eloriente.net
12 de octubre de 2017
“No se puede esperar más tiempo para atacar el calentamiento global, la única solución que veo es que la sociedad informada empiece a reaccionar rápidamente”, declaró hace unos días José Sarukhán y, en efecto, los fenómenos metereológicos extremos, los movimientos telúricos y la llamada “crisis de la basura”, entre otros eventos que hemos vivido en este año, nos dicen que ya no queda mucho tiempo para actuar.
Es momento de que tanto los gobiernos como la ciudadanía, tomemos consciencia y reconozcamos que en Oaxaca, estamos viviendo una profunda y severa crisis ambiental; que es resultado de, entre otros factores, la falta de planeación y cumplimiento de las normas y leyes del sector, la improvisación en la toma de decisiones, la falta de voluntad política y escaso interés en los temas ambientales, así como la falta de claridad en cuanto a la ejecución y objetivos de la política ambiental por parte de las autoridades municipales y estatales.
Ante tal situación, diversos integrantes de los sectores social, civil y académico de la sociedad oaxaqueña, nos hemos reunido para hacer una reflexión colectiva sobre las problemáticas ambientales y de cambio climático, en la que hemos concluido que, para formular, ejecutar y evaluar realmente la política ambiental, se requiere de una participación más activa de la sociedad civil organizada.
Los gobiernos del Estado y municipales están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar la participación ciudadana, porque esta es un derecho humano contenido en diferentes tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, entre los que resaltamos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Particular del Estado de Oaxaca. Además de que está vinculada a los derechos fundamentales a un ambiente sano, a la salud y al bienestar de todas y todos los habitantes del Estado.
Por las razones anteriores, hoy salimos al espacio público para hacer de su conocimiento, que hemos decidido constituir el OBSERVATORIO AMBIENTAL CIUDADANO (OAC), cuyo objetivo principal es
“Integrar un mecanismo formal de control social y corresponsabilidad, para la vigilancia y cumplimiento de los planes, proyectos, programas, estrategias, procesos, obras y servicios públicos relacionados con la política ambiental en el estado de Oaxaca, así como para hacer propuestas de solución”.
Para lograr lo anterior, el OAC tendrá los siguientes objetivos particulares:
- Emitir opiniones técnicas y propuestas con fundamento científico, que permitan hacer más eficiente la política relativa al medio ambiente, tanto en el orden municipal como en el estatal.
- Incidir en la formulación, fortalecimiento o reorientación de políticas nacionales y estatales, relativas al derecho a un ambiente sano.
- Contribuir a la difusión de las leyes y normativas ambientales para el público en general, con el fin de garantizar la justicia ambiental y, para que la población pueda hacer valer sus derechos y cumpla con sus obligaciones.
- Implementar mecanismos de comunicación que promuevan el establecimiento de redes ciudadanas para la participación, el diálogo y la construcción de propuestas, que aporten al cumplimiento de las políticas públicas.
El OAC será un espacio ciudadano, independiente, transparente, responsable y objetivo, que trabajará en pro de la generación de acuerdos con las autoridades municipales y estatales, para el establecimiento de políticas públicas ambientales que tengan como eje la sustentabilidad. Su funcionamiento será incluyente, participativo, democrático y con perspectiva de género, y la información que produzca será de carácter público y libre.
Invitamos a la sociedad civil interesada a formar parte de este nuevo espacio, y hacemos un llamado al Municipio de Oaxaca de Juárez y a los municipios del área conurbada, para que se articulen con este Observatorio Ciudadano para el análisis y la planeación de las políticas ambientales, tendientes a resolver los graves problemas como la calidad y el abastecimiento de agua, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y la movilidad urbana y vialidades, entre otros, considerando los mecanismos de transparencia, responsabilidad y corresponsabilidad, objetividad y oportunidad.
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