Vínculos S-22 y EPR: conocidos, pero desdeñados

eloriente.net

4 de octubre de 2013

Por: Adrián Ortiz Romero

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¿Qué debía ser lo relevante frente al indicio, y quizá hasta la certidumbre, de que existen ligas entre una organización político gremial como la Sección 22 y/o la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y un grupo guerrillero como el Ejército Popular Revolucionario? A todas luces, lo visible y lo preocupante tendría que radicar en el posible riesgo a la seguridad que eso implicaría. Pero para el gobierno federal todo eso no pasa de ser un arma de desprestigio

utilizada sólo para minar la imagen de los maestros que siguen protestando en la capital del país.

En efecto, desde inicios de esta semana, varios diarios editados en la capital de la República, como 24 Horas y El Universal, han informado que la banda de secuestradores a la que presuntamente pertenecen los maestros y adherentes de la Sección 22 de la CNTE de Oaxaca, detenidos por el secuestro de los dos hijos menores del empresario Juan José Álvarez Candiani, tiene vínculos con el EPR.

Para afirmar lo anterior, las fuentes periodísticas citan un informe de la Procuraduría General de la República, en el que señalan que a partir de la citada investigación ministerial se logró establecer que los integrantes de esta célula están relacionados con la guerrilla, por lo que “las pesquisas continúan para establecer su grado de implicación con el EPR y si el móvil del secuestro fue una instrucción de la dirigencia del grupo subversivo para obtener recursos para su causa”.

¿Por qué tiene tanta importancia este asunto en un momento como el que vivimos? Primero, porque los detenidos y consignados el 22 de mayo ante un juzgado federal por este caso, son Leonel Manzano Sosa (quien utilizaba otra identidad como Luis Gutiérrez Saldivar), así como Mario Olivera Osorio y Lauro Atilano Grijalva Villalobos, todos ellos de la Sección 22 del SNTE.

También fueron aprehendidas personas que han sido reconocidas como “adherentes” a esa organización. Éstas son la ex candidata perredista Sara Altamirano Ramos y el activista Damián Gallardo Martínez, personas por las cuales la Sección 22 del SNTE ha querido negociar su libertad en las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación, a pesar de que en su contra tienen diversas pruebas que incluyen el reconocimiento directo de las víctimas y los señalamientos que se han hecho entre los detenidos, en los cuales han indicado el grado de responsabilidad de cada uno de ellos en la comisión del secuestro.

De hecho –y atendiendo a lo que señalábamos ayer en este espacio, sobre los temas de su vida interna que la Sección 22 ha llevado a la agenda de negociación con el gobierno federal a cambio del regreso a clases-, en el documento emitido por la Asamblea Estatal de la Sección 22 el pasado 28 de septiembre, en el que establecen los Acuerdos, Tareas y Pronunciamientos que disponen para toda la base del magisterio democrático en la entidad, el tema de los profesores detenidos ocupa el sitio número 12 de 32 acuerdos existentes, incluso con mayor prioridad frente a todos los temas relacionados con la reforma educativa, las mesas de negociación y el establecimiento de las líneas de acción para continuar la lucha en la capital de la República.

Para ellos, pues, lograr la liberación de esas personas es un tema de primera prioridad por dos razones posibles: primera, para verdaderamente conseguir la liberación de esas personas a las que consideran presos por razones políticas y no por haber sido partícipes de la comisión de un delito; o segunda, que están dándole relevancia a temas como esos, con el objeto de alargar la lucha, pues de antemano saben que esos son varios de los puntos en los que concretamente el gobierno federal difícilmente cedería en una mesa de negociación.

En una situación como esta todo es posible. El problema es que si la 22 está justificando a delincuentes y está enmascarando la responsabilidad de un secuestro en un tema político, el gobierno federal también está fallando porque “reventó” e hizo pública la posible relación entre la 22, la CNTE y el EPR, únicamente con el objeto de hacerle ruido y desprestigiarlos ante la sociedad, pero no porque verdaderamente estén preocupados por esos vínculos, o porque tengan voluntad para desmantelar posibles redes de criminalidad o subversión. Siendo esto así, queda claro que es tan ominosa como conocida la relación magisterio-guerrilla, como lo es el hecho de que el gobierno federal saca el tema por otras razones pero no porque eso en concreto pueda llegar a preocuparle.

RELACIÓN CONOCIDA

Lejos de lo que pudiera pensarse, ni la Sección 22, ni la CNTE, ni el EPR, han ocultado nunca la relación que existe entre integrantes de una y otra organización. El magisterio se ha justificado históricamente en el hecho de que los profesores son de los pocos agentes sociales (junto con los curas) que tienen presencia en todas las regiones del Estado, y que tienen mayor contacto social y ascendencia con la población. Esa interacción es la que los ha llevado a generar lazos de solidaridad y es lo que ha motivado a los profesores a luchar por los derechos de esos núcleos sociales que han sido históricamente oprimidos, marginados y olvidados por todos.

Del lado del EPR las cosas son más o menos similares. Ellos, por ejemplo, ante la desaparición de dos de sus militantes ocurrida en mayo de 2007 en la capital oaxaqueña, aceptaron públicamente que integrantes de su partido (el Partido Democrático Popular Revolucionario es su órgano político, y el Ejército Popular Revolucionario es su brazo militar) estuvieron en participación activa en la entidad, durante el conflicto magisterial ocurrido un año antes. Ni ellos ocultaron su participación (y sí la dejaron ver en el despliegue de tácticas que hicieron durante el conflicto), ni el gobierno federal lo ignoró aunque siempre supo que eso que ocurría no era obra de la casualidad, sino que era resultado de una práctica bien entrelazada de sectores magisteriales que le abrieron la puerta a la guerrilla para operar en la crisis política de aquel año.

¿Y DESPUÉS?

¿Qué va a pasar cuando esta crisis por las protestas en la Ciudad de México terminen, y el magisterio democrático de Oaxaca regrese a las aulas? ¿El gobierno federal va a olvidar el tema y lo va a guardar como arma política para la siguiente vez que se les ocurra ir a protestar a la capital del país, y el gobierno necesite desacreditar al movimiento acusándolo de subversivo? Eso sería lo peor. Pero es lo que seguramente va a terminar ocurriendo.