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10 de abril de 2014
El titular del Poder Judicial, magistrado Alfredo Lagunas Rivera tomó la protesta de ley a los integrantes de dicha Comisión.
En su carácter de presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, el magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera tomó protesta este miércoles a los integrantes de la Comisión Especial de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal de Fiscalización, el cual inició funciones el 21 de marzo pasado.
La Comisión, establecida en el artículo 53 fracción II del Reglamento Interior del CJO, está encabezada por el presidente del Tribunal de Fiscalización, magistrado Tomás Quiroz Robles y la integran también los consejeros César Martín Cervantes Hernández y Elsa Angélica Alejo Torres.
Ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, el magistrado presidente señaló que la transparencia y rendición de cuentas es una de las principales prioridades por las que el Poder Judicial ha implementado acciones de transformación, sentando así las bases para una administración de justicia eficiente, moderna y avanzada.
Luego de convocar a los integrantes de la Comisión a desempeñar su labor con responsabilidad y probidad, el magistrado Lagunas Rivera indicó que la instalación del Tribunal de Fiscalización representa un gran paso para Oaxaca ya que permitirá regular las prácticas de los gobiernos municipales y el estatal.
La Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina tiene como propósito servir de enlace entre el Tribunal de Fiscalización y el Consejo de la Judicatura para la debida atención de las necesidades administrativas de dicho tribunal.
Además, se encargará de conocer las conductas de los servidores públicos y del buen funcionamiento a fin de lograr un ejercicio responsable, ético y profesional de su labor.
Cabe señalar que el Tribunal de Fiscalización del Poder Judicial es considerado la máxima autoridad jurisdiccional en materia de fiscalización y rendición de cuentas en el estado y entre sus atribuciones están la de conocer de las controversias suscitadas respecto a la aprobación de la Cuenta Pública del Estado; resolver las impugnaciones derivadas de la aprobación de las cuentas públicas del Estado y los Municipios, así como conocer de las inobservancias en las que pueda incurrir la Auditoría Superior del Estado en el ámbito de sus facultades.
Foto: TSJ
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