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25/agosto/2014

+ Quitar legisladores resta legitimidad; ¿y privilegios?

No es casual que apenas días después de la conclusión del proceso legislativo de las reformas estructurales, fuera el propio PRI quien pusiera en la discusión una vieja propuesta para reducir el número de integrantes de las cámaras legislativas federales. Lejos de tener una intención democratizadora, la propuesta priista más bien parece encaminada a colocar un candado a los procesos reformadores de gran calado y a socavar la posible existencia de contrapesos en el poder que hoy ostenta el Ejecutivo federal. Lejos de la demagogia vale la pena revisar con cuidado esta propuesta para entender qué fines persigue.

En efecto, hace unos días el secretario Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Sadot Sánchez Carreño, entregó en la Mesa Directiva del Senado de la República el “Aviso de Intención” para realizar una consulta popular con el propósito de reformar la Constitución para reducir 100 diputados federales y 32 senadores de representación proporcional. La estrategia priista se centra en conseguir alrededor de un millón y medio de firmas de apoyo de ciudadanos mexicanos antes del 15 de septiembre próximo —sólo median alrededor de 25 días entre la presentación de la propuesta y su formalización— para que esta consulta popular se lleve a cabo en la misma jornada electoral federal de 2015.

Frente a todo esto surgen varias cuestiones que vale la pena analizar. Pues lo primero que salta a la vista es la prisa que parece tener el CEN del PRI por formalizar la propuesta y convertirlo en un tema de la agenda pública. El gobierno federal y el partido gobernante, esperaron a que concluyera la fase legislativa de las reformas estructurales por un asunto de cálculo y conveniencia. Pero una vez concluido dicho proceso lo irremediable parece ser la búsqueda de una riesgosa reducción del Congreso. Es riesgoso que para conseguir la aprobación popular, el PRI utilice argumentos endebles y esconda los que verdaderamente importan.

Específicamente, nos referimos a dos cuestiones: primera, que al reducir el número de legisladores sin variar la composición y los alcances de las cámaras legislativas, lo que está buscando en realidad es concentrar más un poder al que al mismo tiempo está socavando de distintas formas; y segundo, que una parte esencial de la discusión relacionada con el número de legisladores debiera ser si es más viable reducir la integración de las cámaras legislativas o eliminar algunos de los muchos privilegios que tienen los diputados y senadores en México.

El asunto no es menor. La ciudadanía tiene un enojo añejo y genuino con sus legisladores por la forma en cómo concentran privilegios que no corresponden con la bajísima calidad del trabajo legislativo y con la insuficiencia en la atención de los problemas sociales del país. A partir de ello se ha cuestionado, por ejemplo, la existencia de los legisladores plurinominales, pero no se ha logrado una discusión serena respecto a la necesidad de eliminar a los plurinominales junto con los privilegios de los diputados, pero sin reducir la integración de las cámaras legislativas. Ese es un asunto más importante de lo que a simple vista podríamos suponer.

Foto: Archivo eloriente.net

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