(www.eloriente.net, México, a 10 de noviembre de 2015, por Mónica Zárate).- Regularmente se identifica a la participación política con la ocupación de un cargo público; ello no es así, ya que la participación política en la consolidación de la democracia en México tiene sus antecedentes desde las revoluciones de Independencia, la lucha contra la invasión norteamericana, la guerra de reforma, la intervención francesa, la revolución mexicana y la etapa pos revolucionaria.

En dichas revoluciones, hombres y mujeres con visiones estadistas, lucharon para la consolidación de nuestro Estado mexicano. Poco se desconoce de la gran participación de las mujeres en dichos movimientos, por ello el movimiento feminista las denomina como “las invisibles”.

Es destacable que a pesar del sometimiento a que estaban sujetas por la religión, la familia y la sociedad, mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, Juana Barragán, Manuela Medina[1], entre otras, fungieron en la guerra de independencia como informantes, espías, combatientes en los ejércitos, proveedoras de recursos monetarios y materiales, conspiradoras y propagandistas de la ideas libertarias.

EL PRIMER CONGRESO FEMINISTA

A pesar de que las luchas de independencia buscaban la igualdad, todavía no se tomaba en cuenta a la mujer como actor político. El antecedente, es el primer congreso feminista fundado en 1915 en el estado de Yucatán, formado por siete mujeres.

Las principales resoluciones de este congreso fueron:

  • Pedir que se modificara la legislación civil, para otorgar a las mujeres más libertad, para llevar a cabo sus aspiraciones.
  • El derecho de las mujeres a tener una profesión o un oficio para ganarse la vida.
  • Educar a la mujer intelectualmente.
  • Que se impulsara el ejercicio de nuevas profesiones.
  • Y el fomento de la literatura y la escritura.

El segundo congreso feminista, logra otorgar el voto a la mujer en elecciones municipales, pero se les niega la posibilidad de ser electas a los cargos municipales. A pesar de los avances en reconocerles los derechos políticos sociales a las mujeres, tales como derecho a la educación, el trabajo, el divorcio y a ser tomadas en cuenta para las elecciones populares, éstos sufren un retroceso en 1923 al ser asesinado el Gobernador de Yucatán, Carrillo Puerto, uno de sus impulsores.

Además de los movimientos independentistas, surgen los movimientos obreros (1931), en los cuales destaca la participación de la mujer, al plantear ideologías socialistas y anarquistas, se hablaba de la lucha de clases y criticaba a los gobiernos despóticos. También se denuncia la situación de las trabajadoras y se propone la necesidad de organizarse para resolver problemas femeninos.

EL ACCESO AL DERECHO DEL SUFRAGIO DE LA MUJER

A pesar de los avances, es hasta 1953 en que se declara el derecho al sufragio de la mujer en todo el país, por lo que se le reconoce su inclusión formal en la participación política, aún subsisten los obstáculos en la forma de la participación política, e impera la discriminación social hacia la mujer que las condena exclusivamente al hogar.

Por lo anterior, en los años setentas surgen diversos movimientos feministas que denuncian y critican la cultura patriarcal, por lo que entre sus exigencias destacan:

  • Erradicar todos los prejuicios existentes en la educación y las costumbres que resultan discriminatorias contra la mujer.
  • Reclamar el respeto a las leyes laborales sin discriminación de sexo.
  • Pugnar porque se reconociera la maternidad como una función necesaria para el desarrollo social, y que por lo tanto, se le concediera facilidades a la mujer que decidiera fungir como trabajadora y madre, con el compromiso gubernamental de establecer suficientes guarderías.
  • Igualdad política y legal para todas las mujeres.
  • El derecho al trabajo y la plena independencia económica de las mujeres.
  • El derecho a controlar sus propios cuerpos y al libre ejercicio de su sexualidad.

Con estas exigencias de los diferentes movimientos, se denuncia la violencia contra la mujer, la cual se manifiesta en forma de discriminación. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1946), define a dicha discriminación:

“Como toda distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades en las esferas, política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”

También establece que la discriminación contra la mujer “Viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana y dificulta su participación en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social económica y cultural. Reconoce también que la discriminación de género constituye un obstáculo para el mejoramiento del bienestar de la sociedad y de la familia, que obstaculiza el pleno desarrollo de las posibilidades de las mujeres para contribuir en la sociedad.”

Se tiene como antecedente de las cuotas de género, a los acuerdos de Beijín (1995), que a nivel internacional, reconocieron que toda la estructura de la sociedad debía que ser reevaluada a la luz del desarrollo de los estudios de género, ya que únicamente a través de esta perspectiva podrían generarse los cambios necesarios que posibilitaran la participación de ambos sujetos en pie de igualdad.

Con estos avances a nivel internacional, se hace legítima la importancia de la participación política de la mujer, en virtud de que las decisiones que se toman en los cargos públicos, no sólo trascienden a la sociedad, sino que en lo particular, repercuten en la vida de las mujeres, es por ello que surge la reflexión del empoderamiento político de la mujer, el cual consiste en mayor participación de las mismas en cargos públicos, para con ello vigilar el ejercicio público, así como proponer medidas que no las excluyan.

A pesar del reconocimiento a nivel legislativo e internacional de los derechos de la mujer, la tendencia es a una disminuida participación política de la mujer.

Toda vez que en la práctica, existen obstáculos para el empoderamiento político de la mujer, que interponen los partidos políticos y a nivel institucional, relacionados con la discriminación. Por ejemplo las legisladoras han denunciado que en los partidos se les exigen más requisitos que a los hombres para postularlas, tales como: tener mayor capacitación y disponibilidad de tiempo. De igual forma, sus propuestas rara vez son tomadas en cuenta y en muchas ocasiones provocan bromas sexistas y menosprecio.

Este tipo de expresiones machistas inhiben las aspiraciones políticas de las mujeres, se enmarcan en un desequilibrio que aún persiste y que las hace contender, todavía, en condiciones de desventaja.

En la actualidad persiste la violencia política contra la mujer: en el panorama mundial, México ocupa el lugar 56, de más de 190 países, en lo que refiere a la participación y desarrollo de la mujer en diferentes ámbitos.

Asimismo, en las pasadas elecciones electorales se presentaron denuncias ante la FEPADE (Fiscalía especializada de atención a delitos electorales), de la Procuraduría General de la República, por delitos de violencia en contra de las de las mujeres aspirantes y titulares de los cargos de elección popular.

INTEGRACIÓN ACTUAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Integración por género y Grupo Parlamentario *

(ACTUALIZADO AL MES DE AGOSTO 2015)

*FUENTE: SITIO OFICIAL DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro_genero.php
*FUENTE: SITIO OFICIAL DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro_genero.php

En lo se refiere a la participación de las mujeres en el Senado en México, se observa que 32.8 % de los 128 lugares de la Cámara de Senadores, o sea 49 espacios son ocupados por mujeres.

En la legislatura local actual, las mujeres sólo conforman el 38%(16) en comparación con el 62%(26) de hombres que la integran. De un total de 42 diputados locales. De las cuales 7 pertenecen al PRI, 4 al PAN y 5 al PRD. Cabe destacar que las diputadas del PRI y del PAN, son minoría. Respecto del PRD cumple con la paridad de género, al incluir el cincuenta por ciento de cada sexo.

CONCLUSIONES

Una sociedad que se encuentra en fase de consolidación democrática debe transitar, de manera imperativa, a un esquema de protección integral a la mujer en sus acciones y en sus programas. No se trata de una concesión o privilegio, la igualdad de acceso a la justicia es, el fundamento de la democracia.

El voto es la forma de participación política directa que más involucra a las mujeres.

La baja participación de las mujeres, respecto a los hombres, podría explicarse por la falta de confianza en la labor femenina en diferentes cargos públicos.

Las mujeres en el transcurso de su participación política han enfrentado obstáculos en los diferentes partidos políticos, que hacen necesaria la instrumentación de políticas públicas, ante la discriminación al interior de los partidos, resultado de estereotipos culturales implantados por nuestra propia sociedad.

Las organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles, desde su espacio se dedican a educar, proteger y enseñar a las mujeres a rescatar sus derechos, a impulsar una educación autónoma y libre, a no aceptar la violencia y a concientizarlas en la trascendencia de su participación, presencia en los congresos (estatales y federal) y universidades.

[1] Juana Barragán y Manuela Medina fueron mujeres combatientes, puesto que se levantaron en campaña y lucharon en la guerra de independencia con el rango de capitanas.

[2] Fuente: www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/…/PPD_LM14.pdf

Datos tomados del sitio oficial del H. Congreso del Estado de Oaxaca: http://www.congresooaxaca.gob.mx/legislatura/diputados.php

Participacion política por @eneas de troya

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