Transparencia: ¿Por qué no hubo elección?

Por: Adrián Ortiz Romero

– Escenario gris, por nula conducción política

Hasta las primeras horas de la noche del jueves, todo parecía indicar que la elección de integrantes del Consejo General de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, había sido pospuesta. Esta decisión fue tomada, al parecer, por la falta de acuerdos entre las fracciones que integran la LXI Legislatura del Congreso local, pero también por la falta de claridad y sustento de quienes pretendían ser propuestos como integrantes de ese órgano autónomo. Este, que parece ser el peor escenario, se materializó además por la falta de liderazgos y acciones concretas que determinaran el rumbo de esta decisión que era importante para las instituciones en Oaxaca.

En efecto, se tenía previsto que antier se llevaría a cabo, además de la sesión solemne en la que el Gobernador del Estado entregó su Segundo Informe de Gestión, otra en la que se habría de decidir cuál sería la integración del Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información. Todo parecía indicar que los acuerdos correspondientes ya estaban construidos. Y, sin embargo, finalmente se resolvió dar un nuevo plazo para que los diputados abundaran en el análisis y discusión de los perfiles que pretenden encabezar la institución mencionada. Este acuerdo, que parece de trámite, en realidad refleja los vacíos de sustento y liderazgo que existen en el Congreso del Estado, y abre la posibilidad de diversos escenarios, todos graves, que quizá podrían explicar tal decisión.

El primero posible de esos escenarios sobre el aplazamiento de la decisión, que es nada satisfactorio, podría apuntar a que las tres fracciones parlamentarias principales sí tomaron su respectiva decisión sobre quién sería su propio candidato, pero que no hallaron la forma de sustentar esa decisión debido a que ninguno de los candidatos acreditaba tener la experiencia y conocimientos necesarios para tal responsabilidad.

En ese sentido, el PRI habría resuelto impulsar a Gema Sheyla Ramírez Ricárdez, el PAN a Esteban López José y el PRD a María de Lourdes Eréndira Fuentes Robles. Cada uno de ellos representaba intereses específicos de cada una de las fuerzas políticas. Sin embargo, en escenario cabría la posibilidad de que aún estando firmes esas decisiones, y el acuerdo general entre todo el Congreso, la decisión final habría sido detenida por la debilidad que tendría el dictamen respectivo, habida cuenta de que los tres prospectos para encabezar la Comisión de Transparencia eran de los menos aventajados, de todos los que se habrían registrado para competir por esos cargos.

Un segundo escenario, tiene que ver con la posibilidad de que aun habiendo acuerdo entre todas las fracciones parlamentarias para la integración de la Comisión, ésta habría sido también consensada con el Jefe Político de los diputados (el Gobernador del Estado), y éste es quien habría vetado a más de uno de los aspirantes palomeados por los diputados. Esto, que es determinante, habría sido otra razón claramente posible para llegar a la determinación de aplazar el momento de la elección, y ocupar el compás de espera para revisar otros perfiles que, consensados, pudieran transitar técnica, legal y políticamente entre todos los que están involucrados en la toma de una decisión como ésa.

DECISIONES, EN SILENCIO

Un tercer escenario tendría que ver directamente con la falta de acuerdos firmes entre las fracciones parlamentarias. Esto, además de evidenciar la ausencia de control al interior de las fracciones parlamentarias, en el fondo también revelaría —y esto es mucho más grave— que los nuevos responsables de la Junta de Coordinación Política, que encabeza el perredista Alejandro López Jarquín, no tuvieron la capacidad de generar los acuerdos necesarios para que finalmente se tomara una decisión en los plazos establecidos por las reformas a la Ley de Transparencia y por la convocatoria respectiva.

Este habría sido, pues, un grave traspié generado por la inexperiencia del nuevo Presidente de la Junta, ahondado por pugnas al interior de las fracciones, como en la panista por los graves problemas que ya tenían para hacer transitar decorosamente a Esteban López José; o en el PRI, por el choque de diputados que provocó la decisión sobre la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio.

Un cuarto escenario, también posible, también podría apuntar con bastante sustento a que finalmente el hecho de que dejaran marginada a la Comisión Instructora —encargada de conducir este proceso—, habría roto el consenso para la elección. Si bien se recuerda, en los procesos de elección de los titulares de los otros órganos autónomos, la comisión encargada de conducir el proceso es la que tenía preferencia para impulsar a un candidato. Así ocurrió, por ejemplo, con la elección de Arturo Peimbert como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, que fue impulsado y respaldado incondicionalmente por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, a pesar de no ser un candidato idóneo para ese cargo.

En este caso, que sí es posible, los integrantes de la Comisión Instructora habrían reclamado el “derecho” a tener preferencia en el nombramiento de por lo menos uno de los consejeros, y como fueron rebasados por las fracciones parlamentarias, que habrían decidido a sus prospectos sin tomar en cuenta a la Comisión respectiva, en un arrebato habrían finalmente resuelto posponer la toma de la decisión para buscar la construcción de nuevos acuerdos que permitieran la inclusión de los intereses de la Comisión Instructora, que es encabezada por la diputada Ángela Hernández Solís —quien, de hecho, también intentó impulsar como posible Consejero a su propio secretario Técnico, encargado de esa Comisión, Oliverio Suárez Gómez.

PROCESO, DÉBIL

Al final, lo único cierto es que independientemente de cuál sea la razón, el Congreso está debilitando aceleradamente la posibilidad de culminar este proceso con la limpieza y legalidad que es debida. De hecho, la dilación excesiva que implica la toma de esta decisión de posponer la fecha de la elección, ya abre la posibilidad a impugnaciones que terminarían de enturbiar este proceso. Como lo hemos apuntado en entregas anteriores, los diputados deben no sólo exigir transparencia, sino también demostrarla. Y, en este caso, deben establecer, de cara a la sociedad, cuál es la razón y el fundamento de decisiones como ésta, que en los hechos sólo prolonga las disputas internas por los cargos, y las negociaciones discrecionales con las que pretenden resolver este asunto.