Columna por: Alejandro Cruz Pimentel*
(www.eloriente.net, México, 12 de enero de 2015).- Luis F. Aguilar Villanueva en uno de sus estudios introductorios, describe de manera extensa la agenda de gobierno. Apunta que innumerables problemas provenientes de muchos puntos del estado, con situaciones y causas heterogéneas, que afectan a un mayor o menor número de ciudadanos, fluyen cotidianamente hacia el gobierno en busca de atención y solución. Sin embargo, no todos los problemas logran llamar la atención gubernamental y despertar su iniciativa. No todas las cuestiones se vuelven públicas ni todas las cuestiones públicas se vuelven cuestiones que deben ser objeto de la acción gubernamental, la agenda de gobierno.
La manera de cómo se elabora la agenda de gobierno, políticamente, expresa la vitalidad y salud o la flojedad y enfermedad de la vida pública de un sistema político dado. Si bien es cierto, que la agenda es del gobierno, los problemas que la componen se originan y se configuran por cuestiones, conflictos o necesidades que conciernen y preocupan a los ciudadanos. Por lo tanto, se configura una agenda de los ciudadanos organizados que precede o puede empatarse con la agenda del gobierno. Los nexos o las inconexiones entre las dos agendas son propios de la dinámica de las relaciones entre sociedad y gobierno.
La agenda de El Oriente para el 2015, pretende elevar 10 temas públicos que considera torales porque afectan desde distintos ángulos a nuestro Oaxaca: 1) Reforma Educativa, 2) Anticorrupción, 3) Elecciones 2015, 4) Zona Económica del Sur, 5) Chimalapas, 6) Caída Económica, 7) Erradicación de la Violencia, 8) Nueva policía, 9) Televisión estatal, 10) Crisis del Congreso local.
Cada uno de los temas describe de manera sucinta, la problemática actual, omisiones y expectativas.
En ese sentido, trataremos de impulsar en lo particular 2 temas: Anticorrupción y la crisis del Congreso local. En el primero, tenemos un clamor por la transparencia; hoy en día está congelada en el Senado de la República la iniciativa de la Ley General de Transparencia, que considera como uno de sus objetivos, disminuir las asimetrías del acceso a la información a lo largo y ancho del país. Aunado a eso, en la actualidad no contamos con un órgano garante de la transparencia verdaderamente autónomo. No basta que en nuestra Constitución diga que lo es. El modelo utilizado para la selección de los consejeros, no garantizó su independencia política, mucho menos su fortalecimiento institucional. El procedimiento de selección de comisionados o consejeros debe realizarse de manera transparente a partir de perfiles claramente establecidos en la Ley.
Hoy no tenemos un órgano garante con liderazgo; sí tenemos un órgano garante desgastado, en conflictos y sin legitimidad. Los distintos estudios que miden su desempeño, todos, lo han puesto sobre las cuerdas. Desde mi particular punto de vista considero como un primer paso, vestir de legitimidad al órgano garante de la transparencia, es apremiante aprovechar la Reforma Constitucional del año pasado para impulsar un nuevo órgano con los instrumentos necesarios para fortalecer la transparencia y consolidar un sistema de rendición de cuentas efectivo. No olvidemos que la transparencia debe ser considerada como el principio rector de un sistema de rendición de cuentas, desde la planeación hasta el fincamiento de responsabilidades.
Nuestro Congreso local, juega un papel importante en este tema, tiene la responsabilidad de modificar las leyes actuales e impulsar un verdadero órgano autónomo, que no sea de cuotas ni para los cuates.
El Sistema Nacional Anticorrupción está en ciernes en el Senado de la República, hay varias propuestas de los grupos parlamentarios; por lo que será un tema que se llevará un buen tiempo en la discusión y consenso antes de llevarse al Pleno, por lo que debemos esperar para conocer los efectos que traiga para los estados de la República.
El segundo tema, toral diría yo, tenemos un Congreso que no está funcionando. Un Congreso que se comporta con autoritarismo y que sigue practicando el clientelismo y el patrimonialismo. Un Congreso que no es contrapeso del Ejecutivo. Un contrapeso que está poniendo la balanza de su lado para negociar el Presupuesto de Egresos. Un Congreso que cuesta mucho y rinde poco. Un Congreso que muestra resistencias a la transparencia. Un Congreso que no tiene incentivos para modificar un entramado institucional que tanto le beneficia. Un Congreso que muestra marasmo en la armonización de Reformas Constitucionales. Un Congreso que no hace leyes en beneficio de sus representados. Un Congreso que no transparenta su quehacer ordinario ni mucho menos sus obligaciones contempladas en la Ley. Un Congreso que reparte los puestos administrativos a sus camarillas. Un Congreso que hace como que legisla. Un Congreso que tiró al cesto de la basura la ley educativa. Un Congreso que haga algo o no lo haga, pero que cobra puntualmente. Una crisis evidente.
En esta coyuntura, no puedo pasar por alto la distinción que hace Luis F. Aguilar Villanueva sobre los cuatro tipos de público: “grupos de identificación” (los directamente afectados por el problema e involucrados en la cuestión); “grupos de atención” (los grupos que, por muchas razones, se interesan específicamente en el problema); “público atento” (sectores de población que les interesa estar informados de los sucesos políticos y suelen estar atentos a los asuntos de su comunidad) y; “público en general” (la población menos interesada e informada, pero que presta atención al problema cuando es notorio y se formula emocionalmente). Visto lo anterior, no me queda duda que la agenda de El Oriente, romperá con el paradigma de un “público en general”, los que nos comprometamos con ella, pasaremos a formar parte de otro tipo de público. Oaxaca no los demanda y lo necesita.
* Consejero Consultivo Ciudadano de la COTAIPO
FOTO: Congreso de Oaxaca
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