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13 de abril de 2018
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca decidió reponer el procedimiento en contra del Médico Luis Alberto P.M., según lo resolvió su Sexta Sala Penal, y por lo tanto otorgaron libertad al médico procesado, a pesar de que anteriormente dos de sus jueces habían considerado suficientes las pruebas de la Fiscalía para fincarle responsabilidades al galeno por la comisión del delito de homicidio con dolo eventual.
En consecuencia de la determinación del Tribunal, ayer, el Luis Alberto P.M., en punto de las 20:20 salió de prisión.
Este día, Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General del Estado, emitió un mensaje, mismo que se reproduce íntegro a continuación, por su importancia para la sociedad oaxaqueña:
Transcripción del Mensaje Íntegro
CASO DEL NIÑO EDWARD
«El pasado 2 de abril, la Fiscalía General del Estado ejecutó orden de aprehensión librada por la juez de control de Valles Centrales en contra de uno de los probables responsables de la comisión del delito de homicidio con la agravante de responsabilidad médica en perjuicio de un niño.
El 3 de abril, otro juez distinto, (es decir, UN SEGUNDO JUEZ) vinculó a proceso al imputado y le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa, por tratarse de un homicidio con dolo eventual, y otorgó cuatro meses para la investigación complementaria.
Hoy, en la resolución del recurso de apelación contra el auto judicial de vinculación a proceso, los magistrados de la Sexta Sala Penal del TSJ han decidido, reponer el procedimiento y, por tanto, han otorgado libertad al médico procesado.
Respetuosos de la decisión de los Magistrados y conocedores de la importante labor social que realizan los médicos del país, me permito afirmar que en este caso la FGE presentó datos de prueba suficientes que hicieron que dos jueces distintos declararan la probable responsabilidad del imputado en la comisión del delito referido. Los datos de prueba presentados son de diversa índole: testimonios, videos, documentos y dictámenes de peritos y especialistas de distintas materias, y de instituciones diversas como el Instituto de Servicios Periciales, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca y la Procuraduría General de la República.
Tenemos elementos suficientes para asegurar, entre otros, los siguientes hechos:
1) El niño llegó al hospital con solo una fractura del codo izquierdo y horas después salió muerto.
2) La operación quirúrgica que se le practicó no era urgente.
3) La operación se llevó a cabo menos de cinco horas después de la ingesta de alimentos, lo cual se corrobora con los hallazgos de la necropsia y los estudios de patología.
4) No se tuvieron los cuidados necesarios para la aplicación de la anestesia.
5) La causa de la muerte no fue una reacción alérgica o anafiláctica a algún medicamento sino una asfixia por broncoaspiración.
6) No se documentó en el expediente el suministro de ciertos medicamentos, como la lidocaína, demostrándose su existencia con los dictámenes químicos correspondientes. Es decir, se administró pero los médicos omitieron documentarlo en el expediente.
7) Tenemos videos que hacen suponer que se produjo la manipulación del expediente clínico para modificar lo sucedido. Es más, los médicos llamaron a personas externas para que colaboraran en dicho acto.
8) La operación terminó alrededor de las 12 de la noche y hasta las 7 de la mañana el niño fue trasladado a otro hospital con unidad de cuidados intensivos. Es decir, más de 7 horas después de terminada la operación. Durante ese lapso de tiempo no se le dio atención adecuada al niño. En el hospital al que se le trasladó se le brindó atención médica por reanimación porque ya había tenido paros cardiacos declarándose a las 8 de la mañana su muerte.
Ante las manifestaciones, comentarios y descalificaciones de los últimos días, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su compromiso con la aplicación de la Ley y los principios del estado de derecho. La Ley se tiene que aplicar firmemente, sin complacencias, sin distingos ni privilegios. No puede haber grupos ni personas exentas de la justicia. No puede interpretarse la investigación de una denuncia como un acto de criminalización o afectación de una profesión.
En Oaxaca, estamos comprometidos por construir una procuración de justicia imparcial, autónoma, objetiva, técnica y respetuosa de los derechos humanos. Es lo que los mexicanos necesitamos. Instituciones de procuración de justicia que integren investigaciones sólidas; que investiguen con eficiencia los delitos sin sujeciones políticas o sociales externas; que presenten ante los jueces, en un proceso adversarial, imputaciones o acusaciones fundamentadas y bien argumentadas; y que procuren y hagan efectivos los derechos de las víctimas, principalmente el de acceso a la justicia.
De eso se trata el sistema de justicia. Esa es la esencia de la justicia que se construye actualmente en México. Los mexicanos tenemos que saber y aceptar que el estado de derecho impone no solo a las autoridades sino a todos los ciudadanos respetar a las instituciones, cumplir con las reglas de convivencia que nos hemos dado, acatar las leyes, y sobre todo cumplir con nuestro deber.
Eso seguiremos haciendo en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.»
