De un pájaro las dos alas, un artículo de Samael Hernández

eloriente.net

31 de enero de 2014

Por: Samael Hernández Ruiz

La prensa nacional dio la nota sobre la inconformidad de los trabajadores de la educación de Coahuila por el descuento que sufrieron a causa de la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR).[1] Algunos lectores se mostrarán sorprendidos de que los maestros coahuilenses protesten por algo que todos los mexicanos que recibimos ingresos pagamos al gobierno federal; lo que quizás pocos sepan es que los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no pagan ese impuesto de la misma forma en como lo pagamos los demás.

La razón de esta peculiaridad es que desde la modificación del esquema fiscal en el año 2000, si no recuerdo mal, a los trabajadores del sector educativo transferidos a los estados de la república por el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB,1992), no se les descuenta el impuesto de manera correcta, debido a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no convino, ni capacitó, ni proporcionó a los estados el software con los procedimientos para efectuar las retenciones de acuerdo con el nuevo esquema fiscal.

El resultado de lo anterior, fue que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), requirió a los gobiernos de los estados el pago de las diferencias y las multas correspondientes. Los adeudos con la SHyCP, crecieron y se organizaron negociaciones para encontrar una salida al asunto; porque la opción de retenerles a los maestros el impuesto, afectaba duramente sus ingresos y provocaría, desde luego, las protestas.

Quizás por lo anterior, el 5 de diciembre del 2008 el Gobierno Federal emitió un decreto por el que se otorgaron beneficios fiscales (para quienes tuvieran  adeudos con la Federación) a las entidades federativas, municipios, y demarcaciones territoriales del D.F. y sus órganos descentralizados, por  concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, incluyendo regularización de los adeudos que tuviera la Federación con los citados. [2]

El Decreto establecía la condonación total de los adeudos correspondientes al año 2005 y anteriores, y estímulos fiscales según lo siguiente: 2009 (60%), 2010 (30%) y 2011(10%).

Al firmar y aplicar el Convenio solicitado por la SHyCP, el cual implicaría la cancelación de la tabla reversa,[3] se tendrían que enterar, con dinero real, los impuestos  retenidos a los trabajadores; por lo que en caso de que algún gobierno estatal  aceptara el convenio, y cubriera dichos impuestos, generaría una presión financiera importante sobre su presupuesto y además, en caso de aplicar el descuento a los trabajadores, se tendrían repercusiones no amistosas con el SNTE y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).[4]

La desaparición de la tabla reversa, implicó que los gobiernos de los estados comenzarán a pagarle a la SHyCP  las retenciones correspondientes a sus nóminas, pero las cosas no sucedieron así. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), siguió subsidiando el impuesto a los trabajadores de la educación con la agravante de las modificaciones hecha a los sueldos tabulares, con el pretexto de la re zonificación.

El estado de Coahuila decidió dar el salto mortal: aplicar el esquema fiscal como se debe. La respuesta no se hizo esperar y los maestros ya están protestando. El malestar de los trabajadores de la educación es comprensible, la afectación a sus salarios es drástica comparada con las deducciones de años anteriores; ¿quién es culpable de esta situación?  Dejaré pendiente la respuesta a esta pregunta, porque requeriría de un espacio con el que ahora no cuento. Lo importante es señalar que en Coahuila se intenta ensayar un remedio similar al que se aplicó en Oaxaca, para evitar la dura afectación a los ingresos de los maestros. De antemano les comento que las medidas elusivas no resolvieron ni resolverán el problema.

Ignoro si el gobierno del estado de Oaxaca quiera aplicar el esquema fiscal como lo indica la ley; en todo caso, lo que ocurre en Coahuila parece recalcar la necesidad de que los gobiernos estatales conozcan la historia de la tragedia oaxaqueña con la Sección XXII del SNTE. Dejo la propuesta por escrito.