eloriente.net

24/octubre/2014

Guerrero: la simulación, uno de los problemas de fondo

Ayer finalmente el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, solicitó voluntariamente licencia a su cargo. Era, como lo hemos apuntado en este espacio, la más adecuada de las salidas para evitar que fueran las instituciones del Estado quienes forzaran una determinación que debía salir tanto de la fuerza moral de la protesta, como de la insostenibilidad moral del mandatario. Ahora lo que sigue es ver qué más debe hacer el Estado para afrontar esta crisis de los normalistas desaparecidos. Y bien podría comenzar por combatir la simulación, que invade todas sus instituciones.

En efecto, resulta que esta misma semana la PGR acusó al edil de Iguala, José Luis Abarca, de ser el responsable intelectual de la detención-desaparición de los normalistas. Según sus aseveraciones, el alcalde ordenó actuar en contra de los normalistas porque se sentía amenazado de que éstos fueran a sabotear el informe de gobierno de su esposa, la presidenta del DIF municipal, que había organizado una fiesta para la ocasión. Así, informó la dependencia federal, la Policía Municipal de Iguala encabezó las acciones en contra de los normalistas, y luego de matar a seis personas detuvo a 43 de ellos, que luego entregó a la organización criminal Guerreros Unidos, que se encargó de su desaparición. Esta historia, que parece develar el misterio de las desapariciones, en realidad encierra muchos más cuestionamientos de los que aclara.

Es que sin ningún pudor, la PGR admite en esa declaración que ninguno de los mecanismos de control para evitar que el crimen organizado esté inmiscuido en las actividades del gobierno, en cualquiera de sus ámbitos, sirvió. No fue así, porque a la vista de todos el edil de Iguala era, al mismo tiempo que autoridad municipal, un mando activo del crimen organizado sobre quien había investigaciones abiertas, pero ni una sola acción en concreto para detenerlo.

Paulatinamente, las instancias federales han ido reconociendo que, en efecto, existían indicios de que José Luis Abarca estaba íntimamente relacionado con actividades delictivas y de lavado de dinero proveniente de la delincuencia organizada, y que además en Guerrero había indicios de que estaba involucrado en homicidios y ajustes de cuentas con líderes de otras facciones políticas a quienes públicamente había amenazado. Lo sorprendente del asunto es que aún sabiendo buena parte del historial delictivo del defenestrado edil, nadie hubiera hecho nada, nunca, repetimos, para detenerlo.

¿Por qué nadie lo hizo? Porque vivimos en una profunda cultura de la simulación y de la ponderación de los intereses políticos por encima de la seguridad de los ciudadanos. Por eso, aún cuando hubo siempre indicios de sobra para sospechar que Abarca era un auténtico pillo investido de una autoridad pública, nadie se tomó la molestia de darle seguimiento a sus actividades, para integrarle una investigación ministerial y presentarlo ante la justicia.

Ese silencio y esa inactividad, que la PGR asume y evidencia como si nada, en realidad constituye una responsabilidad por omisión que también involucra y responsabiliza a las instancias federales nada menos que por promover la impunidad. Pues es lógico que si era de todos conocido que José Luis Abarca era al mismo tiempo autoridad y delincuente, y si nadie hizo nunca nada para ponerle un límite, era de esperarse que éste fuera incrementando su nivel de agresividad y locura, al grado tal de sentirse con la impunidad suficiente como para decidir la detención-desaparición de casi medio centenar de personas y creer que nada le iba a suceder.

Así, queda claro que en primer término los hechos de Iguala son responsabilidad de Abarca. Pero en los estratos siguientes su impunidad también era responsabilidad directa del gobernador Aguirre —que ayer dejó su cargo—, como también lo es de las instancias federales que ahora deben mostrar, de cara a la sociedad, qué cambios institucionales harán para combatir esa inoperancia y complicidad por omisión que abrió la puerta para que ocurrieran esos hechos.

MÁS SIMULACIÓN

El gobierno federal tiene una responsabilidad de fondo en todo esto, que ahora debe impulsar al interior de su administración y al mismo tiempo procurar para todos los actores políticos nacionales. ¿Cómo está eso de que dentro del grupo de elementos de la Policía Municipal de Iguala y Cocula había quienes aprobaron satisfactoriamente todos los exámenes de control de confianza que establecen los mecanismos estatales y federales de evaluación de las corporaciones de seguridad? Ello revela que junto a la simulación de legalidad por parte de las autoridades políticas de los tres ámbitos de gobierno, también existe una impunidad galopante en las corporaciones.

Es que no es raro que en realidad muchas de las policías municipales y estatales llevan a cabo los controles de confianza únicamente como la necesidad de cumplimiento de un requisito para acceder a programas y fondos federales, pero no como parte de una convicción por tener elementos confiables y garantizados para el ejercicio de las tareas de seguridad pública. Lo que además demuestra esta situación, es que la simulación ha permitido que esos exámenes sirvan como un requisito, pero no como un auténtico filtro para establecer en qué elementos se puede confiar, y en qué situaciones cada uno de los elementos actuará en base a lo que dice la ley y no a la colusión con criminales.

Por ello, la Policía Federal y todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública tendrían también que informar qué pasó ahí, y por qué los mandos y los elementos que habían aprobado los controles de confianza aparecieron como sicarios del crimen organizado. Esto no es un chiste. Y la federación está obligada a asumir esas responsabilidades, de la misma forma en que debe evitar el uso faccioso de recursos, la simulación de sus funcionarios, el interés electoral y tantos otros vicios que todos sabemos que están, pero frente al que muchos nos seguimos engañando todos los días. Y por dejarlo tanto, ahí están los macabros resultados.

OTROS EJEMPLOS

De simulación hay otros ejemplos menos elevados, pero igualmente reveladores. ¿O cómo se puede tomar que el delegado de la CDI, Jorge Toledo Luis, ande tratando de “sembrar” a un candidato en la mixteca oaxaqueña —Herminio Cuevas—, a quien lleva y trae a todos sus eventos, a pesar de que éstos se supone que son institucionales y sin fines electorales, y que su “candidato” no ostenta cargo en dependencia federal alguna?

Ángel Aguirre - wikimedia.commons.org

Foto: commons.wikimedia.org

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