(www.eloriente.net, México, a 16 de febrero de 2016, por Alejandro S. Cruz Pimentel).-  El Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca tendrá su prueba de fuego o mejor dicho, pondrá a luz de todos si existe o no, lealtad política de facto con el congreso del Estado. Un congreso que sin contar con una ley que reglamentara, clarificara y robusteciera un proceso de selección de comisionados transparente y abierto a la participación ciudadana; designó a los actuales comisionados con el mismo proceso que había designado la legislatura anterior, a los anteriores comisionados. No cambió nada. El proceso de selección de quienes están al frente del órgano garante actual fue deficiente y se mantiene en la opacidad.

Hoy está en sus manos el recurso de revisión interpuesto contra el congreso oaxaqueño por poner candados al proceso deliberativo que dio origen al dictamen de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que fue vetado por el Gobernador Gabino Cué. El Diputado Gerardo Henestroza del Partido Acción Nacional y presidente de la comisión de administración de justicia, respondió así:

“… Es decir, que la información solicitada por el C. Alejandro Cruz Pimentel no se encuentra clasificada como información pública de conformidad con el artículo 9 y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca…”

Esta negativa inicia con la solicitud de información número 19582 de fecha 26 de enero del presente, donde se solicitó la información relativa al proceso deliberativo de la iniciativa que dio vida al decreto de lo que pretendía convertirse en la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública. Proceso que suponía realizaron cada una o, en su conjunto, las distintas comisiones involucradas del congreso oaxaqueño. Deliberaciones que queríamos conocer sobre la confección para armonizar la Ley General. Recordemos que el titular del Poder Ejecutivo vetó la promulgación de este decreto y lo regreso al Congreso para su revisión correspondiente. Además que dicho proceso se llevo en la soledad del congreso, no se abrió a la participación ciudadana.

En ese sentido era exigible conocer el proceso deliberativo llevado a cabo por los asesores de los diputados. La respuesta otorgada, nos manda un mensaje, las deliberaciones que lleven a cabo nuestros legisladores es un asunto privado que no compete a los ciudadanos preguntones. Sin duda una mala señal, sobre la opacidad del quehacer legislativo al interior de las comisiones, no hay voluntad política para ser transparentes.

Lamentable también lo es, el comportamiento de los tres servidores públicos (supongo que cada uno proviene de las fracciones mayoritarias PAN, PRI, PRD) envestidos como unidad de enlace. Se atrevieron a convalidar la respuesta del diputado. Pasaron por alto su ética profesional, pudo más su lealtad a quienes les pagan. Aquí ser licenciado en derecho no sirve de nada, aquí se pasa por alto al prócer de Guelatao, aquí poco o nada se ayuda a mejorar la calidad de la respuesta. Su comportamiento se asimila a una oficialía de partes, donde turnan oficios y entregan respuestas. Solo eso, la fragilidad institucional de las unidades de enlace se ha señalado reiteradamente, no basta que la ley establezca obligaciones de transparencia, si los servidores públicos dejan de lado su ética.

No parece imposible que entre el selecto grupo de asesores de la comisión, no haya quién haga una observación a las respuestas textuales a los ciudadanos. No haya quién manifieste que la información establecida en los artículos 9 y 14 de la ley estatal de transparencia aún vigente, no necesita que medie una solicitud, se considera de oficio. No haya alguien que le diga que existe un derecho humano llamado acceso a la información pública. En ese sentido, nos queda la duda si el quehacer legislativo es privado o es público en Oaxaca.

El recurso de revisión por vulnerar este derecho de acceso a la información que permita conocer el quehacer de los y las legisladoras, ya está corriendo en el sistema de información para que el órgano garante de este derecho se pronuncie a favor de los y las ciudadanos y no de quienes los ungieron como comisionados.

Esta es una prueba de fuego para el nuevo Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estaremos atentos al revés que proporcionaran al Poder legislativo. Tiene que prevalecer el principio de máxima publicidad, tiene que sentarse el precedente, que el quehacer legislativo en la hechura de leyes sea público. Ya basta de iniciativas que no se discuten, de iniciativas que recaen en leyes con vacíos legales, de iniciativas que son puras ocurrencias, de leyes generales que no se armonizan. Hay que ventilar este desaseo de nuestro peor congreso.

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