(www.eloriente.net, México 9 de Febrero del 2015***).- Los profesores Manuel Villoria Mendieta y César Nicandro Cruz-Rubio en su aportación al Curso online: “Transparencia y Gobierno Abierto” del INAP, denominada Modelos de democracia y gobierno electrónico: el concepto de gobierno abierto, nos señalan que “… Los principios básicos en los que se sustentan las cada vez más numerosas iniciativas ligadas al gobierno abierto tienen su origen en el Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto que el Presidente norteamericano Barack Obama lanzara al inicio de su mandato en enero de 2009:
- Un gobierno transparente proporciona información sobre lo que está haciendo, pone a disposición sus fuentes y bases de datos, y publica los planes de actuación por los que puede ser considerado responsable frente a la sociedad.
- Participación. Un gobierno participativo promueve el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la formulación de las políticas públicas y a facilitar el camino para que las administraciones públicas se beneficien del conocimiento, ideas y experiencia de los ciudadanos. Promueve la creación de nuevos espacios de encuentro y dialogo que favorezcan el protagonismo, implicación y deliberación de los ciudadanos en los asuntos públicos; y
- Colaboración. Un gobierno colaborativo compromete e implica a los ciudadanos y demás agentes sociales en el esfuerzo por trabajar conjuntamente para resolver los (cada vez más complejos) problemas públicos, aprovechando el potencial y energías disponibles en vastos sectores de la sociedad.
Por otra parte, La Alianza para el Gobierno Abierto OGP (por sus siglas en inglés: Open Government Partnership); identifica cuatro principios del gobierno abierto, en vez de tres. En tal relación, incluye el pilar de la rendición de cuentas y el pilar de tecnología e innovación. Esta organización internacional destaca que los países miembros deben reflejar en sus compromisos de acción cuatro valores clave del gobierno abierto:
- Transparencia: la información sobre las actividades y decisiones gubernamentales debe ser abierta, comprensiva, puntual, disponible libremente al público y de acuerdo con los estándares básicos de datos abiertos (open data).
- Participación ciudadana: los gobiernos deben movilizar a los ciudadanos para que participen en el debate público y contribuyan al desarrollo de una gobernanza más responsiva, innovadora y efectiva.
- Rendición de cuentas: deben existir reglas, regulaciones y mecanismos para que los actores gubernamentales justifiquen sus acciones, actúen en respuesta a las críticas y acepten las consecuencias de las faltas de cumplimiento con leyes o compromisos.
- Tecnología e innovación: los gobiernos aceptan la importancia de proveer a los ciudadanos acceso abierto a la tecnología; del rol de las nuevas tecnologías en el fomento de la innovación, y de aumentar la capacidad de los ciudadanos para usar las tecnologías.
Como ya se ha destacado, la noción de gobierno abierto es relativamente nueva en la literatura. Aún no existe una definición aceptada y consensuada respecto del término, aunque en esencia exista cierto consenso respecto de los puntos de convergencia claves y sus principios. La noción de gobierno abierto está íntimamente vinculada al llamado derecho de acceso a la información. Abrir el gobierno en este sentido es garantizar que este derecho de acceso a la información (DAI) permita la transparencia y el escrutinio público de la acción de gobierno por parte de los ciudadanos.
En esta misma tesitura, los avances tecnológicos basados en el desarrollo de las TICs, han fomentado entre otras cosas la emergencia del movimiento del open data (datos abiertos), que ha fortalecido la idea de abrir las puertas a la información que posee el gobierno, dada la naturaleza pública de la misma. Más allá de la transparencia y el open data, el desarrollo del concepto de gobierno abierto ha implicado también al proceso de toma de decisiones públicas y de hechura de políticas públicas.
Un gobierno abierto es aquel que permite la participación de la ciudadanía y de los actores políticos afectados o interesados en los asuntos públicos. Se trata en definitiva de abrir la participación para la toma de decisiones y el empoderamiento sobre las políticas públicas. Por ello este elemento participativo no se centra exclusivamente en decidir sobre las políticas públicas, sino que en esencia cubre en su totalidad el ciclo de las políticas públicas en un amplio espectro de implicación, y en donde participar también significa hacerlo durante las fases de seguimiento, implementación y evaluación. Finalmente, el concepto de gobierno abierto hace suya la noción de colaboración, como forma de interacción mediante la cual se trabaja conjuntamente en el desarrollo de innovaciones, en la gestión de servicios públicos, en la atención a nuevos problemas, promoviendo la creación de valor público…”
Ante los retos que enfrentan las administraciones públicas, es necesario abrir el debate sobre concepto de gobierno abierto. El diseño de políticas públicas y estrategias basadas en este enfoque deberán promover la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. Ante la actual crisis de legitimidad de nuestros gobiernos, en los tres niveles, ante la desconfianza ciudadana y la debilidad institucional, el modelo de Gobierno Abierto es una opción para hacer frente a estos agravios. Para eso se necesita ese algo que también está en crisis -voluntad política -. No hay más, los pilares de este modelo llevan a su lado a los ciudadanos e impulsan la apertura gubernamental, circunstancias que sabemos, incomodan a muchos gobernantes.
El año pasado, en el mes de septiembre, el Presidente Enrique Peña Nieto asumió a nombre del Gobierno de la República, la Presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, que está conformada por 65 países. Hoy confirmamos que sin voluntad política total, en lugar de beneficios está trayendo conflictos a nuestro Presidente, ya ni mencionar los tropiezos. Coadyuvando en el tema está nuestro Senado de la República, que el pasado 7 de febrero, se le venció el plazo para la aprobación de las leyes secundarias emanadas de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia.
En lo local, nuestra Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, hace un esfuerzo a través de la Ventanilla Única de Acceso a la Información Pública (VUIAP) mostrándonos enlaces a programas de gobierno, datos presupuestarios y de la gestión pública. Sin embargo, en muchos casos, la información no está actualizada, se muestra de manera incomprensible para la ciudadanía o de plano el acceso es difícil. La culpa es de las unidades de enlace de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, que se comportan como una “oficialía de partes” y no como enlaces para el acceso a la información.
Cómo podemos ver, se pretende abrir la información pero lamentablemente aún por “goteo”. Varios gobiernos estatales y el federal también, están haciendo esfuerzos loables para publicar activamente datos presupuestarios, de gestión y de obra pública. Dicho de otra manera, estamos en ciernes en este tema, o se quiere cambiar la relación gobernantes – gobernados o simplemente será una moda. Queda a la reflexión.
[i] Curso online: Transparencia y Gobierno Abierto, INAP 2014
*** El texto se modificó a petición del autor el día 5 de marzo de 2015.
Foto: Archivo/ eloriente.net
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