Derechos humanos: promoción, en hechos

eloriente.net

23/junio/2014

Por: Adrián Ortiz Romero

Derechos humanos: promoción, en hechos 

¿Cómo conocerlos? El interés es esencial 

Vivimos en la era de los derechos humanos y por eso es fundamental conocer su contenido y alcances. En muchas ocasiones desestimamos esa necesidad, y más bien nos quedamos con la concepción equivocada de que derechos humanos es sinónimo, únicamente, de activismo y manifestaciones, cuando lo cierto es que ése es uno de los conceptos más relevantes y profundos de nuestro tiempo, el cual debemos conocer y entender a cabalidad para poder defenderlos y promoverlos todos de la forma que es necesaria.

En efecto, aunque muchos pudieran decir que no hay una promoción efectiva, lo cierto es que en los hechos Oaxaca es punta de lanza en ese tema, y para saberlo no hace falta más que interesarse en esta cuestión y enterarse de lo que ocurre en el ámbito de la promoción y defensa efectiva de los derechos humanos. Pues, en dos ámbitos distintos (en el de la promoción, por un lado, y en el de la defensa concreta, por el otro) existen acciones que merecen ser resaltadas y puestas en una dimensión real, pues aunque no son nota de interés masivo sí son trascendentes para la vida pública de Oaxaca y del país.

En ese sentido, en el ámbito de la promoción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es punta de lanza nacional –y seguramente también en el plano internacional– en ese tema, a través de las Casas de la Cultura Jurídica que concentran los temas más relevantes del ámbito jurídico y emprenden regularmente acciones para promover la cultura entre los interesados en temas jurídicos. Por eso, en espacios como ésos no es raro encontrar conferencias y ponencias ofrecidas por verdaderos expertos en temas como el de los derechos humanos, en las que se plantean cuestiones novedosas que debían no ser reservadas para élites o grupos concretos, sino que deberían socializarse con sectores más amplios.

Durante un conversatorio, desarrollado en la Casa de la Cultura Jurídica “María Cristina Salmorán de Tamayo”, el doctor Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos y Asesor de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que vino a la entidad a impartir una conferencia denominada “El Papel de los organismos públicos  de derechos humanos en la efectividad de estos derechos”, reconoció que las recientes reformas en materia de derechos humanos a la Constitución federal constituyen un parteaguas a nivel nacional en dicha materia, en virtud de que defienden y promueven con mayor énfasis las garantías de los ciudadanos.

Acompañado por el moderador, Tomás López Sarabia, coordinador de Proyecto Mixteco Bajo del Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A.C., comentó que “esta oportunidad histórica debe ser aprovechada por todos para cimentar esa cultura”. A lo largo de su conferencia, el servidor público del máximo tribunal del país convocó a juristas, especialistas y defensores de garantías a aprovechar el momento que vive México para reforzar la vigilancia y observancia de las garantías individuales, a fin de que sean plenamente respetados como mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que ha suscrito México.

Amigos de la corte

El “amicus curiae” (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso. La información proporcionada puede consistir en un escrito con una opinión legal, un testimonio no solicitado por parte alguna o un informe en derecho sobre la materia del caso. La decisión sobre la admisibilidad de un “amicus curiae” queda, generalmente, entregada al arbitrio del respectivo tribunal.

¿Por qué decimos esto? Porque esta semana la Corte resolvió un asunto trascendental para los derechos de los pueblos indígenas a partir de un escrito “amicus curiae”, presentado por una asociación civil oaxaqueña dedicada a apoyar a las personas que son hablantes de una lengua indígena y enfrentan procesos ante la justicia. El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil (Cepiadet A. C.) es una organización de referencia en esa actividad tan específica. Y ellos contribuyeron a la solución de un asunto que debe marcar nuevas pautas en la forma en que actúan los órganos jurisdiccionales.

Es que hace unos días, la Segunda Sala determinó amparar a César Cruz Benítez, indígena hñahñu (otomí) originario del estado de Hidalgo para que las peticiones, respuestas, notificaciones y demás actos procesales se realicen en su lengua materna. Esto como parte del ejercicio de su derecho de acceso a la justicia, en la que deberá ser asistido por un intérprete que conozca su lengua y cultura.

En esto, Cepiadet, en su “amicus curiae”, sostuvo que todas las lenguas indígenas son válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público; entonces, es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras, sin que esto sea motivo de discriminación. En consecuencia, no tienen la obligación de hablar otra lengua que les es ajena, como el español.

En el documento referido se dijo que “otorgar el amparo al quejoso contribuiría, como acción afirmativa, directamente en la preservación, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas como parte constitutiva de la pluriculturalidad de la nación. Además, generaría el precedente respecto de la obligación de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de proteger los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas, en especial los derechos lingüísticos, con la gestación de condiciones para que el derecho sea tutelado de manera eficaz y a plenitud”.

Temas trascendentes

La intervención de Cepiadet estableció directrices sobre el proceso de inclusión que, en términos de las lenguas que se hablan en el país, debe también ocurrir en el ámbito de los órganos jurisdiccionales donde comenzará a quitarse la idea de que un juicio sólo puede darse en español y no en otras lenguas que también están reconocidas como propias. Esta es defensa de los derechos humanos, tanto o más efectiva que la que estamos acostumbrados a ver.

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