LXII Legislatura: ¿A quién rinde resultados la Jucopo?

eloriente.net

12/noviembre/2014

Por Adrián Ortiz Romero

Sin controles ni contrapesos, el Congreso va a la nada

Mañana jueves arrancarán técnicamente los trabajos del segundo año de labores de la LXII Legislatura, y hasta hoy nadie ha podido explicar cuál es la razón de los nulos resultados de su primer año de trabajo, y de que los órganos de gobierno del Congreso local hayan pasado sin rendir ningún tipo de cuentas a la sociedad por su ausencia de los asuntos torales que enfrenta Oaxaca. Como no fueron electos por la ciudadanía, y no tienen deber de rendir cuentas a nadie, los jefes de las bancadas han hecho de la Legislatura un remedo de sí misma.

En efecto, mañana se elegirá a la Mesa Directiva para el segundo año de la LXII Legislatura, y el sábado se abrirá el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo, en medio de un total descrédito por la inexistencia de resultados e incidencia en la vida pública de Oaxaca. En el año que se fue, la Legislatura no pudo procesar una sola ley útil para los oaxaqueños, y tampoco fue capaz de enfrentar los retos que los diputados sabían desde el inicio debían encarar.

Parece inaudito, pero en el primer año de trabajo de la actual Legislatura, sólo se emitió una ley que para efectos prácticos es intrascendente para la problemática común de los oaxaqueños; pero junto a eso, sí se llevaron a cabo dos reformas constitucionales, y varias a leyes estatales, que interesaban a los bolsillos e intereses políticos de los diputados.

Según la propia página de internet del Congreso del Estado, en 2014 se emitieron las normas relativas a ingresos y egresos del Estado (leyes que ni siquiera debieran contabilizarse para efectos de “resultados legislativos” porque es su obligación emitirlas para el funcionamiento de todo el aparato burocrático municipal y estatal de Oaxaca), y se reformó dos veces la Constitución, una a la Ley de Desarrollo Social, se modificaron algunos artículos de la Ley de Fiscalización Superior, y se le hizo un ajuste a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Todas las reformas sirvieron para satisfacer intereses y caprichos de los diputados. Ninguna fue a favor de la ciudadanía. Para comprobarlo, basta con recordar en qué consistieron dichas reformas. Veamos.

La Constitución local se reformó dos veces, para alimentar el bolsillo y el “bienestar” de los diputados. Una de esas reformas se hizo para hacer “irreductible” el presupuesto anual del Poder Legislativo; y la otra consistió en regresar al Congreso la facultad para nombrar a los administradores de los ayuntamientos que por algún conflicto político o social no pudieron celebrar sus elecciones.

Así, si el primero de los temas es ridículo, el segundo es verdaderamente ofensivo. Pues resulta que en lo relativo al “presupuesto irreductible” del Poder Legislativo, en realidad lo que los diputados hicieron fue un intento desesperado —y descarado— por no perder sus privilegios, tratando de presentar este asunto como un tema de interés público cuando en realidad ni las explicaciones que entonces dieron, ni sus resultados actuales, alcanzan para justificar su avidez.

Y si ese primer tema los hacía impresentables, el segundo era verdaderamente abominable. Pues apenas unos meses antes, los diputados de la LXI Legislatura habían realizado una reforma constitucional para devolver la atribución del nombramiento de los administradores municipales al Ejecutivo del Estado, luego del desastre —y el negocio— que había sido ese asunto para los diputados en los tres años previos.

¿Por qué insistir en ese asunto? porque los diputados de la LXII Legislatura sabían perfectamente que un administrador municipal gobierna una comunidad y —sobre todo— administra los recursos municipales sin ningún control ni equilibrio, porque gobierna sin Cabildo y porque generalmente la misma protección política que les brindan los diputados les permite —literalmente— robarse todo el dinero de las comunidades para entregarlo o compartirlo con el legislador que los puso en el puesto, o para destinarlo a campañas políticas o proyectos de otro tipo.

De nuevo, pues, no había tema de interés público en esa reforma. Sólo la avidez de los diputados —y hasta eso, de quienes integran las cúpulas parlamentarias— por conseguir dinero a costa de la institucionalización de la corrupción y el desvío de recursos que implican las administraciones municipales (que, además, prometieron que serían sólo por tres meses, y ya llevan casi un año de gestión, todas).

REFORMAS SIN CONTROL

Las reformas a la Ley de Fiscalización Superior fueron para cumplirle el capricho, y darle presupuesto adicional, al diputado Adolfo Toledo Infanzón, que es presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior. Sí, porque su gran reforma sirvió esencialmente para crear el órgano técnico de vigilancia de la Auditoría Superior, que hoy en día funciona al margen de cualquier reglamento o disposición legal, pero que tiene bajo su potestad un presupuesto de alrededor de 15 millones de pesos al año.

¿Para qué sirve? Según, para vigilar el funcionamiento de la ASE. ¿Cuál es su importancia de fondo? Que es la fuente de burocracia que le regalaron al diputado Toledo para que cumpliera compromisos, colocara personal y ensanchara su influencia al interior del Congreso. ¿Y cuáles son los resultados tangibles de esa reforma para el ciudadano de a pie? Hasta hoy, son desconocidos por todos.

Y luego, para rematar, viene la reforma a la Ley del Sistema Estatal Seguridad Pública, que sirvió para frenar a Alberto Esteva con los colores que legalmente puede utilizar para la vestimenta y rotulado de los vehículos oficiales. Los legisladores invirtieron valiosísimo capital político en hacer una reforma que impidiera el uso del color naranja en las patrullas y los uniformes de los policías, según para evitar que hiciera campaña política. ¿Cuánto incidió esa reforma en una mejor seguridad pública para la población? En nada. Sólo era cumplirle, otra vez, los caprichitos a los diputados, que con eso querían justificar su inacción en los temas torales para Oaxaca.

NO HAY RENDICIÓN DE CUENTAS

¿Cuándo veremos a Alejandro Avilés rindiendo cuentas por la mediocridad demostrada, y por su incapacidad para conducir un trabajo legislativo útil para Oaxaca? Nunca. Y es así no sólo porque ni la Junta de Coordinación Política ni la Mesa Directiva tienen el deber de rendir cuentas a nadie, ni porque Avilés o cualquiera de los otros coordinadores parlamentarios le deba algo a alguien. Nadie de ellos fue electo por nadie. Sólo por sus partidos, y los intereses que los cobijan. Patético.

Foto: Archivo ELORIENTE.NET

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