eloriente.net

21 de mayo de 2014

Por: Adrián Ortiz Romero

Sector educativo: la corrupción han sido todos 

SNTE-CNTE-Estados, ¿por qué un solo bloque?

A la memoria de mi padre, Ismael H. Ortiz Romero, a 14 años de su fallecimiento.

Es curiosa la forma en que hoy se está construyendo una alianza fáctica entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la coordinadora disidente, el gobierno federal y los gobiernos estatales, en contra de los datos duros que no dan cuenta sino de la monumental corrupción e incertidumbre que priva en el sector educativo nacional. Todos, sin excepción, salieron a descalificar los datos publicados la semana pasada por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). Y quizá salieron a hacerlo porque en esos datos de corrupción y omisión resultan todos con algún grado de responsabilidad.

En efecto, ha pasado casi una semana desde que el IMCO dio a conocer datos escalofriantes que, en conjunto, revelan el alto grado de incertidumbre, y la evidente corrupción, que prevalece en la nómina de los trabajadores de la educación en el país. Pues mientras muchos se escandalizaron porque en diversas regiones del país surgieron datos que refieren a profesores que ganan cifras de dinero desproporcionalmente altas por su labor educativa, en los sectores sindical y oficial de la educación disfrazaron de escándalo e indignación su preocupación por lo que se estaba revelando, porque en eso la responsabilidad no es sólo de quienes cobran sumas millonarias como profesores, sino también de quienes se las pagan y de quienes permiten que eso ocurra.

Y es que si hay un gremio que se encuentra claramente “hermanado” con el gobierno en el control del sector, ese es el educativo. En sus distintas variantes, el sindicato magisterial se ha dedicado a compartir el poder con el gobierno federal y los estatales, a cogobernar con ellos en el ámbito educativo, y a presionarlos cada vez que no obtenía todo lo que quería, tanto en cuestiones económicas, políticas y hasta electorales.

No es raro, por eso, que en Oaxaca nueve de cada diez puestos de relevancia en el IEEPO sean decisión de la Sección 22, o que en la propia Secretaría de Educación Pública varios de los titulares hayan pasado por el veto y/o aprobación del sindicato magisterial, o que en la administración del presidente Felipe Calderón haya sido subsecretario de Educación Básica (que, propiamente, es quien se encarga de todos los temas relacionados con la educación preescolar, primaria y secundaria del país) el yerno de la entonces presidenta nacional del sindicato magisterial.

En el caso específico del gobierno federal, la reacción ante las revelaciones del IMCO es compleja. Pues por un lado, la descalificación de la SEP a esa información parece ser también un espaldarazo al SNTE, que fue quien primero salió a minimizar los datos y a asegurar que éstos eran erróneos. Esa reacción es compleja porque ahora resulta que el gobierno federal parece estar rechazando uno de los indicadores de medidas que ellos mismos impulsaron, en aras de sostener una buena relación con el sindicato magisterial, que hoy parece estar cuadrado con la federación (y que se supone debe estar dispuesto a cambiar), si es que lo que quieren es construir un panorama educativo más pulcro y con menos cuestionamientos que los que hoy en día tiene la CNTE.

Obviamente, en los estados priva una situación menos compleja, pero más difícil, pues en ellos lo que parece quedar claro es que su margen de maniobra prácticamente se reduce a cero a partir de las presiones a las que se encuentran sometidos por las secciones estatales del sindicato magisterial.

Incertidumbre y corrupción

¿Por qué les molestó tanto lo revelado por el IMCO? Porque dejó ver el tamaño del desastre que es la nómina educativa del país, pero también porque permitió ver que todos los responsables de mantener la pulcritud, hicieron todo menos eso. El hecho de que haya indicios erróneos en documentos oficiales, de que un profesor tiene un salario de 600 mil pesos mensuales, deja ver no sólo irresponsabilidad del gobierno que dice pagarle esa cifra, o que por error lo asentó, sino que también deja ver que institucionalmente hay lagunas tan profundas en la ley y en los mecanismos de fiscalización, que por eso ni la federación, ni los estados, ni los municipios –que tienen en realidad una participación nula en este ámbito–, y tampoco el sindicato magisterial –en su vertiente de oficialismo y disidencia– se dieron cuenta, o se quisieron dar cuenta, de que algo complicado estaba ocurriendo.

Al final, esto parece hermanar a todos en la corrupción y en la incertidumbre. Si todos se alinean en contra de quien dejó ver una pizca de ese desorden, entonces lo que también podemos esperar es que al final se alineen también para encubrir ciertas situaciones que les beneficien a todos.

Esos contubernios fueron los mismos que se hicieron en el pasado para generar una situación de imposibilidad para conocer la realidad de la nómina magisterial (y que en el río revuelto ganaran pescadores que hoy ganan no 600 mil, pero sí 50 mil, 70 mil, 100 mil o 200 mil pesos mensuales, “trabajando” como profesores), y son los mismos que podrían terminar aliándose de nuevo únicamente para liquidar la mafia de Elba Esther Gordillo y los gobiernos del pasado, pero no para evitar que se creen otras mafias que ocupen los espacios que hoy están quedando vacíos.

Todo eso, que puede ocurrir fácilmente, sólo revelaría una cosa: que de todos modos la ignominia triunfa y que las promesas de cambio quedaron sólo en el discurso. Es un pésimo indicador que todos hayan salido a descalificar cifras de las que todos son responsables. Una actitud democrática tendría que apuntar al reconocimiento de las fallas y el establecimiento de medidas para corregirlas. Pero no. Las alianzas políticas y los intereses parecen seguir siendo más fuertes, en aras de preservar cambios mínimos en esa casta privilegiada que hoy conocemos como magisterio.

¿Jefe de gobierno?

En los comunicados oficiales del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez insisten en denominar al presidente municipal como “Jefe de Gobierno de la Ciudad de Oaxaca”. Quizá no lo saben. Pero la Constitución de la República sólo le da esa denominación al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Todos los municipios del país son gobernados por un presidente municipal. Si se ignora, o se tiene duda, sólo hace falta leer la ley para saberlo. ¿Por qué tanta dificultad para hacer eso?

 

Foto: sftrajan

 

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