a la mañana acrecientan sus fortunas de manera irregular y que realizan declaraciones patrimoniales ridículas? ¿Acaso no está en proceso la nueva generación de riquezas inexplicables de la nueva administración y legislatura actuales?

¿O es qué debajo de estas reformas que presumen de atraer mejor recaudación y control de los recursos financieros, no tiene de transfondo un debilitamiento de la organización civil cada vez más pujante y en contextos sociales donde es notorio un hartazgo social?

*Fuentes Olivares. Es miembro de diversos organismos civiles de los estados de Oaxaca y México. Consultor especialista en desarrollo social y en sistemas de evaluación de impacto.

Foto:  Algunos derechos reservados por gerzo.gallardo

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